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Domingo

La resiliencia comunitaria en la región del hambre


El Corredor Seco se extiende por Centroamérica y en Guatemala lo componen unos 84 municipios. Es un área expuesta a choques climáticos, principalmente sequías prolongadas.

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En el patio de una casa con paredes de adobe y techo de lámina, como muchas en la aldea La Mina, en la parte alta de Jocotán, Chiquimula, un hombre bajito y delgado junto con tres vecinos construye sobre el suelo un depósito para almacenar agua de lluvia. La tarea que dirige Laislao Méndez está por terminar y el grupo celebra porque este método para aprovechar el agua es el primer eslabón de una cadena de prácticas que han permitido a familias muy pobres, disponer de alimentos pese a las sequías, aunque en La Mina el hambre sigue siendo un pesado lastre difícil de ocultar. 

Laislao es el presidente del Consejo de la Microcuenca Oquén, integrada por La Mina y otros cuatro poblados de Jocotán. Las microcuencas son áreas con afluentes como quebradas, riachuelos o pequeños yacimientos de agua. En Chiquimula y Jalapa, estos tipos de organización comunitaria han sido fundamentales para implementar un proyecto que desde mayo de 2015 desarrolla la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), financiado por el Gobierno de Suecia, cuyo fin es fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, de familias en situación vulnerable. 

El programa de la FAO beneficia a 7 mil 68 familias de cinco microcuencas de Chiquimula y Jalapa con asistencia técnica y materiales para aprovechar el agua de lluvia, ríos o nacimientos, con lo cual los usuarios riegan huertos familiares y dan mantenimiento a estanques donde crían tilapias para consumo o venta. Hay lugares donde también se crían conejos y pollos, o siembran plantas ornamentales para vender. 

Sin embargo, este medio no pudo verificar de manera independiente el impacto de las intervenciones, ya que la organización de las Naciones Unidas no evaluó factores como reducción de desnutrición infantil entre las personas a quienes llegó el programa, o consumo de alimentos ricos en proteína animal y vegetal logrados con la implementación de huertos familiares.

El Corredor Seco (del que forman parte Chiquimula y Jalapa, así como otros municipios de Zacapa, Baja Verapaz, Quiché, El Progreso y Jutiapa) es de las regiones más precarias de Guatemala y también de Centroamérica. El Gobierno guatemalteco y las oenegés no paran de llevar alimentos a esta zona, pero los niños siguen muriendo por desnutrición y hay altos niveles de inseguridad alimentaria, es decir: hambre.

De acuerdo con datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y UNICEF, en departamentos como Jalapa y Chiquimula, siete de cada diez niños y adolescentes se encuentran en pobreza multidimensional (vista desde diferentes aspectos y componentes). Según la misma fuente, el promedio nacional de menores de edad en pobreza multidimensional es de cinco de cada 10.  

La inseguridad alimentaria se registra cuando una familia no tiene capacidad de cubrir sus necesidades mínimas de alimentos. Las causas son diversas, pero en los habitantes de Oquén la provocan principalmente la pérdida de cultivos de maíz y frijol por factores climáticos, además de la baja remuneración que perciben las cabezas de hogar por medio de trabajos asalariados o jornales agrícolas en fincas de café en Chiquimula y Honduras, o con el corte de caña de azúcar en el sur del país. 

Para los próximos meses, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) estima que, unos 2.7 millones de personas en todo el país estarán en riesgo de inseguridad alimentaria.

Hay una tercera causa de la escasez de alimentos de calidad en las comunidades como La Mina. Para los más pobres es difícil acceder a granos básicos de consumo diario. En septiembre, el costo de la Canasta Básica Alimentaria fue de Q3 mil 612 (US$466), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El precio de la Canasta Básica Vital fue de Q8 mil 341 (US$1,076). 

Laislao dice que, en los meses de más encierro por la pandemia, el quintal de maíz llegó a costar Q150 (US$19), cuando el precio promedio es de Q135 (US$17). La principal fuente de empleo en la región son los jornales, por lo que a diario una persona percibe entre Q35 y Q40 (US$4.50 y US$5). 

