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Economía

La batalla por los pactos colectivos llega hoy a la reunión de la OIT


Sindicalistas denuncian campaña contra la negociación colectiva, un derecho establecido en la Constitución.

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La discusión sobre los pactos colectivos en el país llegó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la reunión de Consejo de Administración que inicia hoy en Ginebra, Suiza, en donde se discutirá si se abre una Comisión de Encuesta a Guatemala.

En un documento donde Gobierno, sector empleador y trabajador dan sus argumentos sobre los avances en la hoja de ruta marcada, las organizaciones sindicales denuncian una campaña contra los pactos colectivos impulsada por varios sectores como el Estado, los empresarios y los medios de comunicación, así como ONG proempresariales.

Según los argumentos, se presentan “los pactos colectivos firmados en el sector público como causantes del déficit estatal, la corrupción y la ineficiencia de los servicios públicos”.

Victoriano Zacarías, de la Central General de Trabajadores (CGTG), comentó que lo expresado fue una reacción a una campaña orquestada por los patronos que son los que rigen las políticas del Estado. Y esa criminalización es una manera de justificar el proyecto neoliberal, que busca recortar cada vez más los derechos de los trabajadores a costa de generar más ingresos.

Las declaraciones de los sindicatos las rechaza el sector empresarial. “No hay ninguna campaña contra algo que es de uso legítimo para los trabajadores, como la negociación colectiva”, afirma Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Ricci argumenta que se está utilizando en contra la denuncia que se hizo contra el pacto de salud y sus excesos para generalizar sobre el tema. Asegurar que están contra la negociación colectiva “es un derecho reconocido en la Constitución”, agrega.

Abusos que hay que corregir

El exministro de Trabajo Luis Linares reconoce que ha habido abusos y excesos en algunos pactos colectivos, pero no por eso se puede pedir que ese derecho reconocido por la propia Constitución desaparezca.

“El problema es que el Estado ha demostrado su debilidad y complicidad a través de abusos de los funcionarios que han dado privilegios más allá de lo que es razonable. La denuncia debe ir hacia la negociación de un nuevo pacto donde se supriman claúsulas abusivas o irracionales, pero no se debe criminalizar. Además de pedir responsabilidades a esos funcionarios que actuaron mal”.

En este sentido, Zacarías dijo que los pactos vigentes fueron negociados con representantes del Gobierno. Fueron revisados y dictaminados favorablemente por el Ministerio de Trabajo, por lo que no hay ninguna violación como quieren hacer ver ahora.

Nueva mancha laboral

Hasta el momento, la sombra de la comisión de encuesta era por cuestiones relacionadas con las prácticas antisindicales, la violencia hacia estos líderes y la dificultad de los trabajadores para sindicalizarse. Esto, en opinión de Luis Linares, puede ser una “mancha más” para que la OIT tome su decisión. Este proceso comenzó en 2012, cuando delegados sindicales presentaron una queja por el incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio 87, que hace referencia a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.

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