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Domingo

Las mujeres que exigen justicia


El Presidente y los diputados han desviado el debate a la aplicación de la pena de muerte en el país para los castigar a los femicidas. Sin embargo, la realidad que enfrentan los familiares de las víctimas es distinta. Su mayor temor es que el asesinato de hija, sobrina o prima no quede archivado y su mayor obstáculo es que el caso judicial llegue a una condena.

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La incertidumbre del cumplimiento de la justicia, además, del abismo en el tiempo que les toca recorrer para que el sistema de justicia llegue a una condena, ha hecho que las familias de las víctimas de femicidio se organicen.  Se agrupan, salen a marchar  y piden apoyo para difundir el mensaje que exija justicia y recuerde a su hija, prima, sobrina, hermana y amiga que fue asesinada. 

Entre 2008 y 2020, el Ministerio Público (MP) registró 3 mil 320 casos de femicidio, de los cuales el 19 por ciento ha logrado una sentencia condenatoria. Sin embargo, para llegar a ese 19 por ciento los familiares de las víctimas han tenido que esperar hasta nueve años, según datos del Sistema Integrado de Justicia. “La justicia es eterna. Pero creo que en algo cambia al sistema la perseverancia”, explica María Fernanda Gallegos, representante de Voces por Cristina, movimiento que inició en 2011 después del asesinato de Cristina Siekavizza, el cual aún no se ha resuelto. 

Con la ilusión de mantener esa perseverancia, las familias de algunas de las mujeres y niñas, que han sido víctimas de femicidio en el país en los últimos cinco meses, han iniciado su propio movimiento. El pilar de esta persistencia para exigir justicia también son las mujeres. Todas quieren que, pese a la demora, sus hijas, sobrinas y primas asesinadas no sean un archivo más en el papeleo infinito de los casos sin resolver del MP y del Organismo Judicial. 

Bajo el temor 

Gladys Guardado, tía de Litzy Cordón, asesinada en octubre de 2020, tiene miedo de salir de nuevo a las calles. Ya no vive en Teculután, Zacapa. Recuerda con mucha nostalgia cuando el 7 de octubre de 2020 los vecinos y amigos de su sobrina salieron a marchar y a iluminar las calles  de ese municipio para exigir justicia. Ahora el pueblo está callado. Gladys Guardado dice que los entiende, porque así como ella, tienen miedo. El acusado del femicidio de Litzy era su primo, Kevin Rivas Cordón, cuyo hermano es señalado frecuentemente en panfletos, que se reparten en todo el municipio, de ser una persona peligrosa, según reportan páginas de Facebook de esa comuna. 

Kevin Rivas Cordón fue ligado a proceso el 4 de enero por femicidio y secuestro. Ese día, en un acto de valentía y persistencia, la familia de Litzy colocó una manta afuera del juzgado de Zacapa para pedir justicia.  

La tía de Litzy cree que por su seguridad y la de sus dos hijos es mejor utilizar las redes sociales para continuar su lucha en la búsqueda de justicia. Es por eso que cada mes pide la ayuda a varios colectivos de mujeres para que hagan un arte que recuerde el número de meses que han pasado desde su asesinato. La última fue la imagen de Litzy rodeada de flores moradas y con la leyenda: ¡Litzy no te olvidamos!

“La abuelita de Litzy dice que es mejor pedirle a Dios y esperar la justicia en el cielo. Yo también creo en la justicia de Dios, pero también quiero que se haga justicia en la Tierra”, dice Gladys Guardado, quien mes a mes pide a familiares, amigos y vecinos de Teculután que compartan la fotografía de Litzy para que se haga viral. Para que no se olvide que aún falta que se le haga justicia a su sobrina. 

En Parramos, Chimaltenango, también existe ese miedo, pero la situación es más grave. En 17 meses el MP no ha trabajado por encontrar a los responsables de haber violado, asesinado y abandonado el cadáver de Estefany Arenales a un costado del estadio de ese municipio. El hecho ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2019 y desde esa fecha, la prima y la madre de Estefany no han encontrado ningún apoyo en el sistema de justicia. 

Fernanda Gil asegura que debido a esa situación la gente del pueblo tiene mucho miedo de unirse a manifestaciones para pedir justicia, porque no saben quiénes son los culpables y temen represalias. Sin embargo, han logrado reunirse. La primera vez fue en octubre de 2019, una  semana después de su fallecimiento, y la última, el 25 de noviembre de 2020. Ese día no solo exigieron justicia y recordaron a Estefany, también conmemoraron el Día de la No Violencia contra la Mujer. 

