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Más de un millón de personas requieren de asistencia alimentaria en el Corredor Seco. Y más de 17 mil casos de desnutrición aguda se registran en todo el país. Esto, en el marco de una crisis económica agravada por la pandemia.
Blanca Lidia López vive en una precaria casa de adobe en la aldea Naranjo, Jocotán. En este municipio de Chiquimula no es el único caso. Ella convive con cuatro hijos, su mamá y dos hermanos. La situación se le ha tornado cada vez más difícil en las últimas semanas por la falta de trabajo. Hasta el punto de que las tortillas con sal han sido su único alimento. Es cierto que ha recibido dos veces la bolsa de refacción escolar del Ministerio de Educación, pero esta se acaba pronto. No ha recibido otro tipo de ayuda de los programas de gobierno creados a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19. No los conoce. A sus 28 años es sobreviviente de violencia doméstica. En 2011, su entonces cónyuge la atacó a machetazos. Ahora, él guarda prisión. Producto de ello tuvo un aborto, perdió un ojo y uno de sus pies quedó
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