Nuestra preciada Justicia pasó de necesitar tratamiento ambulatorio a sala de intensivo. Sin duda, las repercusiones de la pandemia afectaron a todos los sectores jurídicos, políticos, económicos y sociales, con sus bemoles correspondientes. Empero, en el Sector Justicia el impacto es altamente perjudicial. Tal como lo muestra la reciente presentación del Flujograma de la Justicia Criminal, un esfuerzo meritorio de Fundesa y el CIEN, que devela una fotografía estadística de la situación actual de las instituciones relacionadas directamente en la Justicia Penal: Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Organismo Judicial (OJ) y Sistema Penitenciario (SP). Este ejercicio demuestra que la eficiencia global del Sector Justicia para el año 2020 se ubica en un 25 por ciento, un notorio retroceso en relación al año 2019 con una calificación global del 31.8 por ciento. Por supuesto hay que tomar en cuenta que el año 2020 fue un año atípico dada la situación de la pandemia, no obstante, hubo a la par de la crisis, ciertas oportunidades que el Organismo Judicial, por ejemplo, no logró concretizar, como la modernización y la facilitación de tecnología. La puesta en práctica de las audiencias virtuales y las notificaciones electrónicas enfrentaron grandes obstáculos sin tener establecido a la fecha el verdadero motivo. Los tribunales de Justicia en general optaron por cerrar sus puertas durante mucho tiempo, el trabajo a distancia no fue nada efectivo, se optó por aplazar las audiencias, lo que propició un elevado impacto en la mora judicial, aspecto que no se logra evaluar en el ejercicio citado, pero que constituye la fractura recurrente del sistema judicial. 

Poniendo en contexto los síntomas que aquejan a la Justicia, se observa que los derechos humanos y las garantías constitucionales fueron más que lacerados durante el año 2020, dado el aplazamiento de audiencias –algunas pospuestas hasta el año 2023– los privados de libertad que se encuentran en prisión preventiva cuyos casos no avanzan ni siquiera a la etapa intermedia, ven frustradas más que nunca las oportunidades de demostrar su inocencia en juicio, los condenados que apelan sentencia no tienen ni la mínima esperanza que se resuelva su situación. De tal cuenta que se vulnera el derecho de defensa, el principio de inocencia, el debido proceso y se alarga la prisión preventiva, que en casos extremos ha llegado a 12 años, sin que se realice el debate oral y público. En los otros ámbitos, el letargo judicial es no menos vergonzoso, divorcios que tardan de cuatro a 10 años, juicios civiles y mercantiles ordinarios que se quedaron absolutamente estancados y que consecuentemente tienen fuertes repercusiones económicas para las partes procesales. A propósito, según datos del Observatorio de la Propiedad Privada, el MP solo resuelve cuatro de cien denuncias relacionadas con el patrimonio, y eso que el MP fue la institución mejor calificada en la medición inicialmente citada, es decir que notablemente el derecho a la propiedad privada no está garantizado como lo establece nuestra Carta Magna. Un reciente diagnóstico realizado por la Asociación ABC da cuenta que la mora judicial tuvo un incremento sin precedentes durante el año 2020 y a la vez revela que en el 40.3 por ciento de los casos penales se puede aplicar alguna medida desjudicializadora, pero falta voluntad y una gerencia judicial atinada que permita salir de ese lastre histórico que día a día crece imparable y propicia la muerte súbita de la Justicia.

Urge un tratamiento intensivo de inmediato que permita revivir la Justicia, un antídoto gerencial para todos los operadores del Sector Justicia principalmente a los jueces que deben con honestidad ponerse a trabajar y no como algunos que pretendiendo ganar más notoriedad se quejan de acoso y persecución, cuando deben hacer su trabajo y punto, y si en el camino se encuentran pruebas sustantivas de prevaricato o faltas en su actuar, pues enfrentar la justicia y ya. Urge una vacuna de prevención basada en la modernidad y tecnología que permita afrontar una amenaza futura de caer en un coma judicial, una vacuna que permita la tan anhelada Justicia pronta y cumplida; que garantice la salud óptima del pleno Estado de derecho. 

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