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Domingo

Porras evitó que la FECI investigara la falsificación de títulos de los magistrados del TSE


La fiscal general, Consuelo Porras, pidió un informe a la Fiscalía Metropolitana sobre la investigación que realizan por la falsificación de documentos de titulación que el actual presidente del TSE presentó a la Comisión Postuladora en 2020.

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Mientras se marchaba al exilio, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI),  habló y dio muchos datos. En estas revelaciones relató cómo, cada vez más, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reducía el número de casos de corrupción a cargo de la FECI. O, como él coloquialmente lo describe, “le quitaba agua al pez”. Los quería asfixiar. 

Uno de los últimos casos que Consuelo Porras evitó que llegaran a la FECI fue el relacionado con la falsificación del certificado de acta graduación de la Universidad Da Vinci (UDV) por parte de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral revelado por elPeriódico. Se trata de la investigación sobre los documentos de titulación del doctorado en Derecho Constitucional del presidente del TSE, Ranulfo Rojas, así como el de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal del magistrado suplente del TSE, Marco Antonio Cornejo. Ambos certificados fueron emitidos por Juan Carlos Rodil, exdecano de Derecho de la UDV,  quien además los calificó en la Comisión de Postulación a magistrados del TSE. 

Según Juan Francisco Sandoval hace un mes le solicitó a la Fiscal General, si la FECI podría investigar ese caso porque tenían más información. Además, porque era parte de la materia en que se han desempeñado, ya que la falsificación de certificados de acta de graduación se dio durante el proceso de postulación del TSE a inicios de 2020. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta al respecto, dijo el fiscal desde el exilio. 

Hace un mes, la UDV se constituyó como agraviada en este caso y le pidió a la Secretaría General del MP que la investigación fuera trasladada a la FECI por la “materia que se trata”. Las investigaciones actualmente están a cargo de la Fiscalía Metropolitana, quienes tomaron el caso “de oficio” cuando fue publicado por elPeriódico

Pero la solicitud de la UDV no llegó a la Secretaría General, se quedó en el despacho de la Fiscal General. El Departamento de Comunicación del MP explicó que la oficina de Consuelo Porras evalúa el traslado del caso y que evalúa el informe que la Fiscalía Metropolitana le envió. 


Durante su proceso de exilio, el exjefe de la FECI reveló que en el MP de Consuelo Porras existe un mecanismo de bloqueo a la justicia y protección a personas involucradas en actos de corrupción.

El filtro de Consuelo Porras 

En septiembre de 2019, Consuelo Porras aprobó el acuerdo que convirtió a la FECI como una fiscalía más de sección, después de que el gobierno de Jimmy Morales expulsara a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, Porras estableció un mecanismo de control para el traslado o autorización de investigaciones a cargo de la FECI. 

La explicación oficial del MP coinciden con el mecanismo denunciado por Sandoval en las declaraciones que emitió antes y durante el proceso de salida de Guatemala. El Departamento de Comunicación del Ministerio Público dijo que, respecto al traslado del caso de la falsificación de certificación de actas de graduación de los dos magistrados del TSE, la UDV entregó la solicitud a la Secretaría General y por no estar dentro de sus competencia, esa instancia lo pasó al despacho de Consuelo Porras. 

En un contexto en el cual el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, señala que su remoción como jefe de la FECI se aceleró cuando sus investigaciones se acercaban al círculo del presidente Alejandro Giammattei y que tenía que trabajar casos con mucha discreción, porque funcionarios del MP, cercanos a Consuelo Porras, filtraban información a implicados, el fiscal Osman Arenales dice estar confiado que trabajará con independencia y mucha libertad en este caso. Dice que no cree que haya ninguna complicación, si esa fuera la situación, a proceder que se pida el retiro del derecho de antejuicio del presidente del TSE y del magistrado suplente. 


Juan Francisco Sandoval salió del país hace una semana. Ahora se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos.

