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Domingo

Nuevos magistrados, mismas tendencias


Sociedad de plumas

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La elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad ha sido el tema principal del primer trimestre de 2021. Como en cualquier coyuntura política, el enfoque en las últimas semanas ha sido las cualidades de los candidatos, sus asociaciones con otros actores políticos, y las dudas sobre su independencia. Dependiendo de quien efectúe el análisis, la elección de ciertos individuos se ha interpretado como la continuación de la intervención de la CC en temas políticos o como un cambio hacia una Corte más restringida en su relación con los otros poderes del Estado. Sin embargo, la judicialización de la política en Guatemala es una tendencia que se mantendrá en los próximos años, independientemente de quiénes sean elegidos magistrados.

Desde el 2016 se ha sostenido la idea que la judicialización de la política es producto de la voluntad de los jueces. Por ejemplo, se ha señalado que magistrados como Gloria Porras persiguen un modelo más activista, alejándose de una interpretación textual de la Constitución. Desde esta visión, es la iniciativa de Porras la que ha incrementado la intervención de la CC en asuntos políticos. Sin embargo, al hacer un análisis cuantitativo de los votos de dicha magistrada, se puede observar que en su primer periodo (2011-2016), tendía a votar de forma similar a otros magistrados considerados como más conservadores, por ejemplo Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. La posición más activista de Porras no se observó sino hasta a partir de la crisis política de 2015. Es decir, el activismo en la CC fue más producto de factores externos a la Corte, los cuales permitieron que magistrados como Porras tomaran una postura más activista.

También se ha argumentado que hay serias divisiones en la CC a partir de la ideología, y que esto podría explicar la judicialización de la política. De nuevo, la evidencia empírica refuta dicha hipótesis. Al menos el 98 por ciento de las resoluciones de la CC a lo largo de la historia han sido por unanimidad. Aunque no queda claro qué tipos de casos son más propensos a generar disidencias, estas tienden a ser la excepción y no la regla. Relacionado a esto, se dice que la judicialización de la política es un evento reciente. Sin embargo, esto tampoco se sostiene al observar la evidencia. Los amparos contra el Congreso y el Ejecutivo han incrementado de forma constante desde el año 2010. Además, previamente la CC había bloqueado iniciativas de presidentes y legislativos durante el Serranazo y el gobierno de Alfonso Portillo. La CC ha intervenido cuando los actores políticos y sociales se lo han requerido. 

Finalmente, considero que se ha sobreestimado la capacidad de la Corte de ejecutar sus resoluciones. Incluso en países con instituciones más fuertes como Estados Unidos, se ha evidenciado que las resoluciones de la Corte Suprema en temas controversiales tienden a encontrar oposición del Ejecutivo, Legislativo, gobiernos locales e incluso la opinión pública. En el caso de Guatemala, recientemente se ha observado que algunas de las resoluciones de la CC no han sido respetadas por los otros poderes y no han tenido apoyo popular.

Ciertamente, la manera en cómo los jueces resolverán en el siguiente periodo podría ser distinta, pero la judicialización de la política no disminuirá. Este fenómeno es resultado de factores externos a la voluntad de los jueces. En otras palabras, aunque habrá nuevos magistrados, se sostendrán las mismas tendencias.  Si el desempeño de los jueces depende en buena parte de factores externos al poder judicial, entonces se puede entender por qué buena parte de la opinión pública no se muestra completamente satisfecha con la elección de jueces. Existen serias dudas sobre las motivaciones de los encargados de elegirlos. Si esto es cierto, ¿No sería una mejor idea invertir las energías en reformar el sistema político? Mejores diputados y presidentes podrían conducir a la elección de mejores jueces. El problema de fondo es político.  

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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