La nueva política migratoria en EE. UU. es uno de los ejes del Gobierno encabezado por Joe Biden, centrada en una reforma legislativa para desmontar las políticas “racistas y xenófobas” de su antecesor Donald Trump, pero requerirá que las acompañen países que las aceptaron bajo presión, estiman abogados de indocumentados.

“Son bienvenidas las órdenes ejecutivas del nuevo Gobierno de EE. UU., sobre migración, por ejemplo, suspendiendo durante 100 días las deportaciones. Es un cambio con respecto al discurso anterior de persecución, racismo y xenofobia”, opinó la responsable del acompañamiento a solicitantes de asilo y refugio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Daniela Reyes.

Un sistema complejo

Las órdenes de Biden buscan desmantelar un sistema antimigrantes tan grande y agresivo que no será tarea de pocos días, estiman las expertas del organismo humanitario fundado hace tres décadas.

“No solo es un sistema legal contra los migrantes, sino un discurso dominante de prejuicios y discriminación”, advierte la especialista.

Desmontar ese sistema tiene limitaciones, porque no se puede corregir órdenes muy graves del Gobierno, dado que “fue más fácil construir el odio que eliminarlo”.

Existe una preocupación muy grande de que las medidas protectoras se hagan solo a través de órdenes ejecutivas, porque esos primeros cambios en la nueva era de Biden “son fácilmente derogables”.

El sistema depende hasta ahora “del humor y la ideología del Presidente en turno”, cuestiona la investigadora.

En efecto, la reforma migratoria quedó inconclusa en la anterior administración demócrata de Barack Obama (2009-2017) por la oposición del Partido Republicano en el Senado, y el equilibrio actual es precario.

“Se ha discutido muchos años la reforma y no ha podido prosperar, esperamos una discusión más profunda que avance hacia reformas legislativas que garanticen los derechos de esas poblaciones”, explica la experta, quien ha estudiado el fenómeno en el sistema interamericano.

El acuerdo de 

México con Trump

La presión arancelaria que impuso Trump sobre México obligó a un cambio de la política migratoria restrictiva en 2019, primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta del mandatario de la izquierda nacionalista mexicana a la primera caravana de miles de migrantes centroamericanos a principios de su primer año de Gobierno “fue muy abierta, con protección y ofertas de trabajo”, reseña la especialista.

Pero meses más tarde, México cambió totalmente su enfoque, cuando fue víctima de las presiones de Trump, que amenazó con imponer hasta 25 por ciento de aranceles escalonados a las exportaciones mexicanas, que tienen en EE. UU. su principal mercado.

La paradoja es que el país latinoamericano se vio orillado a implementar un sistema de persecución similar al desplegado en EE. UU.: México cerró sus fronteras y puso en marcha mecanismos legales, con apoyo de decenas de miles de guardias nacionales en sus franjas limítrofes con Guatemala y EE. UU.

Las autoridades mexicanas buscan ahora contener la migración, “como un eco de EE. UU., con su propio sistema de persecución de migrantes”.

“Parece difícil echar marcha atrás a esas acciones, porque México ha interiorizado mucho el discurso de discriminación, de estereotipos de los extranjeros, a pesar del discurso de protección en la superficie”, explica Reyes.

Fin de las presiones

En la era Biden no existirán los chantajes comerciales de Trump, pero las autoridades mexicanas mantienen una inercia en su política de contención, por ahora.

Al mismo tiempo, enarbolan el Plan de Desarrollo Integral propuesto para abatir la pobreza y la violencia en Centroamérica y el sureste mexicano, al que 

1. UU. ya prometió aportar US$4 millardos, que fueron negados durante la administración anterior.

“Pero lo que vemos es que México ya compró el discurso contra la migración y se coordinó con Guatemala para frenar por la fuerza la primera caravana (hondureña), mientras espera las nuevas políticas de EE. UU.”, refiere Reyes.

En efecto, una multitud de unas 4 mil personas, con cientos de mujeres y niños, fue contenida con policías y gases lacrimógenos y desarticulada en Guatemala.

“Se fue Trump, pero nos dejó el discurso de discriminación que las autoridades mexicanas adoptaron”, lamenta la abogada.

Una iniciativa de Biden está dirigida a suspender el programa “Quédate en México”, que dejó en la incertidumbre a más de 65 mil  migrantes en la frontera norte mexicana.

“Las personas que fueron obligadas a aceptar ese programa están en México y no sabemos qué ha pasado con ellas, posiblemente han sido deportadas o fueron víctimas del crimen organizado en la frontera, no sabemos nada de ellas”, puntualiza la responsable de la CMDPDH.

La secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el jueves que “la política migratoria de Joe Biden sí va a cambiar esto de Quédate en México”, para esperar las respuestas a las solicitudes de asilo en EE. UU.

La relación bilateral también se modificará, hacia “una política en la que pudiéramos ir construyendo la atención a los migrantes con una política humanista, de reunir a las familias que se separaron”, puntualizó.

Ese mismo 4 de febrero, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU saludó los avances en la identificación e investigación sobre 19 personas, guatemaltecas la mayoría, cuyos cuerpos calcinados fueron hallados en Camargo, Tamaulipas, frontera mexicana con EE. UU.

“Es una oportunidad para poner fin a prácticas que han obstaculizado el acceso a la Justicia de personas migrantes y favorecido la impunidad de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos en su contra”, puntualizó la representación del organismo que encabeza Michelle Bachelet.