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Economía

Ven debilidad para combatir blanqueo


El país está bajo análisis del GAFI, que en noviembre realizará una visita en in situ para completar la evaluación que realizan desde mayo pasado.

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Dos aspectos sobresalen en las carencias del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y otros activos: la regulación para supervisar los juegos de azar y casinos, y eliminar el secreto bancario para efectos fiscales.

Esos aspectos destacó José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), son las debilidades que se advirtieron en la reunión que realizó la semana pasada la Comisión Presidencial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Coprelat).

En el Legislativo se encuentran engavetados dos proyectos de ley para regular los temas que el país tiene rezagados y que impiden la supervisión por parte de la SIB de casinos y otros juegos de azar y el acceso a la información de algunos contribuyentes a la solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

A criterio de Arévalo son temas que se incluyen en la evaluación que desde mayo realiza al país el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que concluirá en noviembre.

Para Erick Coyoy, exministro de Economía, la evaluación revelará el cumplimiento de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en investigar y presentar las denuncias de los casos de transacción sospechosa que le reportan las entidades bancarias.

Los casos que implican a funcionarios con sospechas de apropiación de recursos públicos, Coyoy indicó que pese a que las denuncias son un avance importante; el avance real será si se confirma la extinción de dominio de los recursos o bienes agenciados de forma ilícita.

Del resultado de la evaluación dependerá si el país entra a la lista gris o negra de GAFI por incumplir con la normativa internacional. En 2001 el país fue incluido en la lista negra y logró salir en 2004.

Cumplimiento

> Las entidades obligadas han trasladado 553 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) a la SIB, que luego de una investigación ha presentado 96 denuncias ante el Ministerio Público, que implican un monto de Q1,150 millones.

Además de bancos, las entidades obligadas incluyen inmobiliarias, contadores públicos y auditores, entre otros.

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