“A la prensa se le paga o se le pega” — Álvaro Arzú, expresidente Lo que otros callan se llamaba la columna de la malograda periodista Irma Flaquer. Lo primero que un régimen autoritario elimina es la libertad de expresión. Se corta el acceso público a la verdad y se suprime el derecho a la fiscalización. Lo peor es cuando persigue a periodistas que investigan corrupción o conflicto de intereses que indiquen nepotismo o tráfico de influencias.  Hoy vemos cómo un Congreso cooptado por las mafias, con la anuencia del presidente Giammattei, se apresta a aprobar una legislación mordaza cuyo objeto es opacar la transparencia e impedir la fiscalización, modificando la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP– por medio de la iniciativa 5297 que daría inicio a una instancia manejada y nombrada por el Congreso y los políticos en lugar de la actual estructura con independencia dentro de