Osmán Arenales dice que sí se ha avanzado en la investigación, pero que dependiendo a donde oriente las averiguaciones, el caso sí tendría que cambiar a una fiscalía experta en esa materia. En esa “materia”, según la UDV, la FECI es la experta, porque la falsificación ocurrió dentro del marco de las Comisiones de Postulación. 

Mientras se define la legalidad de la remoción de Juan Francisco Sandoval, la FECI se encuentra a cargo de Carla Valenzuela, una fiscal con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público. Sin embargo, los señalados de filtrar información de investigaciones del MP a personas que influyeron en la elección de Ranulfo Rojas como magistrado del TSE, aún continúan en sus cargos y cercanos a la Fiscal General. 

Se trata de Ángel Pineda, secretario general del MP. Evelyn Vega es parte de los testigos en un caso de plazas fantasma en el Instituto de la Víctima en donde ejercía como asistente de la directora y exdiputada del Partido Patriota, Alejandra Carrillo. En su declaración indicó que Carrillo y Pineda son amigos y que el funcionario del MP filtraba información a la exdiputada del Partido Patriota. 

Según Vega, Carrillo fue la que operó en el Congreso a favor de Ranulfo Rojas. Ella fue la que negoció la elección del ahora presidente del TSE. 

A esta crisis de credibilidad que vive el MP, el Gobierno de Estados Unidos agrega un elemento más. Por medio del Departamento de Estado, el Gobierno norteamericano dijo que no confía más en la administración del MP a cargo de Consuelo Porras y decidió retirar la cooperación con esa institución. 

Un plagio 

Pero Consuelo Porras tampoco está inmune a irregularidades y anomalías en procesos académicos. Esta semana, por medio de su blog, #RefundaciónYa, el doctor en Filosofía y escritor Marco Fonseca develó que la Fiscal General había plagiado su tesis doctoral titulada Inadecuada Aplicación del Reenvío en el Proceso Penal Guatemalteco, la cual fue presentada en 2012 en la Universidad Mariano Gálvez. 

La jefa del MP plagió la tesis que Benigno Ramírez Choc escribió en 2005 y que tituló: El Reenvío en el Proceso Penal Guatemalteco, sus Efectos y Consecuencias

Según el análisis de Fonseca, el cual fue observado por elPeriódico, la Fiscal General copió literalmente varias páginas de la tesis de Ramírez Choc. Incluso, utilizó las mismas conclusiones sin realizar ninguna cita. 

Ambas tesis fueron evaluadas por Vladimir Osman Aguilar Guerra, exmagistrado del TSE y vinculado al caso de corrupción del contrato de TCQ en Puerto Quetzal. 

Por su parte, la Universidad Mariano Gálvez ha dicho que en este caso corresponde al agraviado, Benigno Ramírez Choc, presentar una denuncia. 

Alejandro Balsells, abogado Constitucionalista,  dijo que el caso de Porras, el plagio de tesis de Manuel Baldizón y la falsificación de títulos de los magistrados del TSE evidencia que existe una “mediocridad tolerada” a nivel académico, de la cual son cómplices las instancias que constitucionalmente tienen la responsabilidad de velar por la calidad académica a nivel superior. Se trata del Consejo de la Enseñanza Superior Privada y del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. 

Balsells señala que ante todos estos casos, esas instancias deberían tomar acciones, sin embargo, no han hecho nada. Cree que esto se debe a que este Consejo está conformado por los rectores de las mismas universidades. Entonces “se protegen”, agrega el abogado constitucionalista. 

El presidente del Consejo de la Enseñanza Superior Privada, Félix Serrano, quien también es el rector de la Universidad Mesoamericana, dijo que esa instancia no puede hacer nada si no existe una denuncia directa a ellos. En todo caso, sí podrían hacer algo, depende de las investigaciones del MP, esto principalmente en el caso de falsificación de documentos de titulación por parte de dos magistrados del TSE y de Juan Carlos Rodil, exdecano de Derecho. 

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