Ahora que se lleva a cabo el juicio del llamado Diario Militar contra exmilitares implicados en desapariciones forzadas y asesinatos de guatemaltecos, conviene recordar a dos ciudadanos norteamericanos que contribuyeron a que la justicia se pueda realizar en el país. Se trata del antropólogo forense Clyde Snow y la archivista Kate Doyle. Por vías distintas, que se complementan, aportaron a la reconstrucción de la memoria histórica a través de la antropología forense y la recuperación, análisis y conservación de archivos que contienen valiosísima información sobre lo que pasó y cómo pasó. En otras palabras: consecución de material probatorio que demuestra lo que le hicieron a las víctimas, qué pasó con ellas y quiénes fueron los victimarios. 

Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, diputado Álvaro Arzú junior, no solo niega las evidencias del Diario Militar sino resalta a los exmilitares victimarios, llamándolos héroes “por haber salvado a Guatemala del comunismo”. Semanas antes un partido político que apoya al gobierno llevó de nuevo una iniciativa para revivir una ley de “reconciliación nacional” y liberar a los exmilitares de los procesos a que han sido sometidos y sacarlos de prisión. No importa que la anterior Corte de Constitucionalidad haya desechado por inconstitucional una iniciativa idéntica creando así jurisprudencia. Pero ahora la jurisprudencia no importa. La nueva Corte está formada por magistrados como Roberto Molina Barreto que fuera parte de la Corte de Constitucional que en 2013 anuló la sentencia por genocidio contra el general Ríos Montt. Molina Barreto fue precandidato a vicepresidente con un partido de extrema derecha que quiso lanzar la candidatura presidencial de la exdiputada Zury Ríos, hija del general Ríos Montt.

Durante el gobierno de Jimmy Morales y su nefasto Ministro de Gobernación se descabezó la Policía Nacional Civil y se apoderaron del Archivo Histórico de la Policía con fines de esconderlo de nuevo y si pueden destruirlo.

La relación de represión y corrupción, dos caras de la misma moneda, ha sido constante en la historia de
Guatemala. Los gobiernos militares fueron verdaderos proyectos de corrupción que encontraron en el combate a la subversión la excusa perfecta para hacerse de millones del erario público. Según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico formada por Naciones Unidas, el resultado del conflicto armado fue de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y cerca de cien mil desplazados, la inmensa mayoría población civil no combatiente.

El Diario Militar fue descubierto en 1999 por la archivista Kate Doyle y reseñado en la revista norteamericana Harpers Magazine. Doyle ha contribuido al estudio científico del Diario Militar constatando su autenticidad. Se llegó a la conclusión de que el documento fue elaborado por un cuerpo paralelo de inteligencia, adjunto al hoy desaparecido Estado Mayor Presidencial. Se trata de un archivo secreto del Ejército guatemalteco de 53 páginas que contiene un listado de 183 personas detenidas ilegalmente y que fueron casi todas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. Constituye una prueba de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas entre agosto de 1983 y marzo de 1985. 

Con el descubrimiento fortuito del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en el 2005, salieron a la luz millones de fichas y documentación que demuestran el control policiaco de los ciudadanos guatemaltecos desde el lejano año de 1872. Un aspecto notable es que la información que aparece en el Diario Militar se puede cotejar en algunos casos con los datos del Archivo Nacional de la Policía, lo que permite concluir que hubo detenidos entregados al Ejército, constituyendo esta circunstancia prueba irrefutable de la validez de la información del listado de la muerte en el Diario Militar, el cual ha sido admitido como prueba de desaparición forzada contra el Estado guatemalteco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– en 2012.  

En el Diario Militar, por ejemplo, aparecen los nombres de Amancio Samuel Villatoro y Sergio Linares Morales. Los huesos de ambos fueron encontrados en una tumba común ubicada en una base militar en el departamento de Chimaltenango e identificados por medio de pruebas de ADN. La identificación de estos dos ciudadanos y el reconocimiento del Estado, que pidió perdón a las familias, significó un avance parcial en la justicia transicional en el país más también otra muestra fehaciente de los crímenes de lesa humanidad cometidos por oficiales del Ejército.

Las pistas que han dejado las osamentas muestran las marcas de las barbaridades cometidas. Nunca esperaron los victimarios que esos miles de huesos algún día serían encontrados, examinados y sometidos a pruebas científicas. Respetando estrictamente la cadena de custodia y por medio de pruebas de ADN, han sido identificadas cientos de víctimas y entregadas a sus familiares para darles una sepultura digna. 

El famoso antropólogo forense Clyde Snow (1927-2014) contribuyó mayúsculamente a que miles de huesos fueran exhumados siguiendo criterios científicos. Este texano nacido en 1928 en el pequeño pueblo de Ralls llegó a ser una autoridad mundial en el campo de la antropología forense. Snow llegó a Guatemala en 1991 con méritos científicos como la identificación de los restos del criminal nazi de guerra Josef Mengele. Vino al país a dar talleres como lo había hecho antes en Argentina donde contribuyó a formar el hoy reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense que ha logrado la identificación de víctimas de la dictadura militar argentina y participado en juicios que se han realizado contra los culpables de tan horrendos crímenes. 

Clyde Snow ayudó a formar los primeros equipos de antropología forense en Guatemala, tal y como lo había hecho antes en Argentina. Surgió la Fundación de Antropología Forense y paralelamente el equipo de antropología forense de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado para obtener información científica en exhumaciones que permitieron  identificación y seguimiento judicial. Las exhumaciones demostraron que los desaparecidos estaban muertos, que no se habían ido al extranjero o que eran inventos.

Los huesos del caso llamado Segur Zarco pidieron a gritos justicia en 2016. El Ministerio Público llevó cinco decenas de cajas de cartón y las puso en el piso de la sala donde se llevaba a cabo el juicio. Contenían las osamentas de 50 campesinos indígenas asesinados después de haber sido torturados. Fueron amarrados y después del tiro de gracia en la nuca o en el cráneo, tirados a un pozo del destacamento militar Las Tinajas cerca de la aldea Segur Zarco. Eran los restos de los esposos, hermanos y padres de las mujeres que estaban sentadas en la sala, víctimas de violaciones y esclavismo.  

Más de 500 osamentas de hombres y mujeres encontradas en 2016 en la antigua base militar de Cobán constituyen un testimonio de salvajismo y crueldad. El caso de desaparición forzada masivo más grande en la historia de América Latina. ¿Cómo fue eso posible? Este hallazgo conocido como caso Creompaz implica a una docena de exjefes militares, incluyendo generales, acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad por haber desaparecido a  personas secuestradas en otros lugares, de las cuales han sido identificadas más de 90. Se contabilizan casi cien y algunos ancianos. Las víctimas son indígenas.

Lo descrito en estas líneas tiene un vínculo indudable al trabajo tesonero y pionero de dos norteamericanos, unidos profesionalmente a Guatemala. Tanto Clyde Snow como Kate Doyle son dignos de un reconocimiento ciudadano por sus aportes a la justicia y a la democracia. Honor a quien honor merece.