“A la prensa se le paga o se le pega”
— Álvaro Arzú, expresidente

Lo que otros callan se llamaba la columna de la malograda periodista Irma Flaquer. Lo primero que un régimen autoritario elimina es la libertad de expresión. Se corta el acceso público a la verdad y se suprime el derecho a la fiscalización. Lo peor es cuando persigue a periodistas que investigan corrupción o conflicto de intereses que indiquen nepotismo o tráfico de influencias. 

Hoy vemos cómo un Congreso cooptado por las mafias, con la anuencia del presidente Giammattei, se apresta a aprobar una legislación mordaza cuyo objeto es opacar la transparencia e impedir la fiscalización, modificando la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP– por medio de la iniciativa 5297 que daría inicio a una instancia manejada y nombrada por el Congreso y los políticos en lugar de la actual estructura con independencia dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. El Pacto de Corruptos aprovecha para recortarle en el presupuesto 20 millones a la PDH y así debilitarla. Los ataques los había comenzado Jimmy Morales que con cinismo preguntó: “¿Quién procura los derechos humanos?” La respuesta es el deseo profundo del Pacto de Corruptos: NADIE, manos libres en arcas del pueblo.

¿Desconocemos o hemos olvidado la historia? La dificultad consiste en que nuestro pasado está presente, y para mal. El sistema tiene décadas de ser el mismo con variantes, o fachadas, que han ido de la democracia formal al genocidio. Y ahora se consolida la dictadura de la corrupción producto de un pacto antisocial. Pero es el mismo sistema basado en el autoritarismo para robar y eliminar a todo lo que se oponga. De la misma manera actuaba el régimen dictatorial del general Ubico. El dictador se recetó 250 mil dólares que le dio el Congreso como premio a su buen gobierno. Hasta que el pueblo salió a las calles, la prensa develó corrupción y los militares decentes y el empresariado serio tomaron una actitud cívica responsable.

Vayamos al 1 de octubre de 1944. Alejandro Córdova es director del diario El Imparcial y está dispuesto, pese a la amenazas, a seguir fiscalizando al régimen presidido por el general Federico Ponce Vaides. Ubico ha salido huyendo a Estados Unidos pero un nuevo general era continuación de la misma dictadura. Cierran una radio que ha criticado al Gobierno. Córdova reacciona con un fuerte editorial de repudio defendiendo la libertad de expresión como un derecho de la ciudadanía. La suerte de Alejandro Córdova estaba echada. Cuatro policías vestidos de civil enviados bajo amenaza de fusilarlos por el jefe de la Policía, un tal coronel Evaristo Orozco, acribillan al director de El Imparcial. Lo emboscan en las afueras de su residencia en la Villa de Guadalupe. El asesinato es la chispa que enciende la Revolución. Veinte días después el pueblo sacó al presidente y a su gobierno del Palacio Nacional y luego del país. A Alejandro Córdova nunca lo acallaron. 

Tres décadas después gobernaba otro asesino corrupto, el coronel Carlos Arana Osorio. El periodista Mario Monterroso Armas fue asesinado en marzo de 1974, después de haber hecho duras críticas en su programa radial Cartones Radiofónicos a los presidentes Arana de Guatemala y Somoza de Nicaragua, llamándolos “las nodrizas de Centroamérica” y acusándolos de corrupción y sendos fraudes en sus respectivos países. ¿Fue en vano el sacrificio de Mario?

Hace cuarenta años, el 17 de octubre de 1980 un desconocido, del que no sabremos nunca su identidad, disparó en el cruce de la Avenida Elena y 14 calle de la zona 3 al automóvil donde se conducía la periodista Irma Flaquer con su hijo Fernando Valle Flaquer. Fueron disparos de escuadra calibre 45, arma de guerra. El vehículo se detuvo abruptamente y varios hombres armados secuestraron a la periodista dejando a su hijo agonizante, poco después fallecería en un hospital por las heridas. Irma Flaquer sigue formando parte de las negras estadísticas de los desaparecidos. Dos años antes le habían puesto una bomba en su automóvil y salió gravemente herida. Con el segundo atentado lograron callarla. ¿Lo lograron? Semanas antes en una entrevista Irma Flaquer había dicho: “Si quieres protestar por la dignidad de los seres humanos, en este país te llaman comunista”. Hoy sería castrochavista.

