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Domingo

La Corte de Constitucionalidad, ¿árbitro o garante de la constitucionalidad de las Leyes?


Sociedad de Plumas

La idea de los tribunales constitucionales en la historia surge en la Europa del siglo pasado, y el propio Hans Kelsen, en 1928, lo menciona como un órgano que ejercería funciones distintas a las de los otros tribunales. La Corte de Constitucionalidad debe de ejercer funciones diferentes a las del resto de órganos de poder, con total independencia, para anular los actos inconstitucionales de cualquiera de estos otros órganos, sin otro interés más que velar por la preeminencia de la Constitución, y por lo tanto, ejercer lo que se conoce como el “control de la constitucionalidad”.

Guatemala fue uno de los primeros países de América Latina en adoptar la idea de un Tribunal de Constitucionalidad, lo que quedó perfeccionado en la Constitución Política de 1985. Es necesario mantener en mente el origen de la Corte de Constitucionalidad frente a los continuos debates que llegan a las puertas de este supremo órgano con afán de lograr una declaración política, o que dicha Corte empuñe la tarjeta roja como en un partido de fútbol en el que va perdiendo el equipo querido de la afición.

Pretender que la Corte de Constitucionalidad ejerza una función mediadora, y más aún arbitral, y que determine qué equipo tiene la pelota para lograr el siguiente tiro de esquina, es un error craso. El Tribunal Constitucional no fue diseñado para ser el Emperador romano que al compás de los vítores del pueblo levanta y baja el dedo para decidir quién muere, entendiendo que si la plebe grita fuerte por la vida y lo deja vivir será considerado una Gran Tribunal, y que por el contrario fallar en contra del clamor popular, le restará popularidad.

Esto está sucediendo en el caso que llega nuevamente a la sede de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala con el análisis de la constitucionalidad de una Ley emitida en medio de una de las peores crisis que la humanidad ha enfrentado, el Decreto 15-2020 “Medidas adicionales de protección para población de los efectos económicos provocados por la pandemia COVID-19”.   

Este Decreto ha generado una lucha de poderes, pues el Organismo Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que la Constitución le otorga, ejerció el derecho al veto por razones que, a su criterio, hacen de ese Decreto una Ley Inconstitucional.  Sin embargo, el Congreso de la República, considerándolo dentro del espectro de la Primacía Legislativa, procedió a rechazar el veto y a publicar el Decreto, en contra de fuertes debates, acciones legales, reclamos y cuestionamientos políticos.

Derivado de ello, múltiples acciones de inconstitucionalidad no se hicieron esperar y tocaron las puertas de la Corte, siendo ahora el momento en el que este máximo órgano debe de ejercer su papel original como verdadero juez constitucional.

Se requiere que la Corte de Constitucionalidad haga el análisis del Decreto 15-2020 a la luz de la Constitución, porque hacerlo de forma contraria socavaría aún más la confianza en el sistema jurídico de nuestro país.

Es comprensible que, en medio de una crisis como la que el COVID-19 ha provocado, los Organismos del Estado propongan políticas y acciones que luego tomen forma legislativa, para mitigar los efectos o apoyar a la población en diferentes aspectos.

El Decreto 15-2020 tenía una intención clara, dirigida a apoyar a aquellos guatemaltecos que están en situación de vulnerabilidad, y que hoy no le pueden hacer frente a esas obligaciones. Dice la conocida frase que “el diablo está en los detalles” y fue en esos detalles en los que la intención no fue plasmada en el referido Decreto 15-2020 como debería de haber sido, y por lo tanto, es de suma relevancia plantearse si esta Ley pasará la prueba de ácido, la prueba de la constitucionalidad.   Existe la creencia errónea de que en medio de un Estado de Calamidad Pública todo se vale, y que pueden obviarse los procesos encaminados a velar porque las leyes y disposiciones de un país cumplan con el orden jurídico; y es todo lo contrario, pues es bajo estas circunstancias que el Tribunal Constitucional debe ser  el mayor vigilante y garante del cumplimiento y preeminencia de la Constitución para evitar rompimientos constitucionales que puedan llegar a ser irreversibles.

Urge entonces que la Corte no se constituya como un árbitro que pretenda mediar o determinar al equipo que cometió la falta, sino que se constituya en el Tribunal que defiende la Constitución, y regrese el sistema legal al orden, determinando si la ley cumple o no con los presupuestos esenciales para nacer a la vida jurídica y permanecer en ella.

El tiempo es esencial pues el silencio puede ser un pulgar apuntando al suelo, ya que, si la Corte de Constitucionalidad no resuelve apegada a los plazos establecidos en la Ley, de nada servirá resolver cuando la emergencia haya pasado, pues sus efectos negativos habrían ya afectado a nuestro país.

Más de 13 amparos fueron presentados para suplicarle a la Corte de Constitucionalidad el ejercicio de su deber establecido en el artículo 272 de la Constitución, antes que el tren saliera de la estación, pero el silencio imperó.

Mientras transcurren los días, hoy rige en Guatemala una Ley que fue cuestionada desde su origen, y que, a criterio de abogados constitucionalistas, y del mismo Presidente de la República, tiene disposiciones que atentan contra el orden constitucional y los pilares esenciales del mismo, tales como el Derecho a la Igualdad.

Un lado de la barra apoya la ley como la panacea para, dicen, “evitar que la población se quede sin suministro eléctrico”, y el otro lado de la barra expone incansablemente cómo la ley hace insostenible el servicio eléctrico y consecuentemente provocará que no solo una porción, sino que toda la población se quede sin el mismo.

Hoy habiendo partido el tren de la estación con un rumbo desconocido y de consecuencias peligrosas, se acude nuevamente esperando que haya unos jueces que en medio de esta crisis ejerzan su función, una NO política ni popular, sino una función estricta, jurídica, mesurada, y que en el análisis del Decreto 15-2020 no escuchen a las barras, sino que ejerzan el control de la constitucionalidad de las leyes y NADA MÁS. 


Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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