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Domingo

Casos de corrupción y represión


Nunca hubieran imaginado los jefes militares en el siglo pasado que un día vendría a Guatemala una comisión internacional organizada por las Naciones Unidas, con el apoyo financiero de Estados Unidos y otros países, para investigar la impunidad y mecanismos de corrupción dentro del Estado. La contrainsurgencia surgió del sobredimensionado temor al comunismo, característica de la Guerra Fría, y se convirtió desde el principio en un foco de corrupción. 

Menos hubieran creído que las operaciones encubiertas, que la CIA a través de asesores como John P. Longan vino a desarrollar, habrían de salir a luz cuando el presidente Clinton decidió desclasificar archivos secretos de la CIA.

Los papeles desclasificados describen las macabras maquinaciones y dan nombres de comandantes responsables en los sesentas y setentas: el jefe de gobierno Peralta Azurdia y los coroneles Rafael Arriaga Bosque, Manuel Sosa Ávila, Máximo Zepeda y Osmundo Ramírez entre otros. Todos implicados en desapariciones de ciudadanos. Asimismo, la creación de escuadrones de la muerte como estructuras secretas del Estado. Y los métodos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de los cuerpos utilizando aviones de la fuerza aérea para tirarlos al mar. El crimen perfecto, creían. Nunca pensaron que Estados Unidos descubriría esos crímenes mediante la desclasificación de archivos. Los militares mencionados morirían asesinados por comandos guerrilleros a excepción del coronel Peralta Azurdia que falleció de muerte natural en su retiro en la Florida, donde recibía la visita de amigos y familiares a quienes llevaba a visitar DisneyWorld.

El jefe de la Policía en 1970 era el coronel Máximo Zepeda. Por órdenes del coronel Rafael Arriaga Bosque realizó la “Operación limpieza”, concebida por el agente de la CIA John P. Longan, que culminó en la ejecución extrajudicial y desaparición de 35 dirigentes de la izquierda extrema. El general Manuel Sosa Ávila surgió después como el coordinador de la contrainsurgencia.

Los archivos desclasificados dan a conocer no solo los abusos y crímenes de los jefes militares del siglo pasado, sino también las carencias profesionales, la falta de estructuración de la carrera policial y la corrupción. En un archivo, fechado el 3 de diciembre de 1966, se informa que el coronel Sosa Ávila había pedido más ayuda para escuadrones de la muerte. Sin embargo, en un amplio informe desclasificado de junio del mismo año se resaltaba que ni los comunistas ni la guerrilla tenían capacidad de tomar el poder y no eran ninguna amenaza real. Pero los militares guatemaltecos seguían pidiendo y usando recursos y reprimiendo a la población civil. 

En un archivo desclasificado del 29 de marzo de 1968, el diplomático Viron Vaky expresa al Departamento de Estado su preocupación por el daño a las instituciones en Guatemala debido a las ilegales operaciones contrainsurgentes. Vaky resalta que la contrainsurgencia ha corroído a la sociedad guatemalteca y pone en tela de juicio si esas prácticas están acordes con los valores de Estados Unidos. 

Podemos citar al ex vicepresidente Francisco Villagrán Krámer que lo dijo por medio de una metáfora: “En Guatemala no hay presos políticos sino muertos políticos”. Bastaría comparar la contrainsurgencia guatemalteca con otros países donde también hubo enfrentamiento del Estado con guerrillas. 

En Colombia el 24 de agosto de 2016 se firmó la paz. Las FARC presentaron una lista de 649 militantes presos pidiendo la amnistía. A la fecha hay 192 presos de las FARC cuyas condenas siguen en firme. Por otro lado están los “falsos positivos”. Dos mil 248 personas asesinadas por militares y presentadas falsamente como guerrilleros. Las ejecuciones se realizaron por órdenes superiores, para subir la cuenta de guerrilleros muertos. El 60 por ciento se produjo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Por esta razón están presos exsoldados y oficiales colombianos. Un excoronel reconoce estos crímenes con la esperanza de reducir la pena de 32 años recibida. Genaro Soto ha declarado: “No importaban las capturas, solo los muertos. Se capturaba a la persona pero la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate”.

