Tengo mucho honor y orgullo por mi profesión. Soy abogada y notaria; aunque no ejerzo lo segundo por varias razones, una de las más poderosas el miedo que me transmitieron mis maestros con eso de que los notarios tienen siempre “un pie en la cárcel” por no hacer bien su trabajo. He apoyado el trabajo notarial de colegas desde mi práctica y siempre les reconozco la trascendencia de su labor para la realización del ser humano y el desarrollo de la economía entre muchas otras cosas.

Los abogados ya nos hemos acostumbrado a reírnos de nosotros mismos, y es que el bullying por medio de chistes, y comentarios sarcásticos que han sido adjudicados a una de las profesiones más antiguas, han sido ganados a pulso gracias al trabajo de profesionales de baja estamina que lo han ha facilitado, yo misma he sido víctima en un par de ocasiones de esos impresentables.

Sin embargo, en la última década la profesión de abogado y notario ha sufrido una serie de ataques serios desde la institucionalidad, que tratan de homogenizar la corrupción a todo el gremio; una generalización que como todas es falaz. Merece reflexionar sobre esto para poner el problema en su justa dimensión y motivarnos a continuar la lucha por la dignificación de la carrera.

Vale la pena mencionar que excepciones hay en todas las profesiones y esta reflexión se encamina a reconocer las injusticias a hombres y mujeres buenos, profesionales probos que han sido víctimas de ataques injustos, no a los corruptos, esos no entran en esta discusión.

Comencemos por el trabajo notarial. Los notarios en un sistema de notariado libre como el nuestro, tienen un gran poder: la fe pública. Todos hemos tenido que ver con esta profesión para poder actuar en nombre propio en un sinnúmero de ocasiones de la vida, y para que el producto de nuestro trabajo tenga la titularidad que se requiere para crear patrimonio. De hecho, no olvido la analogía en desuso de que “matrimonio” viene de madre y “patrimonio” viene de padre, en referencia al trabajo notarial relacionado con los roles de los padres dentro de la familia.

De esa cuenta, los protocolos de los notarios son eternos -tomando como referencia el periodo de tiempo desde que se reconoce la cartulación como función pública-. Así las cosas, nos encontramos con la complejidad que un ataque “cliché” para los notarios que es crear un problema presente basado el ejercicio notarial del pasado.  ¿Qué probabilidad hay de que un notario sepa que sus clientes de hoy serán delincuentes mañana? Obvio que ninguna porque no son adivinos. Más aún, si la debida diligencia del presente es positiva, la relación profesional es sana y los negocios jurídicos en los que se basó el servicio son probos, transparentes y legales no hay por qué no facilitar la función pública. Otra cosa son los negocios sucios de profesionales que a sabiendas los hacen. Pero en el caso que nos ocupa, es una soberana injusticia de proporciones incalculables afectar la reputación de un notario en el presente basado en su práctica del pasado.

La segunda injusticia la sufren los abogados litigantes. Toda persona merece una defensa y en caso de ser culpable merece una condena proporcional. El derecho a un juicio justo pasa por la posibilidad de tener una defensa acorde al caso. Por lo que, en ese orden de ideas, no se puede atacar la reputación de un abogado basado en el comportamiento punible o corrupto de sus clientes. Más aún, perseguir a los litigantes por haber prestado servicios profesionales es una injusticia del sistema que puede desestabilizar la dinámica de la defensa procesal de modo que los abogados, por miedo a consecuencias personales de su ejercicio profesional, decidan no prestar ayuda procesal quedando el ciudadano a merced del sistema judicial.

Por último, el caso de los jueces. Los ataques más comunes a los jueces se dan porque no resuelven como una de las partes quiere. Es cierto que en los últimos tiempos hemos visto la polarización del sector justicia basado en el ingrediente subjetivo de las preferencias de algunos jueces que al juzgar tuercen la Ley y toman partido descaradamente de una u otra posición, haciéndole un daño sin precedentes a las personas y al sistema, sacrificando uno de los atributos más importantes de la judicatura que es el balance. Necesitamos entender que cuando un juez resuelve a tenor de la Ley siempre va a haber una parte perdedora, pero si la resolución es justa, el perder significa la garantía para la sociedad de que, al hacer justicia, se busca corregir con el “coertio” o la coerción del juez una conducta o hecho que afecta en lo individual y a la colectividad.

La reflexión de cierre es que no podemos seguir permitiendo que los profesionales del derecho sigan siendo vilipendiados por un sistema que descalifica el oficio y a sus representantes, haciendo uso de silogismos falaces. Hay que poner especial atención a los concursos de oposición para optar a cargos públicos. Los ataques basados en el activismo contribuyen a la descomposición del sistema de pesos y contrapesos haciendo más decadente y débil la institucionalidad; porque más allá de la tragedia humana de la descalificación que le impide a un abogado ganarse la vida con lo único que sabe, está el sometimiento del sistema a base de mentiras que también son corrupción por quienes, irónicamente, se han ganado los espacios enarbolando las banderas anticorrupción.