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Domingo

Las constituciones de Guatemala (I)


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Irene Piedra Santa, fiel continuadora del linaje magisterial de Julio y Oralia, sus padres, me encargó elaborar un prontuario constitucional, a la vista de la convocatoria en 1984 a una Asamblea Constituyente. De ahí este resumen del largo y difícil camino constitucional.

Constitución de Bayona.- Promulgada por José Napoleón, “por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias”, el 6 de julio de 1808, incluía los territorios americanos de dominación española en su ámbito de aplicación. Las Cortes emitieron una Constitución que jamás sería aplicada, por no ser en realidad expresión de la soberanía española, menos de sus colonias. 

Constitución de Cádiz.- El Consejo Supremo de la Regencia Española, en nombre de Fernando VII, promulgó en Cádiz, único territorio libre de la invasión 

napoleónica, el 19 de marzo de 1812, la Constitución Política de la Monarquía, que el rey posteriormente no quiso jurar, anulando su eficacia. La Audiencia de Guatemala estuvo representada por Florencio Castillo (Costa Rica), José Antonio López de la Plata (Nicaragua), Antonio de Larrazábal (Guatemala), José Ignacio Ávila (San Salvador), José Francisco Morejón (Honduras) y Manuel de Llano (Chiapas). Las autoridades de Guatemala la juraron el 24 de septiembre de 1812.

Constitución de la República Federal de Centro América.- Acta de Independencia consigna convocatoria a reunión de un Congreso el 1 de marzo de 1822, que no pudo hacerlo por anexión al Imperio de Iturbide. Reunido el Congreso, el 1 de julio de 1823, decretó la Independencia absoluta. El día 2 se adoptó la denominación de Asamblea Constituyente, que promulgó, el 22 de noviembre de 1824, la Constitución de la República Federal.

 Separados del pacto federal los estados de Nicaragua, Honduras y Costa Rica, no fue viable la realización de los comicios que renovarían las autoridades de la República, cuyo periodo constitucional estaba para concluir, por lo que el 2 de febrero de 1839 no se habían electo a los diputados al Congreso, ni los magistrados a la Corte Suprema de Justicia ni presidente y vicepresidente de la República, resultando disuelto de hecho el pacto federal. 

Constitución Política del Estado de Guatemala.- Promulgada el 11 de octubre de 1825, declara que el Estado es soberano pero que limita sus derechos “el pacto de unión que celebraron los estados libres de Centroamérica en la constitución federativa”. Algunos artículos son expresiones de un espíritu previsor, altamente exigente frente a los excesos del poder o de la riqueza. Joyas como los artículos 10 (La fuerza pública es instituida para la seguridad común, y no para utilidad de los funcionarios a quienes se confía), 19 (No podrá impedirse ninguna reunión popular que tenga por objeto algún placer honesto o discutir sobre política, y examinar la conducta pública de los funcionarios), 44 (Ningún magistrado ni representante es perpetuo; la Constitución señala las épocas en que unos y otros deben renovarse), 32 (La casa de un ciudadano es un asilo sagrado que no puede ser violado sin crimen, fuera de los casos prevenidos en la Constitución, y con las formalidades ordenadas en ella), 21 (Todo hombre es libre en el Estado: nadie puede venderse ni ser vendido), 9 (Ningún oficio público es venal ni hereditario). Lo dijeron y estamparon hace casi dos siglos.

Declaración de Derechos del Estado y sus habitantes.-  Maltrecha la unión centroamericana, la Asamblea Constituyente de Guatemala emitió el Decreto 76 del 14/12/1839. Hermoso documento de redacción pulcra y bien lograda, sin la sequedad de otros textos posteriores, establece la normatividad de los ciudadanos. Vg. Sección 1a. Art. 4o. El Gobierno del Estado, es instituido para asegurar a todos sus habitantes el goce de sus derechos, entre los cuales se enumeran la vida, el honor, la propiedad y la facultad de procurarse por medios honestos su bienestar (…) / Art. 6o. El poder del pueblo tiene por límites naturales los principios derivados de la recta razón; y por objeto la conservación de la vida, honor, libertad, propiedades y derechos legítimamente adquiridos, o que en adelante puedan adquirir los individuos de la sociedad; así también, el bienestar común, la conservación de las buenas costumbres, la represión de los vicios, el castigo de los crímenes, el mantenimiento y decoro del culto heredado de nuestros padres, la educación de la juventud, el premio del mérito y el fomento de las ciencias, artes, agricultura, industria, comercio y navegación.  Art. 7o. El pueblo del Estado, en toda la plenitud de su soberanía, solo tiene poder para hacer lo que es justo y conveniente para el bien de todos, y de ningún modo para obrar contra los fines sociales; menos pueden hacerlo los Representantes que autoriza para establecer las leyes, ni los funcionarios o magistrados creados para ejecutarlas. / Sección 2a. (…) Art. 3 … Para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte, y por esta necesidad en todas las naciones, aun las menos cultas, son protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo, edad o falta de capacidad actual, carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos. Por tanto, hallándose las generalidad de los indígenas en este último caso, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su educación; y de evitar que sean defraudados de lo mejor que les pertenece en común o en particular; y que no sean molestados en aquellos usos y habitudes aprendidos de sus mayores, y que no sean contrarios a las buenas costumbres.  

