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Domingo

Cuatro obstáculos para la reforma del servicio civil


Sociedad de Plumas

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El anuncio del presidente Alejandro Giammattei sobre la realización de un censo para detectar la existencia de plazas fantasma en el Organismo Ejecutivo, reintroduce en la discusión la necesidad de una reforma al servicio civil en todas las instituciones del Estado. En efecto, en un sistema político caracterizado por el clientelismo y el patronazgo, los puestos estatales son distribuidos a partir de consideraciones políticas, dejando en un segundo plano la capacidad y el mérito. Por tal razón, pareciera existir un acuerdo en la sociedad civil sobre la importancia de contar con burócratas eficientes, transparentes, cuyas acciones estén apegadas al principio de legalidad. Desafortunadamente, a pesar del consenso, ha sido prácticamente imposible alcanzar una verdadera reforma al servicio civil en Guatemala. ¿A qué se debe este fracaso? Aquí menciono cuatro obstáculos. 

Un primer reto es la reticencia de la clase política de modificar las leyes relacionadas al servicio civil. Esto es consecuencia de la necesidad de los políticos de contar con la mayor cantidad de plazas para distribuir entre sus familiares, amigos y simpatizantes. Ofrecer empleos en el Estado resulta mucho más efectivo políticamente en una sociedad marcada por la pobreza y el desempleo. En consecuencia, un político cuyo discurso enfatiza un programa basado en ideas y políticas públicas tiende a ser menos atractivo para un segmento deseoso de recibir bienes concretos de sus representantes. 

Una segunda dificultad ha sido el fortalecimiento de los sindicatos públicos. Los miembros de dichas organizaciones tienen la posibilidad de conservar su empleo e incrementar sus beneficios independientemente de quién esté en el poder. Asimismo, la existencia de dichos sindicatos le impide a los funcionarios despedir y contratar nuevo personal según sus necesidades o intereses. En respuesta a esta problemática, cada administración opta por contratar nuevos elementos, lo cual resulta en un incremento exponencial de trabajadores públicos y la duplicidad de las funciones.

En efecto, aunque se lograse aprobar las reformas, un tercer reto se encontraría en los costos de la depuración de la burocracia pública. Estos podrían incluir el pago de indemnización y prestaciones a trabajadores del Estado con años de experiencia en sus respectivas instituciones. Además, otro costo sería la judicialización de los procesos. Por ejemplo, como parte de mi investigación en comportamiento judicial, he encontrado que durante el primer trimestre del 2019, alrededor de un cuarenta por ciento de los casos resueltos por la Corte de Constitucionalidad son del ámbito laboral, muchos de ellos relacionados a reinstalaciones de trabajadores en instituciones públicas. 

Finalmente, un cuarto obstáculo está relacionado con la capacidad de alcanzar consensos de tipo técnico. Es escaso el conocimiento en el país sobre los distintos modelos de servicio civil y existe poco debate sobre cuál sería la opción más recomendable para el caso guatemalteco. Importar experiencias de otros países con mayores niveles de desarrollo podría resultar ineficaz, especialmente en un contexto donde predominan los bajos niveles de educación, desconfianza a las instituciones, y una cultura política basada en el clientelismo personalista.

Ciertamente, la profesionalización del servicio civil no resuelve todos los problemas. Aún en países con un Estado moderno se observa la captura de las burocracias por parte de grupos de interés, así como la existencia de casos de corrupción. Por tal razón la discusión sobre las reformas al servicio civil debe ir acompañada de un acuerdo político sobre los alcances del Estado. ¿En qué ámbitos es legítima la intervención del aparato estatal? ¿Cuáles serán los límites del poder de los burócratas? Sin responder estas preguntas, podríamos contar con un servicio civil altamente profesional pero que no se regirá por los principios que permiten la construcción de sociedades libres y prósperas.

 

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