Pese a la diferencia en los avances de los casos, Fernanda Gil también recurre al mismo método de la tía de Litzy. De manera constante pide que se elaboren ilustraciones para recordar que el caso de Estefany aún está pendiente de ser conocido por la justicia. Los vecinos, de una manera silenciosa, también han dado de forma voluntaria sus testimonios a las autoridades. Han hablado de los ruidos y de lo que vieron la noche en que violaron y asesinaron a Estefany. Pero el MP no ha utilizado esa ayuda, concluye Fernanda Gil. 

Un espacio menos peligroso 

Candy Morales impulsa el movimiento Justicia Para Luz María. Candy Morales es la tía de Luz María López Morales, quien fue encontrada asesinada el 22 de enero al final de la avenida Simeón Cañas, en un drenaje del redondel del Hipódromo del Norte. Ese punto ha sido el lugar de encuentro para las dos marchas que se han realizado desde el 24 de enero. 

Contrario a la situación de temor que enfrentan los familiares de las víctimas en las áreas menos urbanas del país, el movimiento Justicia para Luz María ha sido más concurrido en sus convocatorias. Candy Morales tiene más experiencia en este tipo de organizaciones y asegura que está dispuesta a unir más fuerza con otros familiares de víctimas de femicidios. 

Para recordar y exigir justicia por Luz, ella eligió hacer una ilustración que la retrata cargando a su hija. Esa es la última imagen que toda la familia tiene de Luz, la de una madre amorosa y dedicada. En la última caminata, mantas de vinilo  y playeras llenaron el recorrido con esa imagen. Las marchas han iniciado en la Plaza de las Niñas, un espacio elaborado para recordar a las 41 niñas y adolescentes que murieron quemadas y las 15 sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el ocho de mayo de 2017. La caminata termina en el tragante de agua en donde se encontró el cadáver de Luz. Ahí hay flores, velas y fotografías de otras víctimas de femicidio, como la fotografía de Hillary, niña de tres años asesinada en Tiquisate en enero de 2021, o la de Chelsiry de 12 años, a quien dieron muerte en febrero de 2020 en Amatitlán. 

Candy Morales tiene muchos planes en el movimiento. Dice que quiere hacer conversatorios e impulsar campañas para que las mujeres víctimas de violencia puedan denunciar a tiempo a sus agresores. Para que sus familiares, amigos o ellas mismas puedan ver esas señales de violencia y sobrevivir. 

“Sé que en todo este proceso vamos a ver gente a favor y en contra, pero no vamos a desmayar para que se conozca la verdad y se haga justicia. No solo para Luz, sino para todas las víctimas de femicidio”, asegura Candy Morales, quien busca que el movimiento Justicia para Luz pueda crecer. 

Una red de apoyo 

La psicóloga Gabriela Ixchíu, integrante de Mujeres en Movimiento, explica que en los casos de femicidio es diferente si el crimen se cometió en la Ciudad de Guatemala o en el área rural. Según Ixchíu, la falta de organización en Teculután o en Parramos no se debe a que la gente no quiera, sino que sienten miedo, porque las dinámicas sociales culturales en un pueblo son diferentes. El agresor es conocido por todos y a veces tienen mucha influencia tanto en autoridades municipales como policiales. 

También este temor lo sienten actualmente las familias de las niñas Hillary en Tiquisate y Chelsiry en Amatitlán. En el primer caso, el pueblo se organizó en tres ocasiones para pedir justicia para la niña porque temían que eso mismo le pasara a sus hijas pequeñas. Esto sucedió el 20, 21 y 24 de enero. Sin embargo, ahora hay temor, porque los presuntos responsables del femicidio de Hillary eran parte de una banda de secuestradores y violadores. Tres de ellos se encuentran arrestados. 

Esta semana el asesinato de otra niña causó de nuevo indignación. El cadáver de Sharon Figueroa de ocho años fue encontrado en una zona montañosa de Melchor de Mencos, Petén, lugar en donde vivía junto a su mamá. De nuevo, los colectivos y movimientos de mujeres han convocado a una manifestación este domingo en la Plaza de las Niñas. Más allá de que se haga justicia, piden que se detenga el incremento de asesinatos a mujeres en el país. 

La respuesta del gobierno y de algunos diputados, como solución a este problema, es activar de nuevo la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, este castigo no se puede aplicar en Guatemala debido a tratados internacionales a los que se encuentra adherido el país. Lo sabe el Presidente, Alejandro Giammattei y lo saben los diputados.  Nadie, ni el mandatario ni los congresistas han hecho un llamado al MP y al Organismo Judicial para que investigue y agilice los procesos judiciales en los casos de femicidio, los cuales pueden durar hasta más de nueve años en resolverse. 

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