Los bosques representan un valor monetario. Su capacidad natural de capturar dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y el sumarse a programas internacionales de reducción de emisiones por deforestación (ERP), así como mercados voluntarios de carbono, lo posicionan como un sector en crecimiento.

En Guatemala, esta riqueza forestal empieza a generar fondos en el sector privado, y como Estado, hasta el momento, se está a pocos pasos de cerrar una negociación para colocar bonos de carbono, a través de los programas de reducción de emisiones en el mercado internacional. Varios oferentes de proyectos de reducción de emisiones de CO2 por deforestación evitada, en el sector privado y comunitario, como Guatecarbon o Sierra Lacandón en Petén, están trabajando para que este aporte generado al planeta pueda certificarse y ser comercializado con el Fondo de Carbono Forestal.

Todo esto si el cabildeo político encaja con la firma de un contrato de compra-venta con el Banco Mundial (BM), –administrador del Fondo de Carbono–, consistente en la colocación de 10.5 millones de toneladas de CO2 a un precio estimado de US$5 por unidad. El valor equivalente es de US$50 millones para un periodo de cinco años: 2020-2024.

Fue una noticia que se dio a conocer hace varios meses, pero que no llegó a concretarse. “Se introdujo la propuesta en el Presupuesto 2020 –no aprobado–, para que el Congreso diera la autorización al Ministerio de Finanzas para la firma del contrato. No se logró, por eso ahora se traslada de nuevo el proyecto al Legislativo.

“De lograrse su aprobación, quedaría como último paso la firma con el BM el próximo 30 de junio”, explica Rosa María Ortega, directora de Crédito Público del Ministerio de Finanzas y quien lidera la Mesa de Gobernanza Forestal, grupo que aglutina a diez instituciones públicas, privadas y académicas que trabajan en el proyecto. “Nos reunimos dos veces por semana con los integrantes de la mesa y consultores del Banco Mundial para alistar los últimos detalles de los documentos y presentarlos en un par de semanas en el Congreso”, agrega.

 

El proyecto 

Una carta de intención de venta de bonos de carbono (también llamados créditos de carbono) con el BM en 2017, fue el inicio de este esfuerzo conjunto que ha llevado más de dos años de trabajo. Varias instituciones vinculadas al tema, cada una con una rectoría específica, se unieron para trabajar e integrar la Mesa de Gobernanza Forestal, que quedó conformada por: Ministerio de Ambiente, INAB, CONAP, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Finanzas; además asociaciones comunitarias como ACOFOP (proyecto Guatecarbon), Fundación Calmecac, Defensores de la Naturaleza (proyecto Red Lacandón) y en lo académico el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra – GIMBUT.

Uno de los principales atractivos para los donantes del Fondo de Carbono para adquirir estos créditos de Guatemala, fue el antecedente del programa de incentivos forestales PINFOR, el cual en los últimos 20 años ha invertido alrededor de US$350 a US$400 millones. “Preservar esa masa boscosa ha significado un activo forestal importante”, explica Ortega.

Además del PINFOR, el país cuenta con proyectos REDD+ en la Reserva de la Biosfera Maya que ya se encuentran produciendo reducciones de emisiones (créditos de carbono) los cuales se suman al programa nacional, aportando resultados positivos.

De lograrse la aprobación de este programa, los donantes han solicitado que el monto obtenido se traslade en beneficio de las comunidades que trabajan los bosques. En tal sentido, se solicitó un mecanismo de transacción similar al que se maneja con el programa de incentivos forestales, PINFOR.

Carlos Crasborn es líder comunitario de cooperativa Carmelita. Pertenece a la tercera generación de pobladores de esta comunidad que tiene más de 120 años de existencia en Petén. Sus pobladores se han dedicado a cuidar los bosques y vivir de una comercialización controlada de estos. Manifiesta que de lograrse este beneficio, se van a fortalecer las actividades productivas comunitarias, lo que permitirá fortalecer programas sociales, de comunicación, infraestructura, pero sobre todo, el control y vigilancia de los bosques. “Es nuestra oportunidad de tener ingresos para dinamizar nuestra economía”, afirma.

Un modelo a explorar

Los esfuerzos por mitigar los impactos del cambio climático en el mundo se remontan a hace más de dos décadas, cuando se celebró el Protocolo de Kyoto en 1997 y se estableció una normativa para comprometer a los países industrializados en la reducción de CO2.

En Latinoamérica, esta iniciativa tomó forma en el 2005 cuando en el marco de la 11a. Conferencia de las Partes (COP-11) en Montreal, Canadá, las delegaciones de Papúa Nueva Guinea y Costa Rica plantearon la necesidad de crear un mecanismo para la Reducción de Emisiones por Deforestación (RED) para los países en vías de desarrollo.

“Guatemala comienza en el 2006 a explorar el modelo forestal de mercados de bonos de carbono, el cual se ha ido perfeccionando con los años”, explica Mariano Martínez, especialista en cambio climático en CONAP.

Las concesiones forestales, asentadas en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), eran el terreno ideal para sumarse a esta atractiva propuesta de obtener ingresos por la venta de unidades de carbono. Así surge el proyecto Guatecarbon que integra el primer esfuerzo conjunto entre ACOFOP, que reúne a las nueve concesiones comunitarias de la RBM y CONAP. Entre el 2014 y 2016 se logran las validaciones internacionales para vender unidades verificadas de carbono (bonos, créditos) en el mercado internacional, informa Sergio Guzmán, gerente de proyecto de Guatecarbon.

“Hasta el momento el proyecto cuenta con 1.2 millones de créditos de CO2 bajo los estándares voluntarios de carbono forestal (VCS y CCB) listos para su comercialización”, expone.

