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Economía

CACIF pide certeza jurídica para inversiones mineras y energéticas


Su pronunciamiento ocurre debido los últimos casos judiciales y de conflictividad alrededor de esos sectores.

 

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó que se procure la protección a las inversiones.

El problema ocurre específicamente en los proyectos de minería, generación y transmisión eléctrica y su confrontación con el derecho de consulta que recoge el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Rudolf Jacobs, de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), explicó que son alrededor de cuatro proyectos sobre los que las justicia ha ordenado una suspensión o una consulta retroactiva.

“Son proyectos autorizados que cumplieron los procesos, hicieron grandes inversiones y son una fuerte contribución a empleos. Al ser suspendidos atentan contra el derecho de los trabajadores y los inversores. Es responsabilidad del Estado reglamentar su aplicación para proteger a los pueblos indígenas, pero también las inversiones”, comentó Jacobs.

Ante los problemas, el presidente del CACIF José González Campo pidió al Estado que reglamente de forma “pronta, adecuada y positiva las consultas establecidas en el Convenio 169. Además, que se establezcan y respeten los mecanismos de homologación que se han utilizado hasta ahora por la falta de certeza, “reconociendo los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con la ley y la normativa vigente en su momento”.

¿Qué dice el Convenio 169?

El Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales fue aprobado por el Congreso en marzo de 1996 y entró en vigencia en junio de 1997. En sus 44 artículos hace referencia, entre otros temas, a la explotación de recursos naturales diciendo que “los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.

En opinión de Luis Linares, analista laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) es necesario emitir una ley o reglamento para especificar cómo se debe hacer el proceso, quiénes lo realizan y qué asuntos se incluyen y cuáles no para establecer normas claras.

Calculan pérdidas

> Según el CACIF, de cada cien megavatios de capacidad instalada de energía renovable que salen de operación, se pierden 65 mil empleos directos.

 

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