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Domingo

Una pandemia no es tiempo para sanciones económicas estadounidenses


Economía y justicia

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NUEVA YORK – Los últimos años, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso unilateralmente duras sanciones económicas a varios países a cuyos gobiernos pretende castigar. Estas medidas son inhumanas, violan el derecho internacional y provocan dolor y sufrimiento a las mismas personas que Estados Unidos afirma querer ayudar. Ahora que el mundo entero enfrenta la pandemia de COVID‑19, las sanciones estadounidenses también son un peligro directo para la supervivencia de la gente de esos países y de todas partes. Deben levantarse de inmediato.

No es coincidencia que la pandemia esté afectando duramente a Irán y Venezuela, dos blancos de las sanciones estadounidenses. Irán solo tiene el 1.1 por ciento de la población mundial, pero un asombroso 11.2 por ciento de las muertes por COVID‑19; Venezuela, por su parte, parece estar al borde de un brote a gran escala, si se juzga por la veloz propagación de la enfermedad desde su primer caso diagnosticado hace doce días.

Las sanciones estadounidenses debilitaron las infraestructuras sanitarias de ambos países, al reducir el acceso a divisas extranjeras y la capacidad de importar suministros médicos clave. Hay estudios que muestran que en Venezuela, las sanciones financieras y contra el sector petrolero costaron al menos US$17 mil millones por año desde 2017, o sea más de cuatro veces las importaciones venezolanas no petroleras. Es verdad que las sanciones no son la única causa del derrumbe de la economía, pero fueron el factor principal de la enorme contracción económica de 2019, durante la cual Venezuela perdió un tercio de su PIB. Como advirtió el pasado agosto la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, las sanciones “son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”; conllevan en particular “implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación”.

También en Irán, las sanciones tuvieron un efecto drástico sobre la economía. La producción de petróleo se redujo 1.8 millones de barriles diarios, hasta casi la mitad del nivel previo a las sanciones, después de que la administración Trump se retiró del pacto nuclear de 2015. En octubre pasado, Human Rights Watch informó que las sanciones económicas de Estados Unidos están “causando sufrimiento innecesario a la ciudadanía iraní”, y que las consecuencias para los pacientes con enfermedades raras pueden ser “catastróficas”. Irán tiene la segunda tasa de mortalidad por COVID‑19, solo superada por la de Italia.

Las sanciones económicas se basan en la idea de que incrementar el padecimiento cotidiano de la población de un país aumentará la presión sobre su gobierno. Como expresó en febrero de 2019 el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, tras la reanudación de las sanciones, “las cosas para el pueblo iraní están mucho peor, y estamos convencidos de que esto llevará al pueblo iraní a rebelarse y cambiar la conducta del régimen”.

En vez de suspender las sanciones económicas durante la pandemia, la administración Trump de hecho las reforzó, lo que dificulta todavía más a los países afectados el acceso a divisas extranjeras y agrava el efecto del derrumbe global de precios del petróleo. La semana pasada, mientras la cifra de muertes en Irán llegaba al millar, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a nueve empresas, incluido un fondo de pensiones, por comerciar con el sector petroquímico iraní. El 12 de marzo, Estados Unidos sancionó a una empresa rusa por colaborar en la venta de petróleo venezolano al extranjero, al tiempo que presionaba a empresas de la India, China y España para que interrumpan todas sus compras a Venezuela. Como resultado de las sanciones, los pocos operadores que todavía están dispuestos a comprar petróleo venezolano están pidiendo descuentos de hasta US$23 por barril, lo que obliga al país a vender por debajo del costo de producción y destruye su única fuente de

ingresos importante.

Las autoridades estadounidenses sostienen engañosamente que las sanciones prevén excepciones humanitarias para determinados bienes, pero quienes comercian con Irán saben que es mentira. Es como decirle a alguien que acaba de quedarse sin trabajo ni ingresos que todavía puede ir a la tienda a comprar lo que quiera. Además, las sanciones económicas no solo reducen la capacidad del país afectado para pagar suministros esenciales, sino que también aumentan drásticamente el riesgo regulatorio y reputacional de tener cualquier clase de trato con ese gobierno. De modo que casi todas las empresas del sector privado deciden no correr el riesgo, o cobran altas comisiones por hacerlo.

Además, cumplir las cuarentenas y medidas de distanciamiento social recomendadas por los expertos en salud pública para cortar la pandemia de COVID‑19 es casi imposible a menos que los gobiernos puedan compensar a los trabajadores que se deben quedar en casa. Países con las finanzas públicas maltrechas por las sanciones tienen poca capacidad para financiar esos subsidios. Por eso Irán y Venezuela pidieron al Fondo Monetario Internacional ayudas de emergencia para enfrentar la pandemia. Hasta ahora, la respuesta del FMI al pedido de Venezuela fue que no puede tenerlo en cuenta hasta que sus miembros se pongan de acuerdo respecto de cuál de las dos facciones políticas venezolanas en pugna es el gobierno legítimo de Venezuela. Esto es consecuencia directa de la escandalosa decisión tomada por Estados Unidos el año pasado de quebrar la tradición diplomática al reconocer a un gobierno que no tiene control de su territorio y pedir a otros países que sigan su ejemplo.

Las sanciones económicas no solo dañan a la gente en los países sancionados. También aumentan el riesgo de que esos países se conviertan en epicentros regionales de la COVID‑19, con lo que cualquier intento de sus vecinos de detener el avance de la enfermedad será vano. Los esfuerzos de contención deben ser globales, y los países en riesgo deben tener acceso a toda la asistencia internacional necesaria. Las sanciones impuestas por el gobierno de la mayor economía del mundo lo hacen imposible.

Estados Unidos debe suspender de inmediato todas sus sanciones económicas a países que están luchando contra la enfermedad. El Departamento del Tesoro también debe publicar directrices que permitan tratar con funcionarios públicos que hayan sido sancionados a título personal cuando estos actúen en cumplimiento de sus funciones oficiales. Además, Estados Unidos debe dejar de obstaculizar los intentos de los países afectados de obtener financiación multilateral para enfrentar la emergencia.

Las sanciones económicas de Estados Unidos provocaron sufrimiento a millones de personas, y pronto podrían matar a decenas de miles (o muchas más). Agravar el padecimiento de la población civil en un intento de modificar la conducta de su gobierno es inmoral y contrario al derecho internacional. Mantener esta estrategia durante la peor crisis sanitaria que ha enfrentado el mundo en tiempos modernos es una muestra de imprudente desinterés en la vida humana y desprecio de las normas de la conducta civilizada.

© Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y Director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. También es asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

© Project Syndicate 1995–2020.

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