La pérdida de cultivos por falta o exceso de lluvias, bajos ingresos y costos altos han golpeado más fuerte durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas por el gobierno entre marzo y septiembre, debido al coronavirus, coincidieron con la época en la que, a quienes intentan subsistir con alimentos producidos por ellos mismos, se les agotaron y los jornaleros se quedaron sin trabajo porque no podían movilizarse con facilidad. 

Agua, el elemento clave

En el Corredor Seco el promedio de lluvia anual se mantiene entre 500 y 700 milímetros. “El problema es la mala distribución, ya que hay sequías prolongadas o exceso de lluvias, lo cual afecta a los cultivos”, dice Gustavo García, el técnico de la FAO quien coordina el programa de resiliencia en las cinco microcuencas.

Almacenar el líquido es fundamental y puede mitigar el impacto del cambio climático. El depósito que acaba de terminar Laislao Méndez junto con sus vecinos se conoce como cosechador. Se coloca cerca de donde termina el techo de las casas para que cuando llueva, el agua vaya directo a este. Los cosechadores están hechos con un plástico negro flexible llamado geomembrana, que los hace herméticos. 

Los depósitos se pueden fabricar abriendo un agujero ovalado o rectangular en la tierra para luego colocar la geomembrana, parecido a una piscina. También se pueden elaborar sobre el suelo, detenidos con una malla metálica atada a hierros fundidos en concreto y enterrados, formando un círculo. Para conservar el agua, el cosechador debe ser cubierto con una tapa del mismo plástico. 

Por un cosechador pequeño, cada familia beneficiaria paga Q235 al Consejo de la Microcuenca. La tarifa la fija el propio Consejo, que integra ese dinero a un fondo de ahorro para hacer préstamos a los comunitarios. Quien recibe la ayuda, además, debe proporcionar su mano de obra para instalarlo, comprometerse a utilizarlo e implementar las prácticas sobre las cuales los capacitan. El costo real de cada depósito de agua es de Q3 mil 215, pero estos son financiados por la FAO.  

El agua almacenada les sirve para beber. Según datos de la organización, el 92 por ciento de los hogares dentro del programa cloran, hierven o utilizan la radiación solar para desinfectarla antes de consumirla. También les sirve para lavar ropa y bañarse; todos los usos que le puedan dar a un recurso escaso en La Mina, donde las únicas formas de obtener agua son, guardar la que cae durante la época lluviosa o caminar varios kilómetros para transportarla desde un nacimiento. 

Los reservorios individuales tienen una capacidad de 16 mil litros. Pero hay embalses más grandes que pueden abastecer a varias familias, como el de 16 metros de largo por 10 de ancho y 3.5 metros de profundidad construido por comunitarios en un terreno propiedad de un hermano de Laislao, capaz de guardar hasta 450 mil litros de agua. Este cosechador abastece a unas 60 familias de La Mina y también sirve para otros proyectos comunitarios, como el agua utilizada para la construcción de una escuela costeada con fondos de los pobladores. 

Y cuando no llueve, ¿cuál es la otra opción? Se le pregunta a Laislao. “Lo que queda es ir a buscar agua hasta donde se encuentre. Pero aunque sea, poca agua ha habido. Hasta en los años más secos. Lo único es que sí es costoso porque las señoras se van a las 2:00 o 3:00 de la mañana y todavía hacen cola en los ojos de agua. El que llega adelante consigue y el que no, se queda sin nada”, responde.

Adaptarse a la adversidad

Es 11 de septiembre y los pobladores están por recoger sus cosechas. La milpa luce seca, pero es porque las matas recién fueron dobladas a la espera de que las mazorcas empiecen a perder humedad y se puedan cortar. Este año la sequía fue menos dura, porque incrementaron las lluvias; eso significa que habrá un poco más de maíz y frijol que otras veces. Por ejemplo, en 2014 cuando las canículas fueron muy prolongadas, hubo muchas pérdidas y después, mucha hambre.

A partir de la crisis alimentaria de hace seis años, la FAO y el Gobierno de Suecia implementaron el programa para aumentar la resiliencia de las familias, que consiste en darles más herramientas para que se adapten mejor a la variación climática, que ocasiona daños y pérdidas en las bases de sustentación alimentaria de las familias pobres y extremadamente pobres, debido a las sequías en el Corredor Seco, en especial en los departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Quiché.

