“Nuestra situación es preocupante. En un espacio de 2 x 2 metros, adecuado para dos personas, vivimos seis. En cada sector, apto para 60 mujeres, llegamos a ser 179. Hay siete sanitarios y una ducha. Vivimos en condiciones poco humanas. No tenemos el distanciamiento social que, según el Sistema Penitenciario (SP), se debería tener; además, entre nosotras hay personas de la tercera edad con enfermedades crónicas, muy propensas a un contagio por el COVID-19”.

Este es uno de los 12 testimonios que son la base de esta nota. Son 12 mujeres de las 1,512 que permanecen en la prisión de Santa Teresa, ubicada en la zona 18 de la capital. Sin citar nombres por razones de seguridad, sus quejas incluyen derechos elementales como falta de agua y escasez de medicinas. Asimismo, comida insuficiente.

“Tenemos algo así como 1.64 metros para cada una. En ese espacio comemos, dormimos, pasamos el día, guardamos nuestras cosas. No hay más. Por órdenes de la directora están cerrados los sectores. Debemos permanecer allí las 24 horas. Rogamos que nos den 30 minutos de canchas para salir y estirarnos cada día, pero no siempre autorizan”, relata *Carla.

Ella tiene casi tres años de vivir en Santa Teresa. El ambiente es hostil y con facilidad surgen las peleas y los enojos. Es demasiado apretado el aire que allí se respira. El aislamiento para las de nuevo ingreso no cumple con las mínimas medidas sanitarias. “Después de estar en un área educativa durante 15 días durmiendo en cartones con otras 26 mujeres, salen a los sectores a mezclarse con las demás. Sin ningún control médico ni pruebas”.

Guatemala ocupa el cuarto lugar entre los países con mayores tasas de hacinamiento de cárceles en el mundo: un 372 por ciento. En Latinoamérica se tiene la tasa más alta en ocupación, con una población total de 26 mil 192 privados de libertad. Esto, de acuerdo con Corinne Dedick, experta en seguridad del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN) con base a la página de prisonstudies.org en 2019.

“Para un espacio carcelario hay cuatro personas en promedio. Actualmente, la tasa de ocupación en el Sistema Penitenciario (SP) es de 380 por ciento”, informa.

Dentro de estas cifras, las prisiones femeninas son las que se encuentran más abarrotadas, a pesar de que representan el 11 por ciento de la población carcelaria, algunas embarazadas y hasta con hijos. “Tienen menos espacio”, explica Dedick. En este contexto, la única o principal medida de protección frente al COVID-19 ha sido restringir las visitas. El peligro de un contagio masivo se vive día a día. “Si aquí no ha entrado la enfermedad ha sido por la misericordia de Dios”, expresa una de ellas.

El agua a cuentagotas

Las condiciones de salubridad en el Preventivo es una de las quejas más recurrentes. El agua se pone dos horas en la mañana y dos por la tarde. Hacen colas de una hora y media para bañarse durante cinco minutos y colas para usar el sanitario, el cual muchas veces está sucio.

“Una de nuestras preocupaciones es que tenemos agua solo por algunas horas, nuestra familia nos ha dado alcohol en gel y mascarillas. Sin embargo, aseguran que la directora del penal, por medio de una circular, les ha prohibido el uso de alcohol en gel, además de carecer de insumos de limpieza. “Muchos piensan que deberíamos morir como ratas”, dice Chus, una mujer de la tercera edad, diabética e hipertensa que tiene dos años y medio de estar en Santa Teresa.

Otra de ellas, *Marta, añade que donaron dos bombas para desinfectar encomiendas y no se usan. Regalaron cloro y tampoco se usa. Existen dos formas de contagio: por los guardias o por las encomiendas. “Pareciera que buscan matar a las 1,500 mujeres de aquí. La mayoría no hemos sido condenadas, pero sí lo estamos a sufrir maltratos, hacinamiento y escasez de agua. Somos una población lastimada, dolida, piensan que todas somos culpables y que no tenemos derecho a un futuro”.

De manera que, ante la falta de espacio y ventilación, agrega *Alba, “mantener puesta la mascarilla durante horas resulta ilógico”.

Una población enferma

“Cuando vamos a la clínica, la doctora nos trata con desgano, desprecio y comentarios ofensivos”, comenta Alba. “No hay ni acetaminofén. La medicina me la trae mi familia cada mes. Con todas las limitaciones, sobrevivimos”, añade Chus.

Otto Paz, relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, expone que el SP no cumple con los lineamientos internacionales de cómo debe estar una persona en prisión, como las reglas Mandela y las de Tokio. “Los derechos constitucionales y humanos establecidos son prácticamente nulos”, expresa. En cuanto a esto destaca el número de fallecidos, 23 en el curso de este año (incluyendo uno el pasado 28 de mayo), de los cuales tres han sido mujeres. De acuerdo con el SP, estos fueron a causa de enfermedades crónicas.

