En diciembre de 2020, el gobierno del expresidente de Estados Unidos (EE. UU.)  Donald Trump informó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) que solo cinco familias migrantes faltaban por ser reunificadas. Sin embargo, ahora que comienzan a revetirse las políticas migratorias de Donald Trump, funcionarios de la actual administración del presidente Joe Biden señalan que no hay una cifra exacta de cuántas familias migrantes podrían estar aún separadas. 

Mientras en Washington D. C. determinan el número exacto de padres separados de sus hijos, en el Norte de Guatemala, un defensor de derechos humanos q’eqchi’, se encuentra a la búsqueda de 20 familias migrantes que fueron separadas bajo el plan Tolerancia Cero aplicado por Trump en 2018, y que tiene identificadas. 

Eriberto Pop, de 33 años, tiene pénsum cerrado en Derecho, pero prefiere identificarse como defensor de derechos humanos. Desde finales de 2018 coordina, para la Asociación de Abogados Mayas Nim Ajpu, la misión que busca en los territorios poblados por q’eqchi’s a los padres de niños que fueron separados cuando intentaban migrar a Estados Unidos durante abril y julio de 2018. 

El trabajo de Eriberto ha permitido que 30 familias de Izabal, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango hayan establecido contacto después de haber sido separadas por las autoridades estadounidenses. Luego de un año complicado, por todas las limitaciones de movilidad impuestas en 2020 al inicio de la pandemia en Guatemala, el defensor de derechos humanos ha emprendido la búsqueda de más familias.

Es originario de Alta Verapaz y vive en Chisec. Desde ese lugar se mueve en su motocicleta hacia las comunidades q’eqchi’s. Eriberto sigue una serie de pistas difusas sobre la ubicación de las familias que fueron separadas en la frontera del sur de Estados Unidos.   

El proceso para  reunificar 

Las historias de vida que Eriberto ayuda a unir de nuevo, no siempre tienen como conclusión el encuentro físico entre la madre, el padre y sus hijos. Porque los menores de edad se encuentran en Estados Unidos bajo un sistema de protección infantil, mientras que sus padres fueron deportados a Guatemala. El objetivo principal de esta búsqueda es crear un vínculo. Que la mamá y el papá conozcan cómo y dónde pueden encontrar a sus niños. Que puedan hablar y verse de nuevo, aunque sea por medio de la pantalla de un teléfono. 

Para esto, Eriberto tiene como aliados a la organización Justice in Motion. Este es un proyecto que defiende los derechos de los migrantes en Estados Unidos y son los encargados de solicitar e interponer los recursos legales para obtener toda la información sobre las familias. El problema es que cuando los datos son revelados, resultan ser insuficientes para el trabajo del defensor de derechos humanos q’eqchi’. En la mayoría de casos, el Gobierno estadounidense solo registró el nombre de las personas adultas y menores de edad y sus lugares de origen en Guatemala de una manera muy general, como municipio o departamento. Pocas veces en la información se encuentra un número de teléfono registrado. Según Eriberto, Justice in Motion ha tardado hasta seis meses para obtener solo esos datos. 

Bajo estas circunstancias, el defensor de derechos humanos tiene que iniciar la búsqueda con los elementos que están a su alcance y sin el apoyo de la institucionalidad pública de Guatemala. Es por eso, que en ocasiones le ha tomado hasta un mes ubicar a la familia de los menores que están en EE. UU. 

“A veces, porque conozco a la gente que labora ahí, he podido encontrar la dirección exacta de algunas familias en el Renap”, explica Eriberto. Esta ha sido la única forma en que el Registro Nacional de las Personas ha colaborado con su trabajo. En este caso, la Ley de Información Pública no funciona, porque los datos que necesita obtener son de carácter privado. La única manera de hacerlo sería con una iniciativa institucional por parte del Renap o del Gobierno. 

Otra de las guías que toma en cuenta Eriberto para lograr contactar a las familias, es por medio de los apellidos. En los departamentos y municipios del país, algunas familias con determinados apellidos suelen concentrarse en un lugar.  Entonces, el defensor de derechos humanos ha tomado esa ruta de tradiciones familiares para encontrar a las personas que busca. 