En otra parte de la Microcuenca Oquén, en la comunidad Oquén Centro, Odilia Pérez y su esposo Víctor Martínez, cuentan cómo han logrado adaptarse a las condiciones desfavorables. 

En el patio de la casa de Odilia y Víctor hay un estanque de unos cuatro metros cuadrados en el que crían tilapias para consumo propio y para vender a sus vecinos. Esto último les permite tener ingresos y comprar otros artículos de limpieza o alimentos complementarios. Junto a la piscina de peces tienen un huerto con cebollines, chile, chipilín, macuy, bledo y una planta rica en proteínas llamada chaya, la cual utilizan para acompañar comidas. 

Odilia cuenta que antes de que el huerto empezara a producir, debían acudir hasta el casco urbano de Jocotán (a una hora de camino en picop de doble tracción), para comprar verduras si querían preparar un caldo. Ahora tienen las verduras a la mano y también venden parte de estas a sus vecinos. En este patio todo se conecta y va atado por el aprovechamiento del agua: el huerto lo riegan con el agua que obtienen del estanque de tilapias, las cuales a la vez alimentan con hojas de chaya y concentrado. 

En Oquén Centro el acceso al líquido también es limitado, aunque no tanto como en La Mina, pues hay servicio de agua entubada. Odilia y Víctor también obtuvieron el estanque de tilapias y el huerto, como los comunitarios de La Mina: pagaron una cuota de Q200 al Consejo, la FAO financió los materiales y ellos aportaron la mano de obra. 

La información del programa para aumentar la resiliencia refiere que, la práctica más utilizada entre las familias fue la de los huertos, pues el 91 por ciento de las 7 mil 68 grupos familiares dentro del programa, cuenta con uno en su vivienda. Víctor dice que, antes del inicio del programa de la FAO, trabajaba por temporadas en fincas cortando café porque había pocas fuentes de desarrollo, pero ahora puede producir sus propios alimentos sin necesidad de irse lejos de su casa por varios días.

En 2016, la producción de hortalizas nativas como chipilín, macuy, hierbabuena, bledo y chaya se registraba en el 34 por ciento de los hogares, según la evaluación previa a las intervenciones. Según datos de la FAO, tres años después de iniciado el programa, la producción de estos alimentos aumentó a 78 por ciento. El cultivo de cilantro, acelga, rábano y cebolla, pasó del 27 por ciento al 69 por ciento. 

Hay otro dato importante dentro del programa de buenas prácticas desarrollado en Chiquimula y Jalapa, que incluyen además la crianza de aves de corral, conejos, utilizar estufas ahorradoras de leña, colocar piso de concreto y repellar paredes. Datos compartidos con la FAO dan cuenta que, entre las familias incluidas en el proyecto, la inseguridad alimentaria moderada se redujo del 17 por ciento, al nueve por ciento y la inseguridad alimentaria severa disminuyó del 42 por ciento al 34 por ciento. Ambos conceptos parecieran lo mismo, pero no lo son. 

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), hay cinco estados de esta. El primero es la seguridad alimentaria general, una condición estable de alimentación; mientras que los siguientes cuatro clasifican a la inseguridad alimentaria en moderada, severa, de emergencia humanitaria y a la peor fase se le conoce como hambruna. 

Una definición de la FAO sostiene que, la inseguridad alimentaria moderada ocurre cuando las familias reducen su calidad y variedad de alimentos que consumen. La inseguridad alimentaria severa se registra cuando empiezan a sentir hambre. Aunque la vulnerabilidad se redujo en las cinco microcuencas, el 34 por ciento de las familias incluidas en el programa siguen padeciendo hambre. 

Manolo Mazariegos, médico nutriólogo del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), sostiene que para garantizar mayor efectividad en este tipo de intervenciones, es necesaria una clara conexión entre la agricultura y la nutrición de las familias, por lo que, para evaluar el impacto se deben identificar los porcentajes de consumo de proteína animal y vegetal; no solo cuantificar la producción alimenticia.  

