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Domingo

Vivimos las consecuencias de los pactos incompletos


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En 1985 Guatemala se sumó al grupo de naciones latinoamericanas que emprendieron dos transiciones de manera simultánea: de autoritarismo a democracia, y del estatismo económico a la liberalización de mercados. Ambas transiciones fueron producto de un consenso de élites domésticas con el apoyo de actores internacionales. Un siguiente paso en la construcción de un gran consenso nacional fue la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el cual supuso el fin del conflicto armado interno y la inclusión de la izquierda en el ámbito electoral. Sin embargo, a lo largo de estas tres décadas, las élites han asumido estos pactos de manera incompleta. La derecha le ha apostado a proteger los avances en materia de liberalización económica, sacrificando la calidad del sistema político. Por su parte, la izquierda ha enfatizado la necesidad de mejorar el sistema político, pero sigue sin comprometerse con una economía libre. 

En las últimas décadas se ha logrado avanzar en el ámbito económico, promoviéndose acciones para mejorar la competitividad a través de privatizaciones, reformas para facilitar la creación de negocios, la flexibilización del mercado laboral, así como la firma de tratados de libre comercio. Asimismo, se ha promovido un comportamiento macroeconómico prudente, con bajos niveles de inflación y de endeudamiento público. Sin embargo, a diferencia de países como Chile (hasta el 2019), en Guatemala la ortodoxia económica no ha tenido el apoyo de todos los sectores, especialmente los partidos políticos de izquierda y la sociedad civil organizada.

Esto ha tenido efectos en el ámbito político. La derecha ha adoptado una posición reactiva, priorizando la defensa de los avances en lo económico. Se ha limitado a defender aspectos procedimentales de la democracia, sin apostarle a una verdadera consolidación. Asimismo, el temor al poder estatal no ha permitido que se invierta en el fortalecimiento de la capacidad del Estado para garantizar la propiedad, la seguridad, y ejercer su función de subsidiariedad en una economía de mercado moderna. Por su parte, la izquierda guatemalteca ha enfocado energías en la agenda de independencia judicial y más recientemente en la lucha contra la corrupción, pero su fin último pareciera ser socavar el modelo económico liberal. Esto se pudo observar durante la magistratura 2016-2021 de la Corte de Constitucionalidad, la cual utilizó su independencia para producir resoluciones contrarias a la libertad de empresa y a la flexibilización del mercado laboral. Asimismo, la izquierda ha seguido modelos de otros países con propuestas populistas como la nacionalización de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones, entre otros servicios. 

Como resultado, hoy vivimos las consecuencias de estos pactos incompletos. Treinta años después, Guatemala no cuenta con una economía de mercado próspera, ni tampoco con una democracia fortalecida. Por ejemplo, se ha mejorado en la posición en los rankings de competitividad, pero no de forma significativa. Según el Fraser Institute, la calificación de Guatemala pasó de 5.17 en 1985 a 7.70 en el 2018, y según la Heritage Foundation, Guatemala pasó de una calificación de 62.0 en 1995 a 64.0 en 2020. En el ámbito político, aunque Guatemala ha resuelto sus crisis institucionales de forma pacífica como en 1993 y 2015, no se ha logrado consolidar la democracia. Por ejemplo, según el Variaties of Democracy Project, aunque la independencia judicial en Guatemala mejoró entre el 2010 y 2017, esta ha disminuido en los últimos tres años. Asimismo, el sistema de partidos políticos tiene bajos niveles de institucionalización. Finalmente, tal y como evidenció la CICIG desde el 2015, Guatemala tiene un grave problema de corrupción. En efecto, el país ha descendido ocho posiciones en el ranking de Transparency International en los últimos 10 años y cada vez es más notoria la influencia del crimen organizado en la toma de decisiones políticas. 

Como consecuencia de los pactos incompletos, Guatemala está entre los países más pobres y desiguales de la región. Para detener este círculo vicioso de pobreza, crisis constante y polarización, la sociedad guatemalteca, en especial sus élites, necesitan retomar el compromiso con las dos transiciones que se iniciaron en el 85: hacia una democracia liberal y hacia una economía de mercado libre. Los países prósperos han demostrado que es posible conciliar ambas. 

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas
editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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