Si la Corte de Constitucionalidad, que está por concluir su periodo, estima que su sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 (expediente 4785-2017), que confirmó la suspensión de la Mina San Rafael y también detuvo las operaciones de mina de níquel, fue un acto de justicia que consolida los derechos humanos, está rotundamente equivocada. En apariencia, estas sentencias se perciben como un avance en el campo de los derechos humanos, pero no lo son. Si se hace un análisis estricto del criterio de control constitucional que debió prevalecer para impedir esta arbitrariedad, irremediablemente se concluye que no se tomó en cuenta la doctrina de la proporcionalidad, tan prevalente en la jurisprudencia europea y latinoamericana contemporánea, cuya finalidad es precisamente la de evitar incurrir en un acto que violente derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, aunque sea en nombre de los derechos humanos. La doctrina de la proporcionalidad es