La experiencia en Los Amates, Jalapa

Una parte clave del programa en varias de las regiones la componen las mujeres. De hecho, el 74 por ciento de las 7 mil 68 familias rurales atendidas por la FAO son hogares con jefatura femenina. Ellas permanecen siempre en la comunidad, no migran a trabajar como los hombres y conocen más las necesidades de sus hogares. 

Empoderarse y que su trabajo sea reconocido es importante para lograr mayor participación comunitaria. Ese papel clave de las mujeres se observa mejor en las comunidades de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula, Jalapa, donde se ubican otras dos microcuencas, la del Río Los Amates y la de La Puerta, también con familias atendidas en el programa de la FAO. 

Sobre el empoderamiento femenino en los sistemas de producción comunitaria, Margarita Gutiérrez, de 30 años, habla con seguridad. Ella es vocal 3 de la Junta Directiva de la comunidad Pinalón, en San Pedro Pinula. 

Margarita cuenta que las mujeres están al frente de prácticas de resiliencia como huertos con sistemas de riego por goteo, conectados a los cosechadores de agua. El agua sirve para regar los huertos, o las plantas decorativas que después venderán en el mercado municipal. En esta región, también hay crianza de conejos para consumo (aunque hay veces que solo los compran como mascotas), así como estanques de tilapias, huertos familiares y riego por goteo para ahorrar el agua.

De las cinco microcuencas que están dentro del programa de resiliencia comunitaria, la de Los Amates es la más exitosa. En esta área, el agua es escasa, pero no tanto como en las aldeas de Jocotán. En San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque hay más vegetación y fuentes de agua; más elementos para una mejor producción de alimentos, aunque en esta otra zona, el uso eficiente del agua es básico para la resiliencia en medio del hambre, desnutrición y pobreza. 

Aunque la organización en consejos de microcuencas ha sido positiva en términos generales y el programa de la FAO ha logrado mejorar la producción de alimentos e implementar nuevas prácticas para el uso eficiente del agua, el proyecto también supone retos porque no todas las familias se comprometen a trabajar, reconoce Gustavo García, coordinador del programa de resiliencia. 

Hay retos en aspectos que van desde la organización y funcionamiento de los Consejos de Microcuencas, hasta los costos que representa la instalación de sistemas de riego o comprar el plástico para recubrir los cosechadores, cuestiona Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, quien sostiene que hay mecanismos para abaratar esos costos, como lo han demostrado otras intervenciones en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

Según la FAO, en todo el programa se invirtieron US$4.1 millones (Q32.5 millones). El otro factor a superar es una debilidad institucional en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), cuyos delegados, quienes también dan acompañamiento a la FAO, son removidos constantemente, lo cual dificulta el seguimiento oportuno a todas las familias. 

El acceso permanente al agua y su buena utilización han sido importantes para que las mujeres de Jalapa, o familias como la de Laislao, Odilia y Víctor en Jocotán puedan hacerle frente a las sequías prolongadas. Sin embargo, estas comunidades del Corredor Seco tienen varios factores en contra que pueden frenar el avance logrado, como una nueva canícula prolongada o inundaciones como las ocurridas en noviembre de 2020. Además, el apoyo insuficiente del gobierno por medio del MAGA para desarrollar nuevos programas, mejorar la producción de alimentos entre las comunidades y atender los ya vigentes; así como concentrar el presupuesto en la asistencia alimentaria hace ver un panorama poco alentador en la región del hambre. 

Territorio Ch’orti’
Parte de lo que hoy es el Corredor Seco, en el oriente de Guatemala, previo a la llegada de los españoles a Guatemala, era ocupado por la etnia ch’orti’. Pero en el siglo XVI y con la colonización se produjo el despojo de tierras a los indígenas, y estas pasaron a manos españolas. Un informe de un grupo de estudiantes del Programa de Ejercicio Profesional Supervisado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), realizado en 2018 en Jocotán, señala que, los habitantes ch’orti’s se vieron obligados a ocupar las regiones más apartadas de los cascos urbanos y más secos. El clima fue cambiando aún más cuando los colonos depredaron los bosques y los suelos fueron perdiendo fertilidad. Actualmente, es una de las regiones más áridas del país.

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo y gracias al apoyo de Open Society Foundations, institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica. Con la mentoría de Perla Trevizo, y la edición de Beatriz Lix y Gerson Ortiz. 

 

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