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Economía

Ley de Tarjeta de Crédito vigente en tres meses


La asociación de emisores de tarjetas no descarta presentar ante la Corte de Constitucionalidad una acción en contra del Decreto 7-2015.

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La solicitud del sector financiero de vetar la nueva Ley de Tarjeta de Crédito fue infructuoso. El presidente Alejandro Maldonado decidió aprobar en su totalidad la normativa que regula a emisor, operador, tarjetahabiente e instituciones relacionadas al uso del “dinero plástico”.

La Ley, publicada ayer en el diario oficial, entrará en vigencia en marzo de 2016. Contiene Disposiciones Generales, Aspectos contractuales y financiamiento; Intereses y otros cargos por servicios; Derechos y obligaciones del emisor y del tarjetahabiente; Derechos y obligaciones de los afiliados; Supervisión; Delitos y sanciones; y Disposiciones finales.

En el Artículo 11 de la normativa aprobada de urgencia nacional y que generó controversia entre los diputados durante su ratificación en noviembre, regula la tasa de interés anual y establece que  el interés cargado a los usuarios no podrá ser superior al doble de la tasa de interés activa establecida mensualmente por el Banco de Guatemala (Banguat).   

En ese sentido, Juan José Micheo Fuentes, consultor económico y financiero, señaló que la tasa de interés debería ser variable y no tener un “tope”. De lo contrario, los bancos no tendrán la rentabilidad necesaria para enfrentar costos operativos y pérdidas ocasionadas por las tarjetas de crédito.

Por aparte, el Artículo 40 constituye el “acoso u hostigamiento para la cobranza” y “prohíbe al acreedor o agente de cobranzas que oprima, moleste o abuse de una persona, de manera insistente y repetitiva, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda”.

Además, Micheo Fuentes consideró ante la incapacidad de contar con financiamiento por parte de los bancos, los usuarios buscarían préstamos en el mercado informal (usura). 

Retraso de 30 años

Edgar Bran, miembro de Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), mostró su rechazo a la aprobación del Ejecutivo y expresó que con la entrada en vigencia de la normativa el país tendría un atraso de 30 años, cuando solo se usaba dinero en efectivo para las transacciones comerciales.

Bran señaló que la Ley tiene “muchos” errores y vicios legales por ser “política” y no considerar las repercusiones que tendría en el país. En ese sentido, no descartó presentar ante la Corte de Constitucionalidad una acción en contra del Decreto 7-2015. 

El representante de la AEMPG indicó que un segmento, en el futuro, no podrá acceder a una tarjeta de crédito. Además, estimó que al ser agentes retenedores del Impuesto al Valor Agregado podría tener un impacto de Q1.5 millardos.

Análisis

De acuerdo con expertos financieros quedó pendiente un análisis más profundo de la Ley y que se tomará en cuenta el proyecto que la Superintendencia de Bancos había propuesto.

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