Publicidad
La estocada final a la democracia en Nicaragua consistió en impedir la participación de la oposición en las elecciones de 2021 para facilitar la perpetuación en el Poder del dictador Daniel Ortega. Distintas instituciones del Estado, ya controladas por el Poder Ejecutivo, fueron engranajes de la maquinaria que aniquiló la democracia y eliminó cualquier atisbo de oposición y competencia electoral. El Consejo Supremo Electoral promovió la cancelación de partidos políticos que lograron registrar binomios presidenciales para la contienda electoral, el Ministerio Público inició procesos penales arbitrarios con el objeto de lograr la detención de precandidatos presidenciales y la Corte Suprema de Justicia se aseguró de convalidar las violaciones a los derechos políticos de la oposición, al mismo tiempo que protegía los intereses de Daniel Ortega. Ya en el pasado dicho tribunal había reconocido un absurdo “derecho humano a la reelección indefinida”. En definitiva, en Nicaragua se consolidó un “derecho electoral
Publicidad
Publicidad