Eriberto es enfático en señalar que su trabajo hubiera sido más fácil con la colaboración del Gobierno. 

Dos cartas para Trump 

Entre 2018 y 2020, el Minex envió dos cartas al gobierno de Trump para pedir información o pronunciarse en contra de la política de separación familiar. Ninguna de las misivas fue respondida por funcionarios del anterior gobierno estadounidense.

La primera carta la envió la excanciller Sandra Jovel el 18 de junio de 2018, cuatro días después de que la portada del New York Times revelara la crueldad y magnitud de la política Tolerancia Cero. La imagen de una niña hondureña llorando, mientras su madre era revisada por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. sería el parteaguas para iniciar con el fin a esta política migratoria. 

En esa carta, Jovel se dirige a Mike Pompeo, exsecretario del Departamento de Estado de EE. UU. Le pide no continuar con la política Tolerancia Cero y entregar  información sobre cada caso para que los consulados puedan apoyar. En la misiva y en las primeras posturas que dio el gobierno del expresidente Jimmy Morales, la ex-Canciller siempre mostró un desconocimiento previo sobre ese plan migratorio. Sin embargo, Jovel ya tenía conocimiento de esta situación en la frontera entre México y EE. UU. desde el 24 de mayo de 2018, según dio a conocer la Cancillería a elPeriódico por medio de una solicitud de información. 

La segunda carta la envió el actual embajador de Guatemala en Washington D. C., Alfonso Quiñónez, el 22 de octubre de 2020. La misiva también fue una reacción a un artículo de la cadena de noticias de la NBC, en el cual se reveló que aún quedaba pendiente la reunificación de 545  menores de edad con sus padres. El 40 por ciento de estos niños eran guatemaltecos. 

En esta carta, el embajador se dirigió a Chad Wolf, quien ejerció como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En la misiva también pedían datos detallados sobre el porcentaje de menores guatemaltecos que habían sido separados de sus padres.  

Para justificar la falta de respuesta a las dos cartas de parte del Gobierno estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó a elPeriódico que la administración de Trump prefirió emitir toda la información relacionada al tema por medio de comunicados y conferencias de prensa. También señala que este asunto se ha tratado en reuniones privadas con funcionarios del Gobierno estadounidense. Sin embargo, en ambas misivas el Gobierno de Guatemala denota no tener mayor información sobre la separación y reunificación de familias migrantes. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a elPeriódico que solo dos cartas se enviaron al Gobierno de EE. UU. para solicitar información sobre las familias migrantes separadas.

El fin de la política 

El 2 de febrero, Joe Biden anunció que implementaría una “fuerza de trabajo” para la búsqueda y reunificación familias migrantes. También finalizó de forma gubernamental el plan Tolerancia Cero. Esta política migratoria había sido suspendida por un juez federal de Estados Unidos desde el 18 julio de 2018. Por voluntad de Trump, la separación de familias nunca hubiera terminado. 

“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional hecha por el gobierno anterior que de forma literal, no figurativa, arrancó a niños de los brazos de sus familias”, dijo el mandatario de Estados Unidos el martes pasado. Ese día también anunció una serie de acciones gubernamentales que generan un cambio de política migratoria. Sin embargo, para ese entonces las deportaciones exprés continuaban en la frontera sur de EE. UU. 

El plan Tolerancia Cero fue aplicado por la administración Trump, de forma oficial, desde abril de 2018. Tenía como objetivo frenar la migración irregular de centroamericanos hacia EE. UU. Como consecuencia de esto, unas 5 mil familias fueron separadas, de las cuales 1,542 eran niños y niñas de origen guatemalteco. 

A mediados de enero de 2021, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó que los abogados encargados de la reunificación de familias migrantes no habían podido encontrar a los padres de 611 menores de edad. De estos, los padres de 392 niños fueron deportados de Estados Unidos después de ser separados, según los registros judiciales.