Acta Constitutiva de la República de Guatemala.- Desintegrada la federación, en forma que parecía ya irreversible, Rafael Carrera emitió el 21 de marzo de 1847 el decreto erigiendo en República el Estado de Guatemala. Esta situación obligaba a una nueva regulación. El Acta Constitutiva de 1851 tuvo vigencia durante 20 años, fortaleciendo el régimen vitalicio de Rafael Carrera. El Consejo de Estado tuvo importantes atribuciones. Ese régimen mantuvo en vigor la “Ley de Garantías”, un elegante y sensible texto relativo a los derechos del Estado y sus habitantes en materia de derechos humanos fundamentales. 

Ley Constitutiva de la República de Guatemala.- La revolución liberal derogó el orden constitucional establecido por el régimen de los 30 años, que había principiado desde el 11 de diciembre de 1844, fecha en que el Consejo Constituyente nombró al general Rafael Carrera como presidente de la República. La derogatoria estaba contenida prácticamente en el artículo III del Acta de Patzicía del 3 de junio de 1871, por el cual se facultaba al general Miguel García Granados para reunir una Asamblea Constituyente que “dicte la Carta Fundamental que debe regir definitivamente la Nación”,   la que se reunió hasta el 11 de septiembre. Los diputados se encontraron con una contradicción política coexistiendo con un poder caudillista, inadecuado por naturaleza para absorber las limitaciones que habría de imponer un sistema constitucional. La situación se resolvió cuando Lorenzo Montúfar, con sentido de realismo, pidió que se le diera un voto de confianza por cuatro años al general Justo Rufino Barrios, presidente de la República, para que gobernara sin el contratiempo constitucional que, por esencia, tendría que limitar los excesivos poderes que detentaba. Fue así como la Asamblea Constituyente se autodisolvió. Barrios convocó a la segunda Asamblea que debería instalarse el 15 de marzo de 1879. El hombre clave de la redacción fue Lorenzo Montúfar.

Ley Constitutiva de la República de Guatemala.- Esta Constitución responde a un modelo presidencialista, que reconoce la independencia de los poderes. Estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la gratuidad y carácter laico de la impartida por el Estado. Reconoce la libertad religiosa, prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y toda especie de asociaciones monásticas. Para juzgar los delitos o faltas de imprenta ordena la formación de jurados, lo que puede interpretarse como un fuero privativo. Constitucionaliza el habeas corpus y reafirma el régimen de excepción en lo que se refiere a la suspensión de garantías. 

Reforma de 1885.- Reduce el periodo presidencial a cuatro años. * En un artículo transitorio aclara que no afectaría el periodo del general Manuel Lisandro Barillas. 

Reforma de 1887.- Igual que la Asamblea Constituyente anterior, que legisló para servir los intereses de Barillas, en esta reforma prolonga el periodo presidencial a seis años.

Reforma de 1897.- El artículo 6o. Transitorio prorroga el término para el que había sido elegido José María Reyna Barrios.

Reforma de 1903.- Todo un cuerpo constituyente decreta una reforma que en el fondo suprime la prohibición para que el presidente se reelija, facilitando las frecuentes reelecciones del presidente Manuel Estrada Cabrera.

Reforma de 1921.- Caído Estrada Cabrera, se reduce el periodo presidencial a cuatro años y se prohíbe la reelección sin el intervalo de dos periodos constitucionales.

Reforma de 1935.- Deja en suspenso el Art. 66 (que prohibía la reelección inmediata) y declara que el periodo presidencial del general Jorge Ubico concluiría el 15 de marzo de 1943.

Reforma de 1941.- Una asamblea constituyente solo para dejar en suspenso el famoso Artículo 66 y declara que el periodo del presidente Ubico concluiría el 15 de marzo 1949. (Valdría la pena leer la lista de estos constituyentes, para llevarse algunas sorpresas).

 

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