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Domingo

Consideraciones del proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad


sociedad de plumas

En momentos como el que estamos viviendo, es importante hacer una pausa para analizar y poner en perspectiva el proceso y acontecimientos que se suscitaron en la reciente elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Más que realizar un estudio profundo sobre cada una de las innumerables incidencias que ocurrieron, la intención es enumerar aquellos aspectos que cobraron importancia. 

El primero radica en el gran interés ciudadano que despertó el proceso, algo sin precedentes, quizás únicamente comparado con la designación de la actual Fiscal General del Ministerio Público. Los medios, organizaciones sociales, comunidad internacional, academia y personas individuales se informaron, opinaron y participaron como nunca. Esto a todas luces es algo vital para la vida democrática de nuestro país. Sin embargo, como dice el dicho “no todo lo que brilla es oro”, este interés también dio lugar a sendas campañas de desinformación, desprestigio y linchamiento mediático en contra de algunos candidatos. Estos ataques, muchas veces sin fundamentos, lejos de construir nación, generan el efecto opuesto, ya que inhiben a futuros aspirantes probos de participar por el temor a ser vapuleados a través de las redes sociales. Como país debemos aspirar a más, no debemos satanizar a un candidato simplemente porque no nos guste su ideología. Cosa distinta es manifestarse a favor o en contra del criterio jurídico de un profesional emanado en determinada sentencia, siendo esta una crítica constructiva que aporta al debate de ideas y, además, constituye un derecho ciudadano que no debe perderse.  

Las impugnaciones y amparos han sido nuevamente otro factor relevante en el proceso. Hasta el momento se registran más de diez amparos en contra de procesos, designaciones o la idoneidad de algunos candidatos. La mayoría están pendientes de resolución y en cualquier momento podremos tener noticia de ellos, es decir no todo está dicho aún. Si bien es cierto, las impugnaciones o amparos son recursos importantes que los ciudadanos tenemos a nuestro alcance para impedir abusos de poder, los mismos no deben utilizarse de forma maliciosa para interrumpir y afectar procesos o personas. Así como se critica comúnmente a los abogados litigantes que abusan de la figura del amparo para entorpecer y prolongar procesos a favor de sus clientes, de igual forma podría señalarse a quienes presentan acciones con el fin de proteger o favorecer a determinados candidatos. Aunque las circunstancias son distintas, el principio es el mismo, abusar de recursos legales para buscar beneficios. 

Nuevamente cobró relevancia el Artículo 113 constitucional, donde se mencionan la idoneidad, capacidad y honradez que todo funcionario público debe poseer. Creo que en este tema estamos todos de acuerdo, por supuesto que los mejores aspirantes que llenen dichos requisitos deben ocupar los puestos más altos del Estado, incluyendo las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, nuestra Constitución también establece los principios de presunción de inocencia y debido proceso, gracias a los cuales una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es acá donde debemos como país, marcar una línea clara, no es lo mismo estar acusado a ser condenado. Sin embargo, suelen confundirse ambas situaciones muy frecuentemente, llegando inclusive a extremos donde, por un recorte periodístico una persona ya es condenada públicamente y, por lo tanto, no idónea para participar en ningún proceso de elección público. Con lo anterior no pretendo ni quiero defender a nadie en particular, pero sí defender principios importantes consagrados en nuestra Constitución. Dicho en otras palabras, todo aquel que sea acusado por algún delito, debe afrontar el proceso para dilucidar su situación.  Si como individuos no valoramos la presunción de inocencia y debido proceso, como sociedad hemos avanzado poco. 

Por último, cobró notoriedad la importancia de los plazos constitucionales y en especial la de ejercer las magistraturas de la CC por el periodo de 5 años. Esto en gran parte por el reciente precedente negativo de la prórroga de mandato de los actuales magistrados de Salas de Apelación y Corte Suprema de Justicia, el cual nos ha llevado al día de hoy a tener magistrados ejerciendo su función 16 meses después del vencimiento del plazo constitucional. A pesar de existir un artículo constitucional bastante claro donde se establece el periodo de 5 años, fue interesante ver opiniones en redes sociales donde se consideraba que los plazos nos son relevantes. Increíble pero cierto, las mismas personas que defienden el artículo constitucional sobre idoneidad parecen obviar selectivamente el artículo de plazos de la misma constitución. Si el fundamento legal no fuese suficiente, es importante recordar que uno de los componentes más importantes en una república es la alternancia del poder. Este es uno de los rasgos que más nos diferencian de regímenes dictatoriales donde los “líderes supremos” se perpetúan en el cargo. Sólo imaginemos lo terrible que sería para nuestra democracia que llegáramos el “14 de enero a las 14 horas” sin cambio de autoridades en el Ejecutivo, Legislativo ni municipalidades ¿Acaso es esto lo que queremos para Guatemala?

Es importante tener presente los anteriores aspectos para que no se repitan en un futuro y se mejore la calidad del debate público, no solo para el próximo proceso de la CC dentro de 5 años, sino también para todos los procesos de elecciones institucionales. Por último, debemos entender que fortalecer el Estado de derecho y las instituciones es una tarea que nos compete a todos, donde el fin por noble que pretenda ser, no justifica los medios. Si no se tiene claro esto, es muy fácil convertirse paradójicamente, en eso mismo que tanto se critica. 

 

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