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Economía

Finanzas analiza presentar reforma fiscal ambiental


Más que una apuesta por aumentar significativamente los ingresos se trata de lograr cambios de actitud que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

 

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Para el último trimestre se espera concretar una iniciativa de ley para impulsar una reforma fiscal ambiental en el país, por lo que el Ministerio de Finanzas prepara un análisis que discutirá con diferentes sectores.

Lionel López, viceministro de Finanzas, dijo ayer que se implementará una estrategia interinstitucional que involucre a otras dependencias de Gobierno, el sector académico, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresas recicladoras y productoras de envase PET (tereflatado de polietileno), entre otras.

La RFA o reforma fiscal verde, es un concepto que surgió a finales de la década de los ochenta y se consolidó en Europa, principalmente. En un inicio las RFA seguían el principio de que “el que contamina paga”, pero se han dado variaciones para que se vinculen con políticas económicas relacionadas con el cambio climático, recursos renovables y eficiencia energética.

En una primera fase, el Minfin discutiría los aspectos de una reforma fiscal verde con diferentes actores iniciando con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la SAT. Otra instancia abarcaría a recicladores y las empresas vinculadas a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

El análisis incluye sectores como los importadores de vehículos, empresas enfocadas en el manejo de desechos sólidos, baterías y otros desechos tóxicos; neumáticos y bebidas carbonatadas.

Según López, con el sector automotriz la posibilidad de discusión estaría en torno a los estándares internacionales de emisiones y el uso de nuevas tecnologías como los autos híbridos.

Impacto fiscal

La propuesta va encaminada a lograr cambios de hábitos y control ambiental más allá de un incremento en la carga tributaria del país, comentó el Ministro. “No es para aumentar la recaudación sino para incentivar prácticas como el reciclaje”, dijo.

Al respecto, Maynor Cabrera, consultor de la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes), comentó que es importante que Guatemala aplique estos instrumentos para proteger sus recursos naturales.

Las reformas de este tipo analizan otorgar subsidios o poner impuestos y en el caso de Guatemala no se tiene mucho espacio para los subsidios, indicó.

Política verde

Ayer el Minfin suscribió un convenio de cooperación técnica en temas de control ambiental con la Municipalidad de San Pedro la Laguna, Sololá, que impulsa un modelo de reciclaje que abarca desde la recolección hasta el tratamiento de los desechos.

Mauricio Méndez, alcalde de la localidad, indicó que se instaló una planta de tratamiento y se impulsan políticas educativas para lograr un cambio de hábitos entre los habitantes del lugar.

La meta es lograr que la planta sea sostenible y llegar a producir artículos como tableros o marcos para ventanas con los materiales recolectados y tratados.

La inversión inicial fue de Q2 millones para instalar la planta y el costo operativo mensual es cercano a los Q90 mil. Actualmente, el municipio cobra Q2 por la recolección de basura que realiza, con lo que se logra recaudar Q15 mil, lo que dificulta el equilibrio financiero del proyecto.

Se busca incentivar el uso de bolsas de papel y de servilletas de tela, entre otros, para reducir los desechos de plástico.

Este modelo se quiere replicar con otras comunas en el país, indicó López.Se podría iniciar con las comunidades vecinas a este municipio.

Doble dividendo

En México, por ejemplo, la aplicación de una reforma fiscal verde o ecológica podría aumentar cuatro puntos la recaudación con respecto al PIB. Un estudio de la CEPAL indica que el impacto es doble si se asume el retorno económico del gravamen y el impacto ambiental que se genera con las mejores prácticas ambientales.

Q90

Mil es el costo operativo mensual de la planta de tratamiento de San Pedro la Laguna.

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