Eran tiempos más que recios, época de terror y luto. Un mes antes había sido acribillado cuando salía de la radio donde transmitía su programa Siempre con el pueblo, con humor satírico que hacía reír pero sobre todo pensar, Luis Alberto Romero, el famoso Timoteo Curruchiche que levantaba su voz en nombre de los indígenas pobres y discriminados. Era hijo de un zapatero remendón y había crecido en el barrio de El Gallito, conocía la pobreza y la marginación urbana por dentro y estaba dispuesto a luchar contra esas injusticias. Le costó la vida, Curuchiche era insoportable para la dictadura encabezada por el general Lucas García. 

La esencia de toda dictadura es su dominio del poder de manera completa, el poder omnímodo que elimina cualquier oposición, es decir un sistema sin pesos y contrapesos dirigido de manera autoritaria con el control de las instituciones, limitación de la sociedad civil y de los mismos partidos políticos. Es lo que estamos viendo en Guatemala con el accionar del Pacto de Corruptos. 

¿Qué es ese pacto? Por sus frutos lo conoceréis. Se trata de una alianza no pública entre políticos, jueces, militares y empresarios donde las mafias y el narcotráfico tienen una influencia preponderante. El objetivo es la cooptación total del Estado, ya tienen el Congreso y el Ejecutivo, ahora van tras el poder Judicial. La meta es deshacerse de un incómodo Procurador de los Derechos Humanos y de controlar la Corte de Constitucionalidad, además de llevar a algunos de los magistrados de dicha corte a un juicio penal y para eso se coordinan con la cooptada Corte Suprema de Justicia. Les quedaría por último descabezar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI que sería la última traba para el robo total. 

Se trata del saqueo de los recursos públicos sin oposición, de ahí que no extrañe la aprobación de un presupuesto gigantesco, el más grande de la historia del país, que irresponsablemente se le da luz verde sin tener financiamiento. 

La libertad de expresión es poder decir lo que el poder no quiere oír, afirmaba George Orwell. Acallar a la prensa independiente y a la sociedad civil es gravísimo. Guatemala retrocede cincuenta años, sino más. Nuestra historia está ensangrentada por la represión contra aquellos que se atrevieron en el pasado a cuestionar a los corruptos, a los represores brutales y a los discriminadores racistas. Y la historia se está repitiendo ante nuestros ojos. El oscuro Pacto de Corruptos inaugurado por el “kaibil honorario” Jimmy Morales continúa con el doctor Giammattei. Un siniestro plan de herederos de dictadores militares y políticos corruptos como Arana Osorio, Sandoval Alarcón, Lucas García, Donaldo Álvarez, Ríos Montt, Portillo, Baldetti y otros. La falta de memoria histórica corre a favor del funesto pacto que hundirá aún más al país. Estamos viendo el reciclaje de la misma y vieja dictadura.

Este año fue asesinado Mario Ortega, director de San José Total, Canal 12, en Escuintla y Bryan Leonel Guerra del noticiero de cable TL-COM, en Chiquimula. Crímenes aún impunes.

La organización Reporteros sin fronteras ha denunciado la actitud hostil del presidente Giammatei y algunos de sus funcionarios contra la prensa. A comienzos de octubre de este año reventó el escándalo del Centro de Gobierno, cuyo titular es Miguel Martínez, íntimo amigo del mandatario. Martínez comenzó a mediados de septiembre con una denuncia contra un medio digital por el hecho de fiscalizarlo. Y simultáneamente se dio la persecución, difamación y agresiones físicas al periodista Sonny Figueroa por un reportaje para el medio denunciado por Martínez. Sonny Figueroa reveló aspectos que afectarían la imagen del protegido íntimo del Presidente quien salió a defenderlo con verborrea que cuestionaba la libertad de emisión del pensamiento. Sonny se atrevió a no callar. ¿Cuándo se oirá el clamor del pueblo?