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Domingo

Testaferros políticos


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A pesar de ser el país de las islas Galápagos, y de contar con 32 majestuosos volcanes, varios de ellos activos, o de ser el principal productor de bananas del mundo, Ecuador rara vez atrae la atención de los medios de comunicación internacionales. No son Brasil, México o Argentina, los gigantes de la región, su inestabilidad política no es tan fuerte como la de su vecino Perú, ni ha sufrido un saqueo como el de Venezuela. En fin, es un país latinoamericano normal: pobre, desigual, injusto, corrupto y lleno de gente decente y trabajadora. Su democracia es defectuosa pero competitiva, sus instituciones son débiles pero existen y su economía, la octava del continente en tamaño, depende de la exportación de petróleo, bananas, camarones y oro. Y del dinero que mandan a sus familias los ecuatorianos que viven en otros países.

En estos días, Ecuador está apareciendo con más frecuencia en los titulares. Hay elecciones presidenciales y eso es siempre noticioso. Pero, según los analistas, esta vez el resultado electoral ecuatoriano señalará tendencias que veremos en el resto de Latinoamérica.

Una es que la izquierda regresará al poder. Entre finales del siglo pasado y comienzos de este, proliferaron presidentes de izquierda. De Lula da Silva a Hugo Chávez y de Evo Morales a la pareja Kirchner y de Michelle Bachelet a Rafael Correa, entre otros. En la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas ningún candidato obtuvo suficientes votos, lo cual obliga a una segunda votación el 11 de abril. El candidato más votado en la primera ronda ha sido el izquierdista Andrés Arauz, promovido y protegido por el expresidente Rafael Correa. El segundo lugar es objeto de una feroz batalla entre el candidato conservador Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez, quien ha denunciado que hubo fraude.

El empresario promete eficiencia, crecimiento económico y empleo, el candidato de izquierda ofrece más igualdad, menos pobreza y más justicia y el líder indígena jura reivindicar los derechos del pueblo originario y proteger el medio ambiente. Este menú electoral –el empresario, el izquierdista y el indigenista– lo hemos visto en otros países. Su resultado es impredecible. A Brasil lo preside un populista de derecha y a México un populista de izquierda. Hemos visto a presidentes de derecha adoptar políticas de izquierda y viceversa. Y esta tendencia continuará.

Pero en las elecciones latinoamericanas hay otra tendencia importante: el uso de testaferros políticos. Esta es la propensión de presidentes que no pueden ser reelectos a “colocar” en el poder a familiares o cercanos colaboradores con la esperanza de que actúen como sus testaferros políticos. Arauz, el candidato ecuatoriano con más votos en la primera vuelta, es candidato gracias al apoyo del expresidente Rafael Correa. Este no pudo ser candidato ya que fue inhabilitado por estar incurso en hechos de corrupción. Cristina Kirchner fue presidenta de Argentina, gracias a su marido Néstor Kirchner (y reelecta después que enviudó). En México, la diputada Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, fue candidata en las elecciones presidenciales de 2018 donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador. En Colombia, Juan Manuel Santos e Iván Duque llegaron a la presidencia, gracias al apoyo del expresidente Álvaro Uribe, en Brasil, Dilma Rousseff fue presidente gracias a Lula da Silva y en Bolivia, Lucho Arce gana la elección gracias a la popularidad de su exjefe Evo Morales, quien le dio todo su apoyo.

El populismo –tanto de derecha como de izquierda– con sus promesas imposibles de cumplir, su adoración por políticas que ya se sabe que no funcionan y sus propensiones autoritarias son siempre una gran amenaza. Pero el continuismo es una amenaza aún mayor. Si un presidente populista es incompetente o corrupto, pero en su país funciona la democracia, pues los votantes se encargarán de sacarlo del poder. Los países pueden sobreponerse a un periodo con un mal presidente, pero el daño puede ser enorme e irreversible si ese mal presidente perdura en el poder. O si, una vez cumplido su periodo de Gobierno, se las arregla para ejercer el poder por medio de un presidente que actúa como su testaferro político.

Es importante poner límites legales al continuismo de los presidentes. Idealmente, deberían ser elegidos por un periodo no mayor de seis años y no menor de cinco. Al terminar ese único periodo no pueden aspirar de nuevo a la presidencia. Nunca más.

Esta solución al continuismo es drástica e imperfecta. Pero no imposible de adoptar y sus defectos son tolerables. Lamentablemente, el continuismo basado en el uso de testaferros políticos es más difícil de impedir. Pero es críticamente importante identificarlo, denunciarlo e intentar erradicarlo.

 

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