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Economía

Empresas que incumplan perderán beneficio fiscal


Las compañías que no atiendan las sanciones pueden perder las preferencias tributarias, según las reformas al Código de Trabajo.

 

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Para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario o participar en licitaciones, cotizaciones o contrataciones con el Estado, las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección de incumplimientos laborales.

En las últimas reformas al Código de Trabajo, número Decreto 7-2017, se modificó el Artículo 272 en el que señala que una vez notificada una sanción, el infractor tiene cinco días para hacer el pago al Ministerio de Trabajo.

Si el infractor no paga y no demuestra haber corregido la conducta, o incumple la resolución y no interpone un recurso, la Inspección General de Trabajo obligaría al pago y cumplimiento de mejoras mínimas sobre empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacionales.

En los cambios a la normativa –que entraron en vigencia el 6 de junio pasado–, se advierte que desatender una sanción impuesta por un delegado departamental de la Inspectoría podría generar la pérdida de un beneficio fiscal o ser inhabilitado como un proveedor estatal en el portal Guatecompras.

Celso Coyoy, auditor y experto en temas laborales, señaló que la medida es una nueva forma de que las empresas cumplan con las normas laborales. “Es algo nuevo y es una de las sanciones más fuertes que hubo con las modificaciones”, consideró al explicar los cambios aprobados por el Congreso en marzo pasado.

Entre las faltas que podrían ameritar una sanción a una empresa están el no pago de salarios y prestaciones laborales, incluso no tener un espacio adecuado para que los trabajadores puedan comer o que no existan sanitario, según Coyoy.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que este tipo de sanciones ya se aplican en países como Costa Rica y se han hecho para proteger al trabajo de compañías o entes que gozan de beneficios, pero violan las leyes laborales.

Según el analista fiscal, la medida es “agresiva” y sería de aplicación amplia, por lo que no solo empresas estarían bajo su análisis. “Hay entes exentos de pago de impuestos, como universidades, oenegés o colegios, quienes podrían perder sus beneficios”, señaló.

Preparan registro

El viceministro de Trabajo, Guillermo Gándara, indicó que se preparan en un registro de faltas laborales y que será compartido con autoridades competentes para que lo incorporen a sus propios registros. Agregó que planifican en la coordinación para hacer efectivo el mandato establecido en el Decreto 7-2017.

“Es una forma indirecta de obligarlos a que cumplan con las normas laborales”.

Celso Coyoy,  auditor y experto en temas laborales.

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Empresas están inhabilitadas en Guatecompras por insolvencia en Seguridad Social.

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