La Ley de Microfinanzas cobrará vigencia el 10 de noviembre por lo que las autoridades de Superintendencia de Bancos (SIB) preparan cerca de 30 reglamentos para implementarla.

José Alejandro Arévalo, jefe de la SIB, comentó ayer que esta ley favorecerá el establecimiento de entidades financieras de microcrédito y ahorro que contribuirán a acercar los productos y servicios a las personas en áreas rurales y a sectores que no han sido atendidos.

La Ley regula la constitución, funcionamiento, fusiones, servicios, suspensión y liquidación de microfinancieras de ahorro y crédito, así como de inversión y crédito.

Entre los reglamentos que prepara la SIB se normarán aspectos de liquidez, solvencia y gobierno corporativo. Los productos que están asociados al incremento de la inclusión financiera tienen condiciones mas favorables que las cuentas en general. Algunas tienen menos requisitos y las operaciones son sin necesidad de contar con establecimientos físicos, comentó Arévalo al señalar que la telefonía celular es una oportunidad de fortalecer los servicios financieros.

Los microseguros son otro producto que se puede desarrollar en el país, explicó el Superintendente. La SIB está trabajando un proyecto de seguros orientado a la prevención de siniestros en el área agrícola.

En la primera semana de noviembre se espera aprobar los reglamentos de la Ley de Microfinanzas, comentó Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria (JM).

La publicación The Economist colocó a Guatemala entre los países con avances en aspectos de inclusión financiera por mejoras en el número de corresponsalías, transparencia y acceso a financiamiento, destacó Recinos.

Los funcionarios de la SIB y de la JM inauguraron el XI Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera (Coremif 2016), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala.

Reportes suben 26 por ciento

> Arévalo informó que hasta el 2 de septiembre en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se han recibido 968 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) y se han presentado al Ministerio Público 431 denuncias por transacciones que alcanzan los Q3.06 millardos.