Cuenta uno de los agentes de la División Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), que un pandillero de la M18, apodado el Mica, condenado en Pavón, le encontraron un teléfono con fotos de boletas de Q14 mil recién depositados.

_¿Me vas a consignar?, preguntó.

_Sí, es mi trabajo, respondió el agente.

_“Pues andá a perder tu tiempo, a mí me pela, mirá cuántos años tengo encima”, le dijo.

“Es que ya no les importa, mientras continúen con sus comodidades en prisión”, se lamenta el agente.

La anécdota viene a colación, luego de que una de las primeras acciones del presidente Alejandro Giammattei ha sido la presentación al Legislativo de la Iniciativa 5692, que dispone tipificar  la actividad de las pandillas dentro del delito de terrorismo, por medio de una reforma al Decreto 17-73 del Código Penal.

La Iniciativa 5692 se presentó al Congreso a fines del mes pasado y obtuvo una moción privilegiada para que se conociera dentro de un plazo de 30 días, y no los 45 días hábiles que acostumbra la ley orgánica de dicho organismo.

En este momento se encuentra en un proceso de socialización y estudio por parte de tres comisiones: Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por Óscar Argueta de la UNE; Defensa, a cargo de José Armando Ubico, del partido Todos; y de Gobernación, liderada por Sergio Arana del bloque Vamos.

Con la iniciativa en manos, Argueta ha convocado a los distintos sectores gubernamentales encargados de la seguridad nacional, así como el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), con el fin de estudiar, analizar y dictaminar la viabilidad de esta propuesta.

Hasta el momento, los especialistas convocados en la sala de trabajo de Argueta, concuerdan en la necesidad de plantear soluciones urgentes para este flagelo, sin embargo, el rumbo para hacer cambios comienza por replantear el contenido del texto, desde la parte jurídica y, sobre todo, tomando en cuenta que las soluciones a esta problemática van más allá del hecho de etiquetarlos como terroristas.

Consideran que los escenarios para abordarlo deben partir desde los pilares de: investigación criminal, el proceso penal, sistema penitenciario, así como la labor preventiva hacia la niñez y juventud, la más vulnerable a estos grupos.

Una propuesta antitécnica

El diputado Óscar Argueta comienza por argumentar que el artículo en cuestión contiene errores que van desde la terminología, así como interpretaciones ambiguas. “No se puede interpretar la ley en forma aislada, sino en el contexto de la realidad social y en el contexto jurídico”, expone. Por ejemplo, el uso de la palabra terrorismo (…) se aplica en delitos contra el orden público o el orden institucional, pero no encaja dentro del orden social ni en el marco jurídico, expone. Además, términos como paz social, territorialidad, alta criminalidad o simbología; demandan una definición más precisa, explica. “Tienen que concurrir demasiadas cosas para que encaje dentro del concepto de terrorismo. Está mal redactado”, añade.

En las salas de trabajo, el FOSS está en desacuerdo con que se les llame terroristas a las pandillas, puesto que puede considerarse inconstitucional penalizar por el hecho de pertenecer a un grupo, ya que tiene que existir un delito para ser juzgados.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación, considera que esta es una propuesta antitécnica que no necesariamente responde al objetivo de combatir la criminalidad y las estructuras que se aglutinan alrededor de una pandilla. Indica que en la mayoría de casos en donde estos grupos cometen hechos delictivos, están contempladas en el Código Penal y la Ley Contra la  Delincuencia Organizada.

Las cifras del Sistema Penitenciario dan cuenta que en las cárceles del país se encuentran más de 2 mil 500 mareros presos, con penas que van desde los 50 hasta cerca de los mil años.

En el día a día policial 

Fue hasta la segunda mitad del siglo XX que las noticias sobre pandillas aparecieron en los diarios guatemaltecos en forma esporádica. En 1958, un medio escrito documentó que jóvenes pandilleros lanzaban piedras a casas de vecinos de la zona 11 capitalina, documenta el libro Violento luego existo, sobre pandillas y maras en Guatemala, de Nelly Erandy Reséndiz.