Al respecto, Omar Samayoa, especialista en cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refiere que para el país este es un mercado incipiente. Explica que es un proceso complejo donde generar un bono de carbono requiere un esfuerzo en términos de diseño metodológico que es costoso. En casos como en el sector forestal, se debe cumplir con requerimientos específicos de salvaguardas sociales y ambientales establecidas por la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas –CMCCNU– que pueden hacer complejo la producción de los mismos. “Sin embargo, en el caso de Guatemala por ejemplo, con el apoyo del BID, recientemente accedió a US$28 millones al Fondo de Inversión Forestal para ayudarle a construir su plataforma para reducción de emisiones bajo el mecanismo REDD+, una forma en que los países también se pueden beneficiar”, explica.

Compromiso nacional

Con los años, las metodologías internacionales para calcular las mediciones de CO2 se han ido perfeccionando, y los países se acoplan para cumplir esta normativa. “Esto con el fin de que la contabilidad sea clara y no dimensionar de más la capacidad de este beneficio”, explica Guzmán.

Resultado de esto, se manejan dos opciones en el sistema de comercio de reducciones de emisiones: el mercado regulado y voluntario. El regulado es utilizado por empresas y gobiernos que, por ley, tienen que rendir cuentas de sus emisiones de GEI. Está regulado por regímenes obligatorios de reducción de carbono, ya sean nacionales, regionales o internacionales, como el acuerdo de París. En el mercado voluntario, en cambio, el comercio de créditos se produce cuando las industrias en lo particular, en forma voluntaria, se suman a estos proyectos, de acuerdo con un documento de la FAO.

Una muestra de lo que genera el comercio de reducciones de emisiones en el mundo lo presenta el Status Report 2019 de International Carbon Action Partnership (ICAP), donde a fines de 2018, este sistema recaudó más de US$57 millardos en ingresos por subastas.

En el mercado regulado, la ONU, mediante el acuerdo de París, resuelve que cada país cumpla con sus compromisos para reducir las emisiones. Guatemala, por ejemplo, se comprometió a reducir en un 11.5 por ciento emisiones sobre el año base de 2005. Estos tienen una métrica definida: Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).

Las propuestas de mitigación nacional para cumplir con estos NDC fueron cinco: energía, uso y cambio de la tierra, agricultura, desechos, y procesos industriales. Sin embargo, un estudio reciente muestra que de estas opciones, únicamente tres poseen el potencial para que Guatemala pueda cumplir con sus NDCs: restauración masiva de 1.2 millones de hectáreas; promoción de fuentes de energía eléctrica alternativas; y por último, la implementación de programas nacionales de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+). “De estas tres opciones, se determinó que la opción REDD+ Guatecarbon era la mejor para cumplir con los compromisos de Guatemala en la NDC por su potencial y resultados comprobados”, detalla Guzmán.

El mercado voluntario en Guatemala

En el mercado voluntario existen empresas que a través de la conservación de áreas naturales y fincas han introducido sus proyectos y han sido pioneras en el negocio de reducción de emisiones de CO2. Samayoa señala que no solo está el área forestal, también se pueden considerar otras áreas atractivas como la ganadería sostenible, la eficiencia en el uso de leña o transporte sostenible como el Metroriel. Algunos de ellos son:

> Proyecto para conservación de la Costa del Caribe, Izabal de Fundaeco.

> ECO2 Rubber Forests for life; de Producción, Industrialización, Comercialización y Asesoría de Hule Natural, S.A.

> Pica de Hule Natural, de Corporación de Occidente.

> Sierra de Lacandón con múltiples proponentes (Conap aclara que esta venta se hace en tierras privadas de la reserva).

> Y el más reciente: Tuik Ruch Lew Improved Cookstove Project en Lago Atitlán, Sololá; relacionado con demanda energética, de acuerdo con la página https://www.vcsprojectdatabase.org/

Por su parte, Martínez, técnico de CONAP, resalta que en Guatemala no existe un mercado nacional relacionado con bonos de carbono. Sin embargo, resalta la necesidad de que el ente rector en este tema, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, avance con el reglamento del Decreto 7-2013, ley de cambio climático que en su Artículo 22, dice “emitir la normativa necesaria para la creación y funcionamiento del Registro de Proyectos de Remoción o Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero…”.

De esta forma, la iniciativa privada puede introducirse en el negocio, sin embargo, resalta la importancia de la delimitación de polígonos de las áreas privadas, para que esto no sobrepase los terrenos del Estado y se evite la doble contabilidad de sus ganancias, afirma Martínez.

Por último, Guzmán exhorta a las nuevas autoridades de Gobierno a colaborar para llevar a cabo la firma de este contrato con el BM y la implementación del programa nacional de reducción de emisiones de Guatemala. Por otro lado, señaló la necesidad de definir una normativa para comercializar créditos de carbono en tierras nacionales en el mercado voluntario. “El apoyo para el manejo sostenible de los bosques en Guatemala es vital para continuar en el mercado de créditos de carbono”, indicó.

Qué son los bonos de carbono

Bono de Carbono es un término que se ha utilizado para referirse a una unidad de reducción de emisiones de CO2 equivalente (una Tonelada de CO2 que incluye CO2 y otros gases de efecto de invernadero) que puede ser transada en mercados de carbono. Este concepto ha sido desarrollado como una alternativa para promover la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, en el marco de los esfuerzos de los países para mitigar el cambio climático. Es un mecanismo que todavía se discute bajo la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas -CMCCNU-.

Sin embargo, varias iniciativas en el mundo ensayan el uso de este término a la espera de la decisiones al respecto. Bajo este concepto, un oferente puede reducir una tonelada de CO2, la cual puede vender a un comprador, que de forma voluntaria u obligatoria necesita reducirla, expone el especialista del BID.