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La persecución “legal” contra ciudadanos que protestan o se oponen al sistema de corrupción y explotación es una lamentable constancia en la historia del Estado guatemalteco. Se ha criminalizado la protesta social mientras la impunidad por corrupción y crímenes de guerra está cimentada en el Estado y sus fiscalías y cortes. El fascismo antidemocrático es estructural. Se ha utilizado un Ministerio Público comprado por el sistema de represión y corrupción. Y en periodos álgidos no se han limitado a la persecución “legal” y a la estigmatización de personas sino que elaboraron las llamadas “listas negras” que llevaron a la eliminación…
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