La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá ajustar sus proyecciones de ingresos para este año con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender el Impuesto a la Telefonía y los incrementos propuestos para dos tributos más que se incluyeron en el Decreto 22-2014, con el que se aprobó el Presupuesto del Estado para 2015.

La estimación de ingresos por un impuesto de Q5 por línea móvil o fija activa dejaría Q1.3 millardos al fisco; hasta agosto la SAT acumula una brecha de Q844 millones por la suspensión provisional ordenada por la CC.

En el caso de las regalías se proponía el diez por ciento en el pago por la explotación de minerales y materiales de construcción; cinco y seis por ciento para níquel y jade, respectivamente.

En tanto que el Impuesto a la Distribución de Cemento se incrementaba de Q1.5 a Q5 por saco; lo que ha dejado al fisco Q228.4 millones. De acuerdo con la SAT, en este tributo hasta agosto se tiene un resultado favorable de Q26.2 millones con respecto a la meta programada y de Q161 millones con la recaudación al mismo mes de 2014.

El incremento en regalías y cemento se elimina a partir de la fecha en que la CC publique el fallo.

Resolución

La CC emitió su fallo de forma unánime para los expedientes 1, 6, 7, 44, 68, 71, 101, 108 y 167 de 2015 de acciones presentadas por la Cámara del Agro, el Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Cámara de Comercio,  Cámara de Industria; la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Cementos Progreso; Cemex, Rosa María Montenegro de Garoz, Annie Dougherty y el alcalde de San Miguel Ixtahuacán.

El órgano constitucional reconoce que el Congreso tiene la facultad de emitir las leyes tributarias y aprobar el presupuesto del Estado. Sin embargo, a diferencia de la legislación tributaria, el presupuesto tiene un año de vigencia.

Impactos

Alejandro Balsells, abogado ponente de la acción ante la CC por el Impuesto a la Telefonía, señaló que se confirma que este era un impuesto con todos los requisitos para declararse inconstitucional, además de un ejercicio de pésima técnica legislativa. Para el jurista en este caso se deben dirimir  responsabilidades.

En tanto que para Ricardo Barrientos, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en la decisión de la CC hay argumentos de forma debido a que el Congreso incluyó estas reformas fiscales en el Decreto del presupuesto.

Desde ya, los dos partidos políticos que se encuentran en la segunda vuelta deben presentar sus planes de política tributaria, pues sin estos ingresos adicionales el próximo año enfrentarán una situación más complicada y con pocas posibilidades de cumplir sus promesas electorales, agregó Barrientos.

El Ministerio de Finanzas indicó que analizarán la resolución de la CC para emitir un pronunciamiento.

Artículos suspendidos

El máximo tribunal declaró inconstitucional de los artículos 59 al 80. Además el 56, que se refiere a los convenios entre los Consejos Departamentales de Desarrollo con las ONG; el 57 que deja la obligación de los Comprobantes de Disponibilidad Financiera y el 58 que se refiere a los candados en los presupuestos de Educación, Salud, Desarrollo Social, Maga y Comunicaciones. También un párrafo del inciso b) del Artículo 33, que se refiere a la emisión de bonos que se destinan a gastos de funcionamiento.

Q3.1

Millardos  es la brecha  fiscal hasta agosto. La SAT enfrentará un nuevo agujero fiscal.