En Perú, durante el mandato autoritario de Fujimori, fueron apresadas las direcciones de las dos guerrillas, Sendero Luminoso y Movimiento Túpac Amaru. Cientos de militantes fueron condenados a severas penas de prisión. Sin embargo, el mismo expresidente junto a Vladimiro Montesinos y otros militares del llamado Grupo Colina, guardan también prisión por ejecuciones extrajudiciales y desaparición de opositores.

En Uruguay fue apresado Raúl Sendic, máximo líder de la guerrilla Tupamaros, junto a otros dirigentes que fueron condenados a prisión. Entre ellos José Mujica que tras el indulto de marzo 1985 retornó a la vida política y años después fue elegido presidente del Uruguay. Sendic murió en París en 1989 de una enfermedad muscular.

En Chile fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad el exjefe de inteligencia, el general Manuel Contreras. El general Pinochet terminó su vida en arresto domiciliario acusado de corrupción.

En Argentina fue condenado a cadena perpetua el exjefe de Estado general Rafael Videla por 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos. Veintiocho altos oficiales más recibieron severas condenas por delitos similares. Videla fue encontrado sin vida, sentado en un inodoro del penal, muriendo a causa de un paro cardiaco. Tenía 88 años.

En Guatemala ha habido condenas de militares por masacres de campesinos. También un exjefe guerrillero fue condenado por una masacre. Hay casos emblemáticos como Dos Erres. Y la sentencia de exmilitares por violaciones de mujeres y esclavitud en el destacamento de Zepur Zarco. 

Las masacres de ixiles durante el gobierno del general Ríos Montt llegaron al nivel de genocidio confirmó un tribunal competente en septiembre de 2018. Los jueces señalaron por unanimidad que las masacres del pueblo ixil están enmarcadas dentro un plan de exterminio sistemático realizado por el Ejército. Esto convalida la sentencia de 2013.

Se llevan a cabo procesos contra jefes militares de los años ochenta por delitos de lesa humanidad, como el caso Creompaz por 589 osamentas de campesinos encontradas en la exbase militar de Cobán. Está prófugo por este caso el coronel Edgar Ovalle, fundador del partido que llevó a Jimmy Morales al poder. Otro de los fundadores de ese partido, el exmilitar y exdiputado Estuardo Galdámez, también está prófugo acusado de corrupción. El general Antonio Callejas está bajo proceso con otros antiguos jefes, como el general Benedicto Lucas García, por el secuestro y desaparición en 1981 del niño Marco Antonio Molina Theissen

La corrupción ha continuado después de firmada la paz. La guerra contrainsurgente había sido un gran negocio y había que encontrar otras vías para enriquecerse. De manera burda a veces, como el fingido robo de arsenales de armas en cuarteles que luego fueron vendidas al crimen organizado. O por medios ocultos, por ejemplo la llamada Cofradía, red delictiva formada por militares vinculada al contrabando y tráfico de drogas. Otro grupo criminal bajo el nombre del Sindicato, está formado por miembros de la promoción 73 de la Escuela Politécnica y vinculados al lavado de dinero. 

No fue por delitos de lesa humanidad que cayó el general Pérez Molina sino por corrupción, en casos como La Línea y Cooptación del Estado. La clepto militocracia continuó con el ineficiente gobierno de Jimmy Morales y la llamada Juntita con sus desacreditadas promociones 103 y 107 incrustadas en las instituciones. 

La relación de represión y corrupción ha sido constante en la historia de Guatemala. Los mandos militares estuvieron infestados de corrupción durante las campañas contrainsurgentes en los ochenta. Un General de Brigada tenía en el papel entre 3 mil y 3 mil 500 efectivos. Había muchas nóminas inexistentes cuyos salarios y costos (tres mil tiempos de comida diarios, uniformes, etcétera) iban a los bolsillos del General y sus allegados. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo sabían y, ante las violaciones exageradas de los derechos humanos, la ayuda al Ejército guatemalteco fue cortada.

 

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