Entendiendo el derecho de sanciones y las listas

Cada vez es más frecuente conocer sobre la inclusión de países, políticos o ciudadanos en listas de designaciones especiales cuya consecuencia son las sanciones de diferente tipo. Para entender de qué se trata el tema, es preciso la aproximación por medio de una introducción básica al derecho de sanciones. Primero hay que contextualizar que el advenimiento de las sanciones obedece a la necesidad de los países u organismos internacionales de lograr objetivos de política nacional y exterior, disminuir el poder de los regímenes considerados una amenaza a la seguridad u opresivos para sus ciudadanos, aislar a los delincuentes internacionales del sistema financiero y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras. A raíz de los atentados terroristas a las Torres Gemelas, para Estados Unidos y otros países, perseguir el financiamiento al terrorismo se convirtió en uno de los principales objetivos, a los que también se adicionan combatir el tráfico de estupefacientes, perseguir a los violadores de derechos humanos, combatir la proliferación de armas y el lavado de dinero. En el caso de los países en vías de desarrollo, que a causa de la corrupción se convierten en amenaza de estados fallidos, que materializan la crisis humanitaria favorable al crimen de todo tipo y la migración ilegal, perseguir políticos corruptos o ciudadanos que favorezcan la corrupción o atenten contra las instituciones democráticas es la tendencia en crecimiento. Como las causas de las sanciones son tan variopintas, es necesario entender que existen varias categorías, diferentes tipos y múltiples consecuencias. A modo de ejemplo sobre las instituciones que aplican sanciones son por ejemplo, Globales: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –que aplica sanciones a estados miembros–. Continentales: el Consejo Europeo –que aplica sanciones a países de la UE–. De Bloque, como La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa –con 57 miembros entre los que se incluye Europa, Asia Central y América del Norte–; y Nacionales como el caso de Estados Unidos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) que sanciona dentro y fuera del país, no solo a individuos, sino instituciones de todo tipo y estados. Podría decirse que esta es el icono de la coerción financiera mundial y la que prácticamente genera una muerte civil para los designados. En esta categoría Nacional también se encuentran las que aplican a nivel administrativo las instancias Ejecutiva y Legislativa. En esta última en el caso de Estados Unidos están las que emanan una Orden Ejecutiva que da vigencia a una ley, como es el caso de la Ley Magnitsky, que persigue penar individuos que hayan cometido serios abusos a los derechos humanos y corruptos; o las derivadas de un interés directo del congresista que la lidera y que se convierten en leyes del Congreso, como es el caso de la Lista Engel que debe su nombre al excongresista Eliot Engel y que persigue personas que se relacionan con corrupción e intimidación de instituciones democráticas en Guatemala, El Salvador y Honduras. Dependiendo de los sujetos a los que aplican las sanciones pueden ser, junto con ejemplos que las ilustran: Individuales –el caso de Nicolás Maduro y más de una centena de miembros de su gobierno–, industriales –el caso de algunas instituciones bancarias rusas– y a países completos –el caso de Irán o Cuba en su momento–. Es menester precisar que la forma de materialización de las sanciones son las listas en donde, las instituciones que las emiten publican los nombres de los sancionados. Una vez publicada la lista se genera una cascada de consecuencias que dependerán del sujeto pasivo sancionado, es decir, si es un individuo, industria, empresa o país. Dependiendo del caso, las sanciones van desde revocar las visas estadounidenses a los individuos sancionados y algunas extendiendo el efecto a miembros de su familia e impedir que viajen a Estados Unidos, hasta la prohibición de realizar cualquier importación, exportación, financiación, comercialización de productos o servicios, en general, cualquier tipo de transacción entre el sancionado y cualquier ciudadano estadounidense, ya sea persona individual o jurídica, y la imposibilidad de utilizar el dólar estadounidense en cualquiera de sus formas físicas o financieras. Otra de las consecuencias más severas, es que las listas se monitorean por todos los mecanismos de cumplimiento mundial y el sistema bancario global tiene especial cuidado de no realizar ningún tipo de transacción con un designado, en especial de la lista de OFAC. Si un banco llegara a tener relación comercial o financiera con un cliente que es designado está obligado a no darle servicios bancarios y congelarle sus cuentas hasta que la misma OFAC por medio de licencia o deslistamiento permita el movimiento de capitales. Como uno de los significados de justicia es dar a cada quien lo suyo, y el principio de proporcionalidad es una constante en el derecho, también en el caso de las sanciones hay derecho de defensa, límites y proporcionalidad que aplica. En ese orden de ideas, las sanciones tienen sus límites en tiempo, por ejemplo, las sanciones derivadas de las designaciones de la Lista Engel tienen vigencia de tres años. No anulan derechos fundamentales como el de defensa o a la salud, por lo que posible, en el caso de la Lista OFAC, conseguir licencia para poder pagar abogados defensores o tratamientos médicos del sancionado o la familia. ¿Se puede salir de las listas? La respuesta es sí, los que hemos tenido experiencia en el manejo de estos casos, sabemos que sí, dependiendo de varios factores. En general toda situación jurídica es revertible y mucho va a depender de los cambios en circunstancias y situaciones del entorno, los argumentos de defensa de cada caso en particular, la enmienda –si es posible– y transformación de la conducta del individuo que es tan dinámica como la vida misma. También hay que mencionar que las listas pueden ser falibles, y en el pasado ha habido casos de personas que han salido de listas basados en evidencia nueva que corrige información precedente que los vinculó al listado. Para terminar, dos recomendaciones: la primera, es que es mejor prevenir que lamentar. De esa cuenta guiar el comportamiento de los individuos, empresas y países basados en valores éticos, la moral y el cumplimiento de la ley es la garantía de tranquilidad y por supuesto no dejar nada al azar: un sistema de cumplimiento y el análisis de riesgos 360, desde lo personal hasta lo corporativo o público es mandatorio. Segundo y súper importante es que para que el Derecho de sanciones cumpla el espíritu por el que fue creado debe quedarse en ser un tema eminentemente técnico no político, porque esa transición no solo es inmoral, sino que el desprestigio que pudiera ocasionar va en detrimento de todos y de lograr un mejor mundo para vivir.

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