El sistema eléctrico en Guatemala ha tenido varias fases, siendo las dos últimas de ellas, la que va del año 1960 a 1995 y del año 1996 a la actualidad. La primera de las fases citadas se caracterizó por racionamientos y cortes, falta de inversión, suministro excesivamente caro o inexistente, índice de cobertura menor a un 50 por ciento, en síntesis, el sistema eléctrico estaba colapsado.

En el año 1996, se da un paso fundamental para el desarrollo de Guatemala y del subsector eléctrico con la emisión del Decreto 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, creándose las condiciones para que el sector privado tomara un rol importante como inversor y por su parte el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) –como órgano técnico– tomó el rol de supervisor. En esta segunda fase y sobre todo en la última década, el sector eléctrico ha sido un motor en el desarrollo del país, con inversiones aproximadas de alrededor de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, ese desarrollo puede verse afectado ante la posibilidad de la entrada en vigencia del Decreto 15-2020, a través del cual, el Congreso de la República pretende con medidas políticas y populistas, que harían colapsar el sistema eléctrico, modificar regulaciones técnicas, que se fundamenta en modelos de eficiencia, con el agravante que dicho decreto tiene un vicio interna corporis, que sería motivo suficiente para que no entrara en vigencia, como explicaremos a continuación.

El Congreso de la República aprobó la iniciativa de Ley 5745, que contiene el Decreto 15-2020, denominado “Medidas adicionales de protección para población de los efectos económicos provocados por la pandemia COVID-19”.

El 28 de abril de 2020, el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, vetó el Decreto 15-2020 del Congreso de la República, señalando que contenía inconstitucionalidades.

El 30 de abril de 2020, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo 12-2020, por medio del cual acordó: i) rechazar el veto presidencial del Decreto 15-2020; y, ii) devolver el expediente respectivo al Organismo Ejecutivo, para que se procediera a la sanción y promulgación del Decreto 15-2020.

Al procederse de la manera anterior, el Decreto 15-2020 tiene un vicio interna corporis, ya que lo que correspondía al Congreso de la República era solicitar a la Corte de Constitucionalidad (CC) una opinión sobre las inconstitucionalidades señaladas por el Presidente de la República, lo cual no se hizo, vulnerándose con ello la Constitución Política de la República de Guatemala.

A este respecto la actual CC dentro del Expediente 2105-2016 resolvió “[…]De esa cuenta, en el presente caso, al haberse rechazado el veto presidencial, sancionando la ley impugnada, sin que previamente se hubiere requerido y emitido la opinión de esta Corte, se concluye en la existencia del vicio interna corporis denunciado […]”.

Lo anterior implica, que el criterio de la CC es que el Congreso de la República debió de pedir como acto previo a dicha corte, una opinión y al no haberlo efectuado, se produce el vicio interna corporis señalado.

Además de lo ya indicado, el Decreto 15-2020 en su Artículo 2 regula que no se puede suspender el servicio de energía eléctrica aunque no se reciba el pago del mismo, lo cual pone en una situación crítica a los distintos eslabones que componen la cadena de suministro (generador, transportista, distribuidoras).

Datos preliminares establecen que de entrar en vigor el Decreto 15-2020, entre un 70 por ciento a 75 por ciento de los usuarios de EEGSA, Deorsa y Deocsa no pagarán la factura del suministro de energía eléctrica, generando una afectación en el flujo de las distribuidoras de alrededor de 525 millones de quetzales mensuales. Del monto señalado, alrededor del 80 por ciento es utilizado por las distribuidoras para pagar a los otros agentes del sector (generador, transportista), municipalidades y fisco, lo cual no ocurrirá, al no tener el flujo necesario que le permita cumplir con sus obligaciones.

Ahora bien, si las distribuidoras no pueden pagar sus compromisos ante los generadores, estos también comenzarán a tener problemas de flujos que les imposibilitará pagar a quienes le suministran insumos (combustible), que en algún momento podría implicar cortes del suministro a las distribuidoras y de estas a sus usuarios, pero además no debemos de olvidar, que un buen número de generadores tiene compromisos con bancos del sistema nacional y fuera de plaza, por montos superiores a 15 mil millones de quetzales que implicaría que dejarían de cumplir posiblemente con los pagos de capital e intereses, afectándose también al sector financiero.

Otros afectados con la entrada en vigencia de la citada ley serían las municipalidades, que dejarían de recibir alrededor de 38 millones de quetzales de Deorsa y Deocsa y alrededor de 32 millones de quetzales de EEGSA en concepto de lo recaudado por la tasa de alumbrado público.

Así las cosas, si la intención de los diputados fue ayudar a mitigar los efectos del COVID-19, con la emisión del Decreto 15-2020, consideramos que no tomaron en cuenta los factores que se han mencionado y que afectan no solo a los agentes del subsector eléctrico, sino también a las municipalidades, al fisco y al sector financiero, lo cual sin duda implicará que el remedio será peor que la enfermedad.

*Rafael Briz es abogado experto en el subsector eléctrico.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.