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Domingo

El derecho de ventanilla


Sociedad de pLumas

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La teoría de los orígenes legales nos permite comprender algunas características de nuestras culturas jurídicas. El texto The Economic Consequences of Legal Origins (Las consecuencias económicas de los orígenes legales) de los economistas: Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes y Andrei Shleifer sugieren que existe una íntima relación entre el origen histórico del derecho de un país con su legislación y desarrollo económico. Estos autores han trabajado de cerca en proyectos del Banco Mundial que lo que buscan es encontrar las recetas para el desarrollo, haciendo ejercicios que nos permiten entender por qué algunos países prosperan y otros no, levantado índices como el Doing Business y, eventualmente, promoviendo reformas o legislación que mejore las posibilidades de desarrollo en un país. 

Para comprender el origen de una cultura jurídica es importante entender sus orígenes históricos, los procesos de colonización nos permiten comprender algunos elementos de la cultura jurídica. La colonización como razón de ser del trasplante legal y cultural es muy interesante porque dependiendo del colonizador el estilo de trasplante. África y América son regiones en donde se hicieron evidentes estos estilos de colonización jurídica. Inglaterra utilizó un sistema conocido como “gobierno indirecto” en el que los jefes y las instituciones autóctonas conservaron la autoridad limitada sirviendo como intermediarios de la administración británica para implementar la política de la corona en los pueblos. De forma diferente, los franceses montaron un sistema de administración colonial fundado en una política de asimilación cuyo propósito era transformar a los colonizados en ciudadanos franceses de ultramar. Creían en su misión “civilizadora” y establecieron un gobierno directo. Ese mismo modelo utilizaron: Portugal, España e Italia. Contrario a los modelos anteriores, llama la atención Bélgica, que al colonizar el Congo Belga no impuso su propio derecho o cultura, sino elaboraron un código inspirado en las costumbres locales.

La teoría de La Porta sostiene que los países con cultura anglosajona, es decir quienes fueron colonizados por Inglaterra e Inglaterra misma, tienen una mejor protección al inversionista; más dispersión de la propiedad; menos regulación y burocracia lo que está relacionado a su vez con menos corrupción, menos informalidad y mejores mercados laborales y mejores sistemas judiciales que a su vez promueven el respeto a la propiedad privada y al cumplimiento de los contratos. Contrario a estas ventajas de los sistemas anglosajones, el sistema civilista francés es más formalista, burocrático, menos flexible porque todo tiende a estar en ley. En general, La Porta considera que los sistemas anglosajones son mejores en un contexto de libertad de comercio y paz y los sistemas de origen francés tienden a ser efectivos en momentos de guerra o depresión económica. 

En ese contexto, no nos debería de sorprender que la tramitología y el derecho de ventanilla sean característicos en nuestros países y cultura jurídica. En estos países las formalidades, los papeles, los sellos y la opinión personal del empleado o funcionario público del registro o dependencia sean un obstáculo costoso y tardío para el ciudadano. Estas características propias de nuestra cultura jurídica no aportan al desarrollo económico del país y deben de ir modificándose. Son malas costumbres que cuesta quitarse, pero que valen la pena el esfuerzo. Lo interesante del derecho y la cultura es que no son estáticos, eso en un contexto global nos permite incorporar mejores prácticas de uno u otro sistema jurídico que nos hagan mejores.

El recién aprobado Decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, es un gran reto para el Ejecutivo pues busca, primordialmente, cambiar la cultura burocrática propia de nuestra cultura y transicionar a una cultura más transparente y eficiente. Es una ley marco, con mejores prácticas, que deberían de adoptarse en un periodo relativamente corto (aproximadamente dos años) en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo. La ley tiene un alcance limitado pues no incluye municipalidades o entidades descentralizadas en donde también se generan estos cuellos de botella administrativos. La ley elimina requisitos, permite la presentación de documentos en formatos digitales e introduce el gobierno electrónico de forma obligatoria.

La aprobación de esta ley es un paso en torno a la mejora del ambiente de inversión del país pues disminuye el poder del derecho de ventanilla que es discrecional y por lo mismo abusivo. Pero es importante resaltar que estos avances deben de ir de la mano con el fortalecimiento institucional del poder Judicial, que es quien finalmente garantiza los derechos ciudadanos restringiendo el poder de los funcionarios públicos. 

 

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