El Grupo controla terminales de carga en países como Turquía, Colombia, Brasil o México. Y también tiene el usufructo por 25 años de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en Guatemala, que actualmente está en construcción y cuyo costo total de la inversión es de más de US$400 millones.

Tras las dudas  de ese acuerdo se encuentra pendiente de que se declare lesivo el contrato firmado entre el Estado y la empresa. Hace unos días, la Procuraduría General de la Nación, a través de su titular María Eugenia Villagrán, recomendó al Presidente plantear la demanda de nulidad y no descartó tomar acciones si el Ejecutivo no enviaba las instrucciones para el caso.