Uno de los derechos es el acceso a la salud. Paz recuerda una visita a Santa Teresa donde encontraron a una joven que sufrió un derrame cerebral. La habían llevado al Hospital General, le pusieron un hule en la boca hasta la oreja y le dijeron que masticara chicle. “Se violenta el derecho a la vida, debido a la falta de atención médica oportuna. El medicamento es escaso y hasta vencido”, indica Paz.

Dedick subraya que la población carcelaria en general no suele estar en buenas condiciones de salud, ya sea por las condiciones de alimentación, sus propios antecedentes o el estrés, además que no se logra el aislamiento al cien por ciento. Todo esto, advierte, puede potenciar una crisis; en el caso de la pandemia, de contagios masivos, que derive en un colapso en el sistema de salud pública.

La comida no alcanza

“El rancho es horrible. Lo peor es que no alcanza para todas. No hay privilegios para las de la tercera edad como yo, incluso somos víctimas de las más jóvenes”, indica *Chus.

La alimentación proporcionada por el SP para las reclusas se conoce como “rancho”. Algunas se ayudan con comida que les llevan sus familiares por encomienda. No se permite el ingreso de frutas, avena o leche. “De forma legal no, pero ilegalmente se encuentra de todo”, aclara *Ruth.

“Es fatal, es inhumano, es nuestro diario vivir”, dice Esther. En general se quejan de que las raciones son pequeñas, a veces la comida llega descompuesta y generalmente llevan una dieta a base de frijoles, tortillas, pan, pasta. Esta comida se les reparte en cubetas.

“Es un infierno el que se vive aquí”, dice *Juana, quien admite: “hemos cometido errores, los aceptamos, pero también necesitamos nuestros derechos, somos personas”.

El relator Paz considera que debe tomarse en cuenta la relación entre los menús presupuestados con lo que se sirve a los privados en general. Por ejemplo, en los presupuestos aparece la carne, pero los privados señalan que tienen años de no probarla. Además, el alimento se reparte en forma poco higiénica, y no es suficiente.

Falta una política penitenciaria

Hacia el año 2000 el Sistema Penitenciario tenía alrededor de 6 mil presos. “Era manejable”, indica Dedick, además que no era un tema al que se le prestara mayor atención. Fue en la primera década de este siglo que la cantidad empezó a aumentar a unos 8 mil reclusos. Entonces se habló más del control interno y los negocios ilícitos al interior de estos centros.

Fue a partir de 2010 que se dispara el crecimiento en el número de privados. Cuando se da esta aglomeración de personas se dificulta el control carcelario, con un personal que opera con déficit y poco capacitado, explica.

Por otro lado, el perfil de los reclusos ha cambiado. Ahora se tienen exfuncionarios, narcotraficantes, empresarios, pandilleros. “Pero la institución no se ha adaptado a esta evolución en cuanto a manejo de tecnología y criminalidad. Tampoco se da abasto en calidad y cantidad de atención, ni en programas de rehabilitación”, señala la experta.

Por lo anterior, el Sistema Penitenciario en Guatemala opera como en el siglo pasado. En los últimos cinco años no se ha avanzado en medidas alternas, ni en la construcción de más centros carcelarios.

En cambio, los demás países centroamericanos sí han logrado detener o reducir la tasa de hacinamiento. Por ejemplo, El Salvador ha invertido en infraestructura carcelaria en los últimos cinco años, Honduras también; Nicaragua ha optado por liberar presos, como Panamá, en menor medida; y en Costa Rica, han combinado infraestructura con medidas alternas, señala Dedick, quien hizo un estudio regional al respecto.

El fondo de esta problemática combina una serie de factores. Uno de estos es la falta de una política penitenciaria, cuya principal causa es la alta rotación de los altos mandos en la dirección del SP. Además de la burocracia, no hay planificación estratégica, cuando viene nuevo personal, cambia y deja fuera lo anterior. “El Director General, en promedio, se mantiene en el cargo de seis a ocho meses. En este gobierno, ya vamos por el segundo”, recuerda.

El relator Otto Paz coincide con la analista en que el problema de fondo es la ausencia de una política penitenciaria, con el agravante de la inestabilidad de los altos mandos.

En cuanto a la corrupción, es vox populi el control de algunos reclusos sobre el resto de reos, así como el dinero que se reparte entre los distintos mandos del SP por cobros como la famosa “talacha” (impuesto) y demás. Sin embargo, es un asunto que nadie se atreve a denunciar, menos de investigar.