Esta acción casi inofensiva, palidece ante grupos que fueron evolucionando en asentamientos populares hasta lo que hoy son, estructuras organizadas, propietarias de varios negocios, dedicadas a extorsionar al transporte y comercios, en territorios bajo su control.

Desmantelar estas estructuras corresponde a Dipanda, una división de la Policía Nacional Civil (PNC) que trabaja en coordinación con la Fiscalía del Delito de Extorsiones del Ministerio Público (MP). Casi desde sus inicios, en 2009, el subcomisario Custodio Boteo labora en esta unidad. Su experiencia le ha permitido revisar cómo las estrategias para capturar mareros han evolucionado, aunque muchas veces reconoce que se juega al ratón y al gato, con una amplia ventaja de adaptabilidad de los primeros y el desgaste de los segundos, por la falta de condenas y continuación de las extorsiones desde prisión. “Anteriormente se realizaban hasta 200 allanamientos, se capturaba mucha gente, pero no se lograba atacar el problema”, explica.

Uno de estos cambios es la reciente creación de la Unidad de Imitadores en la Fiscalía de Extorsiones. Allí se reciben un promedio de 12 denuncias diarias, pero solo una pertenece a pandilleros, el resto son imitadores, dice Boteo. Esto lo respalda con un estudio de este flagelo de 2019 donde se analizaron los casos de extorsión a nivel nacional. Determinaron que las llamadas de imitadores representaron el 84 por ciento.

“En Dipanda nos interesan los casos de extorsiones de pandillas porque hay riesgo para la víctima. Los imitadores no son competencia nuestra, podemos solucionar los casos, pero no son un riesgo, pero las llamadas siguen saliendo desde la cárcel”, indica Boteo.

En los últimos diez años, Guatemala ha logrado reducir la tasa de homicidios, a pesar de estar catalogada como una región violenta, cifras que contrastan con la realidad de El Salvador y Honduras.

También cuenta que otro fenómeno es el aumento de denuncias falsas por extorsión o asedio de pandillas. Un problema que comenzó con las caravanas de migrantes centroamericanos y donde muchos guatemaltecos llegan a presentar una denuncia, piden una constancia con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos. “Son asesorados por los coyotes, pero nos afecta en la estadística”, indica.

El trabajo de inteligencia

Según datos de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP, en 2019, de un total de 537 víctimas, un 42.31 por ciento (311 casos) fueron atribuidos a pandillas. En enero de 2020, de un total de 47 víctimas, el equivalente al 50 por ciento (25 casos), a los mismos grupos.

Carlos Mendoza, analista de la Asociación Diálogos, se ha dedicado a estudiar la violencia homicida en el país. En este caso, la relación entre la violencia ejercida por pandillas y la cantidad de homicidios anuales registrados por la PNC. Explica que a pesar de la deficiencia en la calidad de los registros al analizar el móvil del crimen, parte de sus conclusiones, basado en evidencia, es que los pandilleros/mareros no son los principales responsables de la violencia homicida en Guatemala. En cambio, hasta un 20 por ciento de los homicidios se atribuyen a venganzas personales.

Menocal asegura que existen métodos probados y que demuestran ser más eficientes que tan solo lanzar el grito con esta etiqueta terrorista. Se ha demostrado con el hecho de que Guatemala ha logrado reducir la tasa de homicidios en los últimos diez años, a pesar de estar catalogada como una región violenta, y flanqueada por una serie de mercados ilícitos que están a la orden del día.

Esto ha sido como resultado de implementar las escuchas telefónicas, una mejor armonización en la investigación estratégica criminal, lo que ha permitido desmantelar estructuras de pandillas. “Efectivamente, las maras mantienen en zozobra a los que viven en los barrios marginales. Se logra solo con sistema de inteligencia, identificación de estructuras, investigación criminal y procesos judiciales”, comenta.

Penales fuera de control

Las cifras del Sistema Penitenciario dan cuenta que en las cárceles del país se encuentran más de 2 mil 500 mareros presos, con penas que van desde los 50 hasta cerca de mil años, refiere el diputado Argueta. Los máximos líderes, llamados La Rueda, como los segundos, “los ranfleros”, la mayoría de ellos están recluidos, pero siguen ejerciendo el control por medio de sus respectivas clicas.

