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Domingo

La fiscalización de las personas jurídicas


Sociedad de Plumas

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Demasiado alboroto se ha generado alrededor de la sanción del Presidente de la República al Decreto Ley 04-2020 “Reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales”, la llamada ley de “ONG’s”, acto que está totalmente en ley y que adicionalmente se fundamentó excepcionalmente por el mandatario.

La Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos reconocen el derecho a la libre asociación, garantía por la cual, todos los gobernados nos asociamos en diferentes formas, de acuerdo con la naturaleza y objetivos que tengamos en la vida.

De esa cuenta, elegimos el Colegio al que enviamos a nuestro hijos, siendo la mayoría de Colegios Fundaciones, en el caso de que se pueda, practicamos los deportes que son afines a nuestro desarrollo físico por lo que participamos en Federaciones, Clubes o gimnasios, colaboramos con asociaciones con fines benéficos ya sea de educación, salud o animales en la orfandad; los trabajadores participan en asociaciones sindicales o solidaristas, o en el caso netamente mercantil creamos, con socios afines, nuevos negocios con el fin de desarrollar actividades con ánimo de lucro.

Sin pretender ser exhaustiva la referencia anterior, porque no lo es, prácticamente no hay esfera de la vida del ser humano desde que nace hasta que se muere en la que no esté relacionado con algún tipo de asociación, con o sin ánimo de lucro, ya sea fundación, cooperativa, sociedad anónima u Organización No Gubernamental. Todas las personas jurídicas, independientemente a su forma se rigen por reglas generales, abstractas e impersonales. Esto implica que todas las personas jurídicas como se enseña desde lo más básico de las aulas de derecho, cuentan con derechos, pero también con obligaciones.

Lo anterior nos hace reflexionar en la asimetría que por años ha existido en el país con respecto a la obligatoriedad de rendición de cuentas y fiscalización de las personas jurídicas denominadas Organizaciones No Gubernamentales versus, por ejemplo, las sociedades anónimas. Y es que sin importar el objeto de las primeras, durante años han operado libremente y sin fiscalización alguna.

Lo anterior no juzga sobre la labor y misión que han llevado a cabo en el país, la cual en algunos casos ha sido sobresaliente y muy efectiva. Hay excelentes ejemplos en las áreas de educación y salud. Sin embargo no se puede tampoco negar el daño que hasta ahora ha sido irreversible que ha dejado la operación de muchísimas ONG’s en otros campos.

Y es que en este gran marco de actuación negativa de ONG’s encontramos las que desnaturalizando esta figura han ejecutado obra pública de pésima calidad, generando corrupción, desfalco al Estado y rezago en infraestructura que costará muchísimo revertir.

Encontramos también las flamantes ONG’s que han manejado fondos ilimitados de cooperantes internacionales que han promovido el terrorismo y atacado cualquier iniciativa de desarrollo, las cuales han condenado a comunidades enteras a la miseria, el desempleo y a la llamada espiral de la pobreza extrema.

De igual forma encontramos las que han corrompido el sistema de Justicia a base de comprar la voluntad de los jueces en toda la carrera, desde que son jueces de paz hasta que llegan a la Corte de Constitucionalidad. Esto lo han hecho ofreciendo cursos y maestrías que prácticamente hipotecan la voluntad de los jueces a estas Organizaciones no Gubernamentales, siendo estas mismas las que después promueven casos en contra del desarrollo o la desestabilización del sistema de pesos y contrapesos y que por supuesto ganan con fallos exprés, todos a favor de sus pretensiones y en detrimento del país.

En Guatemala prácticamente todas las formas de organización y las personas individuales estamos obligados a la fiscalización, especialmente en la exhibición de cuentas y estados financieros, lo que permite el cálculo de pago de impuestos. No hay materia financiera que sea oculta para la Superintendencia de Administración Tributaria, así como tampoco se permite la violación del orden público por ninguna persona individual o jurídica.

Entonces ¿cuál es el fin de oponerse al deber universal y obligatorio de transparencia y fiscalización? O peor aún ¿cuál es la necesidad de seguir promoviendo la desestabilización del orden público sin que haya consecuencias? Y por último, ¿cuál es el temor de que se sepa cuánto dinero reciben y en qué lo invierten estas personas jurídicas?

Muy mal se ven las organizaciones no gubernamentales que en tiempos de transparencia internacional y lucha contra la corrupción se opongan a que las fiscalicen. Si la vocación por la que fueron creadas es lo más importante de su “ser” entonces ¿qué problema es un deber formal administrativo? ¿Esto les impide continuar con su labor? No lo creo y no debería serlo.

¡Muy bien por el Congreso y el presidente Giammattei! El primero por atreverse, por encima de los intereses de sus propios miembros, a promulgar esta reforma; y el segundo por sancionarla probando con excelentes argumentos porqué lo estaba haciendo y mejor aún, por demostrar con este acto su compromiso con poner orden en el país, homologar las obligaciones de las personas jurídicas y proteger el orden público.

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