Medidas alternas, lentas o en el olvido

Una de las razones de la sobrepoblación carcelaria se debe también a la lentitud del sistema de justicia. Por un lado, por el retraso y acumulación de expedientes que debe emitir el SP a los juzgados de Ejecución Penal. Según la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, esta institución acumula hasta 2 mil 121 informes de conducta de los privados de libertad pendientes. “Este paso es necesario para que el juez otorgue incidente de revisión para la redención de pena”, explica el relator Paz.

Por otro lado, la mora judicial que caracteriza estos procesos. “Para que una sentencia quede firme, pueden tardar de seis a siete años, en promedio”. A este escenario se suma que algunos procesos judiciales se van a reprogramar hasta 2024, debido a la pandemia.

Otro más de los proyectos engavetados es la Ley de Control Telemático. Este consiste en la colocación de un dispositivo (brazalete) de control electrónico para la persona sujeta a proceso penal, y garantizar el cumplimiento de medidas sustitutivas. El Decreto 49-2016 fue aprobado y cuenta con un reglamento desde 2018. Según el Relator, el Ministerio de Gobernación ni siquiera tenía programado este gasto en el presupuesto de 2019. Al parecer, es un proyecto cuya primera fase superaba los Q50 millones. Hasta el momento, se desconoce el estatus.

Días grises

Al interior del penal, las horas transcurren en monotonía, tensión y hostilidad. Historias que nunca olvidarán, pero que saben jamás saldrán a luz. “Suceden vejámenes día con día”, dice Carol. “El estrés es fuerte, todo mundo pelea por lo mismo, porque queremos estar cómodas”, añade otra. “Mi salud empeora cada vez más; sufrimos, lloramos, estamos como muertas en vida”, expresa Chus con voz temblorosa.

Hay cinco casos confirmados de COVID-19 en distintos centros carcelarios

Hasta el momento, hay dos casos de reos contagiados por COVID-19, quienes estaban  en el Centro Preventivo de Quetzaltenango, a cargo de la PNC. Esta semana se conoció un tercer caso positivo, de un privado que estaba en el Preventivo de zona 18 y que murió el pasado 28 de mayo en el Hospital Roosevelt. A esto se suman, dos privadas que dieron positivo, de un centro carcelario ajeno al control del Sistema Penitenciario, que ya están aisladas, en Fraijanes II, confirmó el Ministerio de Salud.

El tercer caso, tenía dos meses de aislamiento por enfermedad. Los protocolos de seguridad fueron rápidos. Se hicieron 40 pruebas de hisopado con resultados pendientes. Permanecen en cuarentena como parte del protocolo de seguridad en el Centro Fraijanes II, espacio que se habilitó como hospital temporal mixto para los privados de libertad que estén contagiados por coronavirus. Este tendrá capacidad para 463 personas. De momento tienen 180 camas.

El director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, quien asumió el cargo el pasado 1 de abril, indica que se han extendido los turnos de los guardias penitenciarios hasta por 21 días. Asimismo, tiene asignado un presupuesto de Q31 millones para atender la emergencia del COVID-19 en los centros carcelarios, con eventos próximos a publicarse en la página de Guatecompras.

Explica que parte del problema de sobrepoblación actual lo atribuye al Toque de Queda, lo que llegó a topar los picos de reclusión, pero se ha ido desfogando en el curso de la cuarentena, ya sea por el pago de la multa o porque las autoridades policiales ya no actúan en forma tan drástica.

Por otro lado, para despoblar los centros carcelarios ante la pandemia, expone que se está trabajando con mayor celeridad en los más de 2 mil expedientes atrasados para los abogados de los reclusos. “Antes el ritmo eran seis mensuales, ahora hacemos cien en un mes”, indica.

Sabe de la importancia de las medidas de higiene. Por eso niega que no se desinfecten las encomiendas. “Exigimos la limpieza profunda de cada paquete. Incluso, toca educar a las visitas que no llevan esto en forma adecuada, lo cual complica la revisión”.

Ciertamente, reconoce el problema de escasez de agua en casi todos los centros y el peligro que representa la falta de higiene. Ante esto, trabaja en varios proyectos. Estos son: cisternas subterráneas, tinacos industriales y cisternas de agua exteriores.

Escobar Ovalle afirma que uno de sus ejes de trabajo es mejorar la calidad y cantidad de los menús de comida. Admite que al asumir el puesto detectó el estado precario que durante años ha atravesado la institución. No obstante, y a pesar de las dificultades del cargo, uno de los objetivos de su gestión es no abandonar a la población carcelaria. “Hasta el momento, no ha habido motines, ni descontento, con algunas excepciones”.

*Nombres Supuestos.