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Economía

Surgen dudas legales por acceso a secreto bancario


Expertos ven riesgo de inconstitucionalidades y consideran innecesaria la nueva legislación.

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La próxima semana cobra vigencia el acceso a la información bancaria con fines tributarios incluido en el Decreto 37-2016 y también se abre la posibilidad de presentar los recursos de inconstitucionalidad que frenen la implementación de esta herramienta con la que se pretende fortalecer la fiscalización en el pago de impuestos.

De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se podrá requerir al juez competente la información bancaria y financiera con fines tributarios y aduaneros de personas individuales y jurídicas.

Entre los datos que la SAT podrá solicitar están los movimientos bancarios, inversiones y activos disponibles de un contribuyente, ya sea en el país o en el extranjero.

José Acevedo, exintendente de la SAT, dijo durante un foro de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) que existen dudas con respecto a los periodos que pueden ser fiscalizados con esta herramienta.

Además, criticó que la solicitud de acceso a la información bancaria del contribuyente es un proceso unilateral según el Artículo 52 del decreto que establece que para el trámite ante el juez competente se puede realizar “sin necesidad de citación o notificación al contribuyente”. La SAT puede apelar en caso la decisión del juez sea desfavorable.

Innecesario

Para Mario Archila, socio de Archila & Asociados, la norma viola el principio de confidencialidad y no se tenía la necesidad de hacer cambios jurídicos por que la SAT siempre ha tenido acceso a esa información como lo establece el Código Tributario.

La SAT puede aplicar el principio de renta presunta y lograr el pago de impuestos sin necesidad de conocer las cuentas bancarias, comentó Archila al ejemplificar que con la información del Registro Fiscal de Vehículos se pueden confirmar los indicios del estatus de un contribuyente cuando exista una “duda razonable”. Hasta hoy es un procedimiento que reconoce la ley.

El problema de la economía informal no se ataca con esta herramienta debido a que no bancarizan sus operaciones, que principalmente se realizan en efectivo, dijo Archila. Esto aplica incluso en la prestación de servicios odontológicos y médicos, entre otros, en los que se realizan cobros en efectivo sin facturación y con recargos para pagos con tarjetas de crédito y débito.

Procedimiento

> Para presentar la solicitud, el jefe de la SAT o mandatario judicial tendrá que incluir: el nombre de la persona individual o jurídica de quien requiere la información, justificar el propósito o fin que dará a la información y el periodo del que requiere los datos. En un plazo de tres días el juez deberá resolver y luego de las notificaciones las entidades que tengan la información deberán entregarla a la SAT en un plazo de ocho días.

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