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Domingo

El amparo fallido


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El Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, entró en vigencia simultáneamente con la Constitución Política de la República, el 14 de enero de 1986. Quedó previsto que el órgano máximo de interpretación constitucional lo era la Corte de Constitucionalidad que quedaría formalmente instalada el 16 de junio del citado año. Este tribunal, por su naturaleza, no cierra sus puertas ningún día del año. No lo hizo ni siquiera cuando fue emitido y publicado el desafortunado Decreto Presidencial 1-93 del 25 de mayo de 1993. De manera que el tribunal máximo de control de constitucionalidad, ha estado abierto un poco más de quince mil quinientos días. 

Designados los diez magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) del primer ejercicio constitucional, una de las primeras disposiciones consistió en la selección del personal de apoyo, para lo que se enviaron notas a las universidades (San Carlos, Landívar y Gálvez) solicitando propuestas de alumnos distinguidos para integrar el cuerpo de los letrados. Así se procedió al nombramiento de asistentes de magistratura y, por lo general, se mantuvo ese principio de calidad que ha permitido a la CC cumplir con sus complejas y, con mucho, difíciles atribuciones. Entre estos, algunos de los auxiliares, ahí llamados letrados, fueron ganadores del máximo galardón universitario por la preparación de su respectiva tesis de graduación, ellos Martín Ramón Guzmán Hernández y José Guillermo Rodrígez Arévalo, integrantes de mi despacho. 

Nombrado por segunda ocasión para formar parte de la tercera magistratura de la CC, encontré entre los letrados a Martín, quien –aprobados los cursos de varios grados de la carrera– aún pendía de algunos para optar al título. Observé en él mucha discreción, pues presentaba sus casos sin tratar de exhibir creatividad ni menos alarde de sus aciertos. Escribía sus proyectos con una difícil sencillez, pues, por veces, el oficio tira para un lenguaje alambicado de una terminología específica de la materia. Su acierto lógico y su certeza descriptiva, facilitaban la función de su magistrado, quien debía presentar ponencia ante el pleno. 

No solamente el estudio del caso, la hilación correcta de las premisas extractadas del expediente y la sugerencia del resultado del amparo alimentaban su experticia. También la observación de resoluciones (autos y sentencias) del pleno de la Corte, constituían fuentes de su experiencia para observar cuáles eran las causales más frecuentes por las que solicitudes de amparo no pasaran por la puerta de su admisibilidad. Con el repertorio de los cientos de asuntos resueltos desde los inicios de la Corte, Martín fue observando los casos y las razones por las que el Pleno decidía suspender el trámite de amparos destinados desde su origen a perecer: non natos. De manera que cuando el Pleno advertía los defectos formales incorregibles de algunos expedientes de amparo o de acción de inconstitucionalidad, por sentido común y economía procesal, cabía decretar la suspensión del trámite del proceso que se hubiere planteado. 

Martín (así en corto, como suele llamarlo todo el mundo de la CC) sustentó su examen técnico profesional para obtener los títulos de Abogado y Notario en la Usac, oportunidad en la que presentó su tarea de tesis, verdadero campo de investigación y análisis, originalmente titulada: Causas recurrentes, definidas jurisprudencialmente por la Corte de Constitucionalidad, que hacen que en la práctica el amparo se declare sin lugar por su notoria improcedencia, nominativo correcto por marcar el objeto de su trabajo técnico-jurídico, pero invendible por asustar de entrada al posible lector. Cuando, tiempo después, me habló respecto de la posibilidad de divulgarlo en formato de libro, me permití sugerirle ponerle un título más llamativo que, en su brevedad, comprendiera el fondo del tema. Así, él mismo acordó titularlo como todos lo conocemos: El amparo fallido.

Este libro tiene relevancia en varios aspectos: 1o. Porque presenta un esquema doctrinario del proceso del amparo y lo hace con precisión y acierto, abarcando los elementos esenciales que ningún profesante del Derecho puede dejar de tener en cuenta; 2o. Porque contiene una verdadera y meritoria investigación de la pragmática del amparo concretada en la jurisprudencia (que es ley que habla); y 3o. Porque esboza alguna crítica a varios enunciados de la ley y también de los enfoques interpretativos. 

Tesis y estudios, como el del jurista Guzmán Hernández, deben estimular para hacer investigaciones serias y constructivas del ya abundante repertorio jurisprudencial que la Corte de Constitucionalidad tiene archivado y accesible al día. En esos registros está escrita gran parte de la historia contemporánea, con sus proezas y también con sus debilidades. Esa jurisprudencia, a pesar de sus naturales limitaciones humanas (como sucede con todos los tribunales del mundo), tiene la nota de defenderse sola, recordando que los jueces se deben someter a una inequitativa regla: no deben polemizar sus decisiones fuera de su ámbito curial. 

En el año 2000, la presidencia de la Corte de Constitucionalidad decidió patrocinar la publicación de esta obra, con tiraje de un mil ejemplares, que se pusieron al alcance del público (sin descontar ninguna utilidad para el autor, que renunció a ese beneficio). El primer tiraje del libro se agotó de inmediato. Anteriormente a ese luminoso año, la Corte había patrocinado libros producidos por magistrados titulares, por lo que fue primicia la publicación de una obra de uno de los letrados (oficiales) de la institución. 

Posteriormente, uno de los presidentes del tribunal tuvo la idea de enviar de cortesía un ejemplar del libro a cada uno de los abogados colegiados, por lo que, con la aprobación del autor, se hizo un tiraje de 7 mil ejemplares. Por razones técnicas no fue posible remitirlos, por lo que la siguiente administración presidencial de la CC los puso a la venta, habiéndose agotado toda la edición. Después de esta forma de colocación del libro al público académico, no se ha hecho otro tiraje. No obsta esto, porque cuando alguien interesado acude a la CC puede obtenerlo en versión digital o en copia impresa. 

Un autor que ha prodigado un texto útil y valioso, pero que no ha obtenido beneficios materiales de su creación, me trae a la mente la poesía de Werner Ovalle López: “Hay héroes anónimos que llevan su sencillo dolor de biblioteca como una cruz eterna y luminosa”.

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