Si la Corte de Constitucionalidad, que está por concluir su periodo, estima que su sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018 (expediente 4785-2017), que confirmó la suspensión de la Mina San Rafael y también detuvo las operaciones de mina de níquel, fue un acto de justicia que consolida los derechos humanos, está rotundamente equivocada. En apariencia, estas sentencias se perciben como un avance en el campo de los derechos humanos, pero no lo son. Si se hace un análisis estricto del criterio de control constitucional que debió prevalecer para impedir esta arbitrariedad, irremediablemente se concluye que no se tomó en cuenta la doctrina de la proporcionalidad, tan prevalente en la jurisprudencia europea y latinoamericana contemporánea, cuya finalidad es precisamente la de evitar incurrir en un acto que violente derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, aunque sea en nombre de los derechos humanos.

La doctrina de la proporcionalidad es un producto alemán cuyo origen se remonta al periodo prusiano, hasta que el concepto fue incluido en la Constitución alemana de 1949, como una garantía personal que protege al individuo contra las arbitrariedades que una autoridad legítima pueda cometer. Es un concepto que obliga a jueces y legisladores medir si una actuación estatal es jurídicamente la más adecuada para perseguir un determinado fin. Persigue, pues, ejercer un control sobre los excesos de los poderes públicos, para que no vayan más allá de la intensidad mínima que sería necesaria para cumplir con la finalidad deseada. Por lo tanto, “modera” la tensión entre el individuo y el poder público.

El jurista José Ignacio Martínez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, señala en su magnífico ensayo sobre la doctrina de la proporcionalidad (año 10, No. 1, 2012, pág. 65-116) que deben prevalecer cuatro requisitos para cumplir a cabalidad con esta Doctrina: 1) debe perseguir una finalidad legítima; 2) debe ser adecuado e idóneo para el objetivo legítimo que persigue; 3) debe ser necesaria entre las alternativas de intervención que estén disponibles; y 4) debe ser proporcional a la gravedad de la intervención que se decrete. En la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, señalada en el primer párrafo (expediente 4785-2017), no se dan tres de los cuatro requisitos que inspiran la doctrina de proporcionalidad, ya que, a pesar de la importancia de lograr el derecho colectivo a la consulta de los pueblos indígenas, el fallo no fue idóneo al ordenar innecesariamente detener las operaciones, con lo cual se perdió todo el sentido de proporcionalidad que debió prevalecer. 

Cuando la Corte de Constitucionalidad introdujo el controversial concepto llamado “bloque de constitucionalidad” en sentencia del 17 de julio de 2012 (expediente 1822-2011), lo hizo extensivo a las deliberaciones de la Corte una amplia gama de instrumentos internacionales que en materia constitucional son aplicables en Guatemala. Aparte de la Constitución misma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también referida como Pacto de San José, que es sucesora (dedicada a Latinoamérica) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ocupa un lugar preferente. Como parte integrante de esta Convención fue suscrito y aprobado por Guatemala el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el “Protocolo de San Salvador”, contenido en Decreto 127-96, cuyo protocolo a su vez es sucesor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y cobró vigencia el 3 de enero de 1976.

Estos importantes instrumentos que rigen los derechos humanos en relación con el derecho al trabajo fueron ignorados por completo en las sentencias a que hago referencia en el primer párrafo. Cómo es posible que estas sentencias hayan pasado por alto aspectos como el derecho humano al trabajo, “…el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna…”, o que el Estado -en el sentido amplio de la palabra- haya ignorado que “…los Estados parte se comprometen a adoptar medidas que garanticen la plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo…” (artículo 6, numerales 1 y 2 del Protocolo de San Salvador). Este mismo Protocolo en su artículo 14 establece la obligación de los Estados parte para garantizar a toda persona “…los beneficios del progreso científico y tecnológico…”. Sin embargo, paradójicamente la sentencia ordena la suspensión de dos operaciones industriales de altísima tecnología, donde miles de personas pierden su trabajo, a la vez que las municipalidades y el Estado pierden ingresos vitales.

Ahora analicemos, ¿a cambio de qué la Corte de Constitucionalidad resolvió en la forma como lo hizo? Fue a cambio de proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre la base del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En las sentencias aludidas, la alta Corte ignoró por completo su propia jurisprudencia, reflejada en la sentencia de fecha 26 de mayo de 2017 (expedientes 90, 91 y 92) relativa a la construcción de una conocida hidroeléctrica en la cual no suspendieron la construcción de la obra, pero sí ordenaron llevar a cabo la importante consulta. En el caso de la hidroeléctrica, la Corte de Constitucionalidad no desarrolló el concepto de la doctrina de la proporcionalidad, pero sí resolvió dándole todos sus efectos.

En todo caso, los derechos a la consulta en doctrina constitucional se denominan “difusos”, por afectar a una amplia colectividad de personas; sin embargo no son derechos que tengan un rango constitucional mayor que los otros derechos humanos económicos señalados. Tampoco reviste la consulta una decisión que sea vinculante, lo que quedó excluido por la OIT ya que su objetivo es el de llegar a acuerdos con los pueblos indígenas. El expresidente Alejandro Maldonado Aguirre lo expresa bien en su columna de elPeriódico del 7 de marzo de 2021, que habla del valor absoluto del ser humano reconocido en nuestra Constitución y señala tres características que rigen nuestra Carta Magna: “i) reconocimiento de la superior trascendencia de la persona sobre el grupo; ii) afirmación de la igualdad fundamental de los humanos; iii) sentido de la fraternidad social o principio de solidaridad humana…”. Al no adoptar la doctrina de la proporcionalidad tan prevalente hoy día, la alta Corte ignoró que el individuo va primero y no puede sufrir la arbitrariedad de perder su trabajo por orden de una autoridad que no tomó en cuenta sus derechos económicos y los beneficios que el Estado y las municipalidades dejaron de percibir para beneficiar a su comunidad. Esta no es la manera de apoyar al “Triángulo Norte de Centroamérica”, para evitar caravanas y brincos a muros.

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