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Domingo

La política laboral en Guatemala durante el COVID-19 a la luz de la experiencia latinoamericana


Por: Pamela Castañeda Martínez1, Christina Nicolle Castillo Rodas1, Edwin Ramirez1, Isabella Sandoval1 y Benjamin Leiva2

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El COVID-19 ha forzado una reducción de la actividad económica que ha afectado alrededor del 80 por ciento de la fuerza de trabajo global (OIT, 2020). La contracción a gran escala del trabajo ha puesto a millones de trabajadores y sus familias en riesgo de perder su ingreso y sus medios de subsistencia, estimándose una pérdida equivalente a 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo durante el segundo trimestre de 2020 en todo el mundo, y a 24 millones en las Américas (OIT, 2020). En América Latina y el Caribe se espera la mayor crisis conjunta que haya experimentado la región en la historia con una caída del PIB de 5.3 por ciento (CEPAL/OIT, 2020), unos 11.6 millones de desempleados más que en 2019, y un aumento de la pobreza de 28.7 millones de personas (CEPAL, 2020).

Los gobiernos han implementado diversas políticas para contener el impacto de la pandemia en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares. Hemos revisado la experiencia en torno a ocho políticas laborales en 18 países y sintetizado los cambios más importantes que podría adoptar el Gobierno de Guatemala para mejorar su política laboral durante el COVID-19 a la luz de aquellas adoptadas en la región. Los países y políticas analizadas se listan en el Cuadro 1. También se describen brevemente otras políticas de apoyo a los hogares. La información fue obtenida del mapa de medidas y acciones a nivel nacional elaborado por CEPAL y su Informe Especial COVID-19 N° 3 (CEPAL, 2020), y complementado con informes de la OIT (2020), la CEPAL y la OIT (2020), el BID (2020), Deloitte (2020) e información pública de gobiernos. El informe completo está en la página web de la UVG.

En Guatemala solo se han adoptado dos de las ocho políticas laborales listadas (ver Cuadro 1 para un resumen comparativo). Las dos políticas adoptadas han sido licencia laboral remunerada y protección laboral. Se han adoptado otras políticas para apoyar hogares, como el “Bono Familia”, pero estas no son políticas laborales propiamente tales.

La adopción en Guatemala de más políticas laborales podría ayudar a minimizar la pérdida de trabajo e ingresos, el daño económico a los hogares, y la consiguiente tensión social. Las políticas que se podrían adoptar son:

1) Licencia por enfermedad remunerada a personas contagiadas o en cuarentena a raíz del COVID-19. Esto podría implementarse con un pago directo como en Perú o bien en base al IGSS como en Costa Rica. 2) Seguro de desempleo a personas que pierdan su trabajo dada la coyuntura. Sería lógico que este nuevo seguro sea implementado a través del IGSS con nuevos aportes del gobierno como lo ha hecho Colombia. Una vez superada la crisis, la mantención de este seguro con aportes tripartitos entre trabajadores, empleadores y el Estado contribuiría de forma importante a la seguridad social del país. 3) Licencia de trabajo opcional para que se puedan usar las vacaciones para minimizar el impacto económico sobre empresas. Esto mantendría salarios y evitaría despidos, como lo ha hecho Brasil y Paraguay. 4) Prohibición de despido de trabajadores haciendo uso del Fondo de Protección de Empleo y en empresas que no tengan una justificación objetiva para invocar fuerza mayor (e.g., caída en ventas debe ser mayor al 20 por ciento para poder hacer despidos). Esta política, tal como se ha implementado en Colombia, El Salvador y Brasil, busca evitar el aprovechamiento deshonesto del empleador por la coyuntura.

Por otro lado, la reducción de horas de trabajo y el teletrabajo han ocurrido de facto sin ser normados. Formalizar estas nuevas modalidades laborales serviría para evitar abusos, malentendidos y conflictos. La regulación de la reducción de horas de trabajo podría basarse en las iniciativas de México y/o Costa Rica, mientras que la del teletrabajo podría basarse en la de Panamá y/o Chile.

Es importante considerar que estas propuestas pueden no causar mayor impacto por la baja cobertura que tendrían al limitarse al sector formal, y por la baja capacidad de ejecución del Estado. Lo primero resulta problemático ante una informalidad del 70 por ciento (INE, 2018), lo que no tiene una solución de corto plazo. En el mediano plazo se podría aumentar la formalidad promoviendo las iniciativas de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (Mintrab, 2017). Lo segundo ha sido resaltado por la baja ejecución presupuestaria (un uno por ciento de los fondos asignados al 14 de mayo) de los fondos de emergencia del COVID-19 (Cuevas, 2020), e implicaría que las políticas laborales, aunque estuvieran bien intencionadas y escritas, carecerían de fuerza para hacerse respetar. Este problema tampoco tiene una buena solución de corto plazo, y en el mediano plazo podría abordarse a través de reformas al Servicio Civil y al Sistema de Compras del Estado.

1 Estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala 2 PhD. Profesor e investigador del Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala

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