Consultas de mala fe

El MEM dio por finalizado el cuestionado proceso de consulta por el proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, Izabal. La consulta organizada por el Gobierno, que como resultado dio una serie de acuerdos para reactivar la explotación minera el año que viene, excluyó a los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’es y a la Gremial de Pescadores Artesanales del municipio izabalense, quienes habían logrado que la CC suspendiera la licencia minera en 2020. ¿Ha sido el proceso de consulta comunitaria en El Estor regido por estándares que dicta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales? ¿Se ha llevado a cabo un proceso “libre, previo e informado” y de buena fe? La respuesta corta, desde las comunidades q’eqchi’es, es no. Las razones giran en torno al proceso de ejecución de la preconsulta y la consulta. Para comenzar, libre implica que no hay coerción, intimidación o manipulación en el proceso. Con los críticos y opositores a la mina sometidos a vigilancia y persecución, es difícil considerar que la consulta fue libre, mucho menos en un contexto militarizado donde las libertades constitucionales estaban suspendidas. Previo implica que el consentimiento debe buscarse con suficiente anticipación a cualquier autorización o inicio de actividades y mostrando respeto a los requisitos de tiempo de los procesos de consulta para buscar el consentimiento de comunidades indígenas. La mina ya operaba antes de que el Estado de Guatemala ratificara el Convenio 169 con el nombre de EXMIBAL. Años después, EXMIBAL continuó operando bajo otro nombre. Bajo argucias legales formalistas, la mina continuó operando a pesar de una sentencia de máximo tribunal del país en sentido contrario. El anómalo proceso fue ilegítimo a ojos de las autoridades ancestrales q’eqchi’es. Lo sigue siendo para varios vecinos en la zona de influencia minera que no se sienten representados por las autoridades que el Gobierno invitó a participar en las mesas de diálogo y denuncian que el proceso fue manipulado para velar por los intereses extractivos, puesto que una consulta previa adherida al espíritu del Convenio 169 no puede ser un simple trámite administrativo realizado expeditamente. Por último, un proceso de consulta informado implica que se proporciona información que cubre: la naturaleza, tamaño, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesta; el propósito y duración del proyecto; la localidad y áreas que serán afectadas; la evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los riesgos potenciales; al personal que probablemente participe en la ejecución del proyecto; y los trámites que pueda conllevar el proyecto. Además, puede incluir la opción de negar el consentimiento. A pesar de que la participación es un componente crucial de un proceso de consentimiento, la única pregunta que el MEM realizó fue: “¿Cómo le afecta el trabajo minero y qué sugiere para revertirlo?” Con el pueblo Q’eqchi’ no se discutió la continuidad del proyecto minero, sino cómo iban a lidiar con los problemas que el extractivismo genera en los municipios de El Estor y Panzós. Es como una consulta cuyo resultado ya se conoce antes de ser realizada. Efectivamente, el Gobierno indicó que el procedimiento incluyó tres reuniones de preconsulta en hoteles a puerta cerrada y siete de consulta. La primera estas comenzó el 12 de noviembre, con el estado de sitio aún vigente. Entre los acuerdos logrados, la CGN se comprometió a mantener los programas de “desarrollo local incluyente”, priorizando la contratación de personal local y a proporcionar el equivalente de las regalías voluntarias a través de inversiones sociales por un monto de tres millones de quetzales anuales, administrados por la empresa y sujetos a la operación continua del proyecto minero Fénix. El proceso de consulta “libre, previo e informado” es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, uno de los muchos que aún siguen sin ser efectivamente respetados por el Estado de Guatemala desde los Acuerdos de Paz. Veinticinco años después, vemos un proceso que, a pesar de ser eminentemente democrático en teoría, en la práctica, los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas son violados en un escenario cargado de irrespeto a los derechos humanos. Estas consultas de mala fe evidencian cómo lo ocurrido en El Estor, bajo estado de sitio, puede ser convenientemente etiquetado como aliciente de la “conflictividad social” para justificar la militarización. Y encapsula cómo el imponer condiciones antidemocráticas para beneficiar intereses distintos a los de los locales sigue traicionando la promesa de los Acuerdos de Paz, todo en el afán de mantenerse fiel al modelo de desarrollo del siglo pasado. Estamos ante un caso que deberá litigarse en el sistema interamericano, ya que las vías domésticas se han agotado al tener un sistema de justicia que le desinteresa escuchar las preocupaciones indígenas.

Domingo

Consultas de mala fe

Cada suscripción es un grito en contra de la corrupción y la impunidad

Esto te puede interesar

Más en esta sección

Grammys 2023: listado completo de ganadores

El presunto globo espía chino aviva batalla política en EE.UU.

Constructora que pagó sobornos obtiene contrato de Q264 millones

Política

Sociedad

Cultura

Economía

Deportes

Gente & Vida

Opinión

Mundo

Investigación

Domingo

elPeladero

ePodcast

Especiales

Ventas Publicidad