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Domingo

La subjetividad en la constitución


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“Para juzgar con imparcialidad y con el máximo de certeza, los jueces observarán siempre el principio de la ingratitud. Esto es, el cargo se lo deben a sus propios méritos y no a sus electores” A.M.A.

El orden constitucional está encomendado a conciencias, no a máquinas, armas ni monedas. El Estado constitucional de derecho está organizado política y jurídicamente para el cumplimiento pacífico de sus fines. Por ello, su Constitución –norma jurídica fundamental– le atribuye deberes y obligaciones que, de no ser cumplidos, lo desvían a su fracaso (Estados débiles, inseguros o caóticos). El orden constitucional, es aquel que reconoce y garantiza la efectividad de los derechos humanos individuales y sociales por la mediación de los órganos del poder público instituidos y controlados soberanamente.

De ahí el deber y obligación primaria de la defensa de la Constitución. Así en el Estado de derecho existe un sistema jerárquico de competencias para materializar ese orden, culminando internamente, como lo dispone el Artículo 268, en la Corte de Constitucionalidad. En su función esencial, recoge la acertada observación de Francesco Carnelutti: “¿Para qué sirve el derecho sino para poner orden en el desorden de la historia”? 

La jurisdicción de la constitucionalidad  surgió en Europa con gran pujanza como resultado del fracaso de la justicia ordinaria, que no pudo contener el aluvión totalitario causante de la Segunda Guerra Mundial. Así fueron creando tribunales específicos, como la generalidad del sistema europeo (Alemania, Italia, España, etc.) y algunos latinoamericanos (Colombia, Perú, Chile, etc.), de los que fue precursor el guatemalteco, o  dotándose de esa competencia a Salas de tribunales judiciales supremos (Costa Rica, Argentina, México, etc.). 

Los jueces (magistrados) de lo constitucional asumen un perfil distinto al tradicional. Tanto por su formación, que debe estar impregnada de la nueva cultura del constitucionalismo normativo, cuanto por los métodos interpretativos que les facultan, con sustento en la base de valores, principios y derechos del bloque de constitucionalidad,  resolver con suficiente visión y carácter para preservar el sentido social y democrático que lo inspira. 

Las cuestiones acerca de la jurisdicción constitucional, inician por la temática del nombramiento de los magistrados y las dudas que suscita el sistema para elegirlos o designarlos. Como es sabido, el Estado posee todos los mecanismos reparadores, preventivos y restrictivos para que la conducta de los habitantes se acomode a los preceptos. Sin embargo, también sucede que los excesos o las omisiones puedan ser imputables a los funcionarios que rebasen el contralor normal (administrativo o judicial) establecido para moderarlos. Suele ocurrir, entonces, que cuando se han agotado todas las posibilidades ordinarias, deba surgir el ejercicio de una tutela específica que controle el uso (o mal uso) político del poder. Este proceso dialéctico ha producido, algunas veces, cierto enredo conceptual que afecta a la Corte Constitucional, en cuanto, no se le pretende achicar en sus funciones o se le exige que expanda sus naturales competencias. 

Otro motivo de reflexión del magistrado se ubica en el ejercicio de su propio poder. En particular, cuando integra un órgano que ya no tiene instancia que lo modere o revise, salvo las internacionales competentes, pero que no pueden operar frente a lo inmediato, por veces irreversible. Al tribunal que tiene la última palabra y que ha superado en lo material el enigma de quién custodia al custodio, quizá le valga tener presente a San Agustín que, cuando advertía sobre la “dimensión demoníaca del poder”, no se refería solo al gobierno sino a todo tipo de potestad sobre los demás, fuera física o moral.

Preocuparía también la posibilidad de que los casos de impacto político despierten en el juzgador la oportunidad del exhibicionismo. En algunas personalidades la fama más que el criterio podría suscitar sus decisiones. Serán pocos, pero vale cuidarse del espejo engañoso de la publicidad relumbrante que, si se acomoda bien con artistas y atletas, es dudoso que se pretenda obtener a base de impartir la justicia que, para estos casos, debe ser ciega y sorda al aplauso. 

Epigramáticamente lo reprueba Fernando Hinestrosa: “Me preocupa, les digo, el protagonismo judicial, me crié dentro de un respeto a la sobriedad, a la austeridad, a la severidad, si se quiere a la sequedad de la actividad judicial; por eso no puedo ver al juez buscando micrófono o pantalla, por eso no puedo ver al juez discutiendo sus providencias en televisión o por la radio, haciendo rectificaciones, compitiendo con el político, compitiendo con el presentador o el animador o con el intelectual.” Debería entenderse que esas actitudes definen la índole de un juzgador, bien que opte por la tesitura sobria del jurista o por la de figuración mediática: el primero pensará en la normatividad; el segundo, en la publicidad. 

La circunspección hacia lo mediático tiene su adecuado margen explicativo y razonado en la parte considerativa (motivación) y la decisoria (fallo) de las sentencias. Quien quiera puede acceder al expediente e informarse de su contenido, hoja por hoja. En lo práctico, se hace efectivo el principio de inmediación, dado que revela que el juzgador se ha impuesto conscientemente de los autos; a la vez, permite al inconforme cuestionar con argumentos la exactitud de los hechos y la juridicidad del  veredicto. 

Sería ingenuo mitificar la potencialidad de los tribunales y, aún peor, que sus integrantes olvidaran que el orden que cuidan los obliga a sí mismos para mantenerse dentro del margen que la ley les ha marcado. Su función es de juristas no de santos, profetas o iluminados. De tal manera que no debería ser difícil para criterios bien formados, el saber conocerse en sus humanas dimensiones, pues no deja de ser peligroso cuando fuerzas externas aplican la presión de sus intereses para solicitar en vez de juicios, visiones; y en lugar de sentencias, milagros. 

Así como no hay manera más segura para deformar las instituciones que la de forzarlas a extralimitar sus competencias, también resultaría gravoso enrolarse injustificadamente en su descalificación oficiosa y descomedida. Los fallos del tribunal son públicos y el procedimiento también. No son ni deben ser inmunes a la crítica, en particular cuando trascienden intereses parciales y se transforman en paradigmas de la sociedad. La magistratura debe emitir resoluciones con la tranquilidad de someterlas ante cualquier foro con la conciencia de que en su motivación o fundamentos jurídicos solo hubo en mira la adjudicación del derecho basada en los valores, los principios y los preceptos supremos, aunque sin la pretenciosa esperanza –no alcanzada por tribunal alguno en el mundo– de lograr aprobación unánime de los múltiples “intérpretes de la interpretación.”

El silencio del juez tendrá que ser otra de las causas inquietantes para quienes han quedado sometidos a la discusión pública por sus decisiones. Esa fiscalización social es correcta y la expresión de opiniones constituye un derecho fundamental, que debe ser respetado. Franciscana y muda tolerancia: “… a pesar que en algunas ocasiones se ha pretendido desacreditar los fallos cuando no responden a las cargas emocionales o a las convicciones o a los intereses de los litigantes, la Corte debe sostener su ecuanimidad, aceptando una regla no escrita, y probablemente desventajosa, de que los jueces no polemizan respecto de sus decisiones.”

Debería entenderse que estos riesgos de la neutralidad definen la índole de un juzgador, bien que opte por la tesitura sobria del jurista o por la de figuración mediática. El primero pensará en la normatividad; el segundo, en la publicidad. 

Finalmente un consejo no pedido, de una frase improvisada: “La peor presión que un juez puede tener es el elogio. Uno, como juez, no debe estar buscando aplausos.” (Revista Avant, Guatemala, 03/2012)

 

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