Son grupos que actualmente son propietarias de negocios como panaderías, tortillerías, expendios de gas, tiendas, transporte y otros. Vinculados en ocasiones al crimen organizado, para operaciones de sicariato, narcomenudeo y tráfico de armas.

Para Argueta, el principal problema es que como Estado no nos adaptamos con suficiente celeridad ante este fenómeno. Primero, porque falta más labor de inteligencia, y por el otro, el deficiente sistema penitenciario, donde el pandillero continúa operando.

El subcomisario Boteo observa que la solución para detener las extorsiones desde las cárceles es sencillo: bloquear la señal de los teléfonos celulares. Sugiere que las empresas de telefonía cooperen en dejar de prestar este servicio en dichos sectores. “De lo contrario seguiremos en las mismas”, comenta.

La apuesta de Mendoza reside en retomar préstamos para inversión de nuevos centros penitenciarios y mayor inversión en atender este sector. Otro de los temas olvidados es retomar la ley de Control Telemático, que permitiría reducir la población de reos en el país.

Atender a los jóvenes 

Los expertos coinciden en que uno de los pilares para resolver este flagelo de raíz es la prevención. Mendoza considera que los esfuerzos deben enfocarse en prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas o maras, puesto que la fuerza de las pandillas reside en la cantidad de miembros que son capaces de enrolar. Recomienda, por ejemplo, crear un observatorio para estudiar factores de riesgo que facilitan el ingreso a las pandillas, a la vez de brindar alternativas de educación, recreación y cultura para la niñez y juventud en riesgo.

Marco Castillo, director de Grupo Ceiba, sabe de la importancia de anticiparse a los conflictos con programas sostenibles para estos grupos en riesgo.

Tanto Menocal como Argueta consideran necesario retomar los programas de prevención de violencia como las Escuelas Abiertas, implementados durante el gobierno de la UNE y que se abandonaron durante el gobierno del Partido Patriota.

Pero no todo está perdido. Argueta resalta el trabajo de organizaciones como Tetratech, Fundación Paiz y Grupo Ceiba; que han venido trabajando desde hace muchos años con jóvenes en riesgo de forma efectiva y han aportado sus conocimientos para enriquecer el trabajo de la Comisión de Seguridad Nacional.

Marco Castillo, director de Grupo Ceiba y quien lleva trabajando más de 30 años con jóvenes pandilleros, comenta la importancia de anticiparse a los conflictos con programas sostenibles para estos grupos en riesgo. “Se trata de aportar una esperanza para los muchachos, no importando su condición o formas de vida”. Por eso demanda que las decisiones en este tema sean técnicas y no políticas.

Aportes técnicos e integrales

Estas y otras ideas son parte de lo que se discute en estos días en la Comisión. Mendoza sospecha que hay varios motivos detrás de esta iniciativa. Uno de estos, que el Ejército participe en labores de seguridad, para otorgarles categorías de despliegue territorial, además de que puede utilizarse para reprimir la movilización social.

Menocal argumenta que la persecución penal debe partir de los hechos delictivos, no de las sospechas. En tal sentido, demanda políticas de prevención de violencia y propiciar una cultura de paz, donde el Estado extienda un brazo solidario hacia los jóvenes más vulnerables.

Pero Argueta no quiere pensar mal. Considera que el fenómeno criminal de las maras es de los que más golpean al país. “Los considero de alta peligrosidad y deben ser atacados con toda la fuerza de la ley y el poder coercitivo del Estado, pero dentro de un Estado de Derecho y garantías”, afirma.

De momento, su labor se centra en aportar un análisis técnico al problema, dice. A partir de eso, el criterio de dicha Comisión es dar un dictamen favorable con modificaciones que aborden varias aristas, trabajar la iniciativa en forma integral, para que sea funcional para la fuerza pública y pueda atacarse con todo esta problemática.

La 391 bis

La propuesta busca adicionar el Artículo 391 bis del Código Penal, Decreto 17-73 que dice: Terrorismo con fines de desorden público social. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio y servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a delitos cometidos. (…)