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Domingo

La constitución plural


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“Una Constitución democrática  debería ayudar a evitar la rigidez social horizontal y vertical, presentando en su lugar aquella estabilidad flexible que permita generar cambios políticos o económicos necesarios, del mismo modo que una caña se adapta a la carga que soporta sin perder su estructura.” Hans Jürgen Rösner

“Para el jurista es indispensable una doble inclinación: la histórica, para entender lo que es propio de cada época y de cada forma jurídica; y la sistemática, para observar cada concepto y cada máxima en su vínculo vivo y en la acción recíproca con el todo, o sea en relación, que es la  verdadera y natural”, Federico Carlos von Savigny

La Constitución Política de la República de Guatemala se adhiere al ideal personalista porque se sustenta en el concepto de la dignidad humana, que equivale a la valoración suprema de la vida y, como derivados de esta noción básica, afirma los principios de libertad y de igualdad. Con palabras de Carnelutti, aquella posición radica  en que “la sociedad existe para el individuo, no el individuo para la sociedad”.

Desde que el hombre ha reflexionado acerca de los fundamentos del ser y de los objetos, se ha hecho planteamientos de la esencia  de las cosas y de los fines y objetivos de la sociedad. Así es que, siendo el Estado y el derecho estructuras sociales, los individuos han tenido necesidad de averiguar su finalidad, dado que, para lograr el ideal de percepción, era necesario responder qué, cómo y para qué son las instituciones. Al plantearse la cuestión  surgieron dos tendencias antagónicas: totalitarismo y personalismo. Para este el fin es el individuo; para aquel, el Estado mismo. 

La tesis personalista tampoco debe entenderse como apoteosis del individualismo. Es algo más sensible, como lo refleja el pensamiento de Antonio Caso: “No consiste en tener, que es el aspecto patrimonial de la convivencia, sino en ser, que es su aspecto espiritual”.

Kant señaló que en el mundo todas las cosas tienen precio, menos una. Este ente singular, por no ser objeto de tasación, es el ser humano, que tiene valor absoluto. Las demás, por su relativismo, carecen de la esencia divina que eleva al hombre y la mujer a  semejanza de Dios, es la guía inspiradora del orden político reconocido por la Constitución y se caracteriza por tres notas: i) reconocimiento de la superior trascendencia de la persona sobre el grupo; ii) afirmación de la igualdad fundamental de los humanos; y iii) sentido de la fraternidad social o principio de solidaridad humana, en que la propia interacción permite explicar la personalidad. Esto es, que no hay persona sin otra persona.

La tesis básica de la Constitución enfatiza el valor de la persona, tanto de modo directo, según aparece en el artículo 4o., como en el registro de otros elementos del concepto: la vida misma, la libertad y la igualdad.

El derecho a la vida supone el deber positivo del Estado de respetarla y protegerla frente a terceros y de uno mismo. Así se prescribe no solo en normas de jerarquía constitucional (excluye la servidumbre y la esclavitud) sino en todo el resto del ordenamiento jurídico. Por casos: la legítima defensa, la prohibición del aborto y la eutanasia, las salvaguardias contra la autodestrucción, la regulación de la pena de muerte con tendencia abolicionaista. De manera menos directa, pero siempre con la misma finalidad, como el establecimiento de los derechos económico-sociales y culturales y la protección del medioambiente. 

El reconocimiento jurídico de la libertad aparece enunciado en   el preámbulo y en los artículos 2o. y 4o., y en forma negativa en el 5o., que se deduce al otorgar el derecho de hacer lo que la Ley no prohíbe. Asimismo, en el 6o., al regular que nadie puede ser preso o detenido sino en virtud de delito o falta. La libertad pertenece a la persona porque es condición propia de su valor absoluto. Recuérdese la expresión de Manuel Azaña: “La libertad no hace felices a los hombres, la libertad los hace hombres”.

La libertad no es incondicional porque no puede esgrimirse en forma exclusiva frente a los demás. Siempre encontrará limitaciones jurídicamente justificadas por razón de la convivencia social y el deber de fraternidad. Así la enmarcó la Declaración francesa de 1789: “La libertad es el poder que pertenece al hombre de hacer todo lo que no dañe a los derechos de los demás.”

La igualdad que reconoce la Constitución no está basada en la realidad empírica porque la norma suprema no puede ordenar la naturaleza de las cosas, que de hecho son materialmente desiguales. Se sustenta en la estimativa jurídica: igualdad ante la Ley y repudio de cualquier discriminación injusta o irrazonable. El principio tiene raíces francesas (Art. 6o. de la Declaración) y es condición básica para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La desigualdad educativa es causa principal de las demás desigualdades. 

El sistema constitucional no solo reconoce el principio de igualdad formal ante el derecho. También contiene disposiciones que lo promuevan al entenderse conectado con la solidaridad o fraternidad y la enunciación de los indicados derechos humanos sociales, económicos y culturales.

La aplicación del principio de igualdad importa el tratamiento semejante a los idénticos y la posibilidad de tratamiento diferente a los distintos. Ese principio jurídico significa tanto uniformidad (progresión aritmética) y proporcionalidad (progresión geométrica). El acierto en el manejo de tales ecuaciones descansa en el criterio que sea capaz de medir con la vara de lo justo todo trato dispensado por la Ley, el administrador o el juez a la persona.

 

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