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Domingo

El Mirador en el centro del debate


La recién presentada iniciativa de Ley S.3131 por senadores estadounidenses para proteger la Cuenca Mirador en Petén es cuestionada desde varios aspectos.

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Sobre la cima de la pirámide prehispánica más alta de Mesoamérica, la Danta, de 72 metros de altura, la mirada del visitante se extiende sobre un espeso manto verde. La selva petenera es un territorio que resguarda uno de los mayores tesoros de la civilización maya, la Cuenca Mirador, situado a su vez en los principales pulmones ecológicos de la región y del mundo, la Reserva de Biosfera Maya (RBM), que representa más de dos tercios de las áreas protegidas del país.

La conservación de este territorio, tanto desde su patrimonio cultural como natural, vuelve a estar en el centro del debate. El mes pasado, tres legisladores introdujeron al Senado estadounidense la iniciativa de Ley S.3131, que contempla dotar de fondos el sistema Cuenca Mirador-Calakmul para un programa de investigación, rescate y preservación. Esto abarcaría no solo el norte del departamento petenero, sino también el sur de Campeche, México.

Una vez aprobada esta iniciativa, dotaría de US$60 millones durante los siguientes cinco años para “fortalecer la gobernabilidad y la aplicación de leyes en Guatemala, que combatan el saqueo de sitios arqueológicos, así como la tala ilegal de bosques, depredación y caza furtiva de animales silvestres en peligro de extinción”, cita el comunicado. A su vez, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se comprometió a aportar un fondo que iguala el monto de esta inversión inicial, lo que significaría una suma de US$120 millones, que estaría destinado para proporcionar la infraestructura necesaria para facilitar la puesta en marcha del programa.

El proyecto Cuenca Mirador ha estado bajo la dirección del arqueólogo estadounidense Richard Hansen desde 1979. En este lapso ha convertido la zona en un foco de atracción turística en crecimiento, a pesar de las dificultades de acceso. Sin embargo, sus iniciativas en los últimos años han generado polémica y muchos detractores. Consideran que Hansen ha ido más allá de su ámbito profesional, al incursionar en ambiciosos proyectos que ha logrado fruto del cabildeo político en Estados Unidos.

Detallamos tres de sus propuestas que se resumen así: la habilitación de un pequeño tren que traslade turistas de la comunidad de Carmelita hacia los sitios de Cuenca Mirador. Segundo, limitar el alcance de las concesiones forestales para productos no maderables. Y por último, modificar el modelo de manejo en un 15 por ciento del área de la RBM, 2,125 kilómetros cuadrados para crear un Parque Nacional o santuario natural silvestre, donde se prohíban caminos, pistas de aterrizaje y acceso vehicular en la zona.

El tren de la discordia

La Cuenca Mirador se ubica entre los límites norte de Guatemala y México. Contempla un área estimada de más de 2.1 mil metros cuadrados de bosque, solo en el territorio nacional, que resguarda un conjunto de hasta nueve ciudades del Preclásico maya. Todas ellas conectadas por una red de súper carreteras, en medio de pantanos y una densa selva en la Reserva de Biosfera Maya.

Llegar al sitio demanda para el visitante estar en buenas condiciones físicas. Sin embargo, la tendencia de visitas se registra al alza cada año. En el 2019 arribaron 3 mil 504 turistas, según el departamento a cargo de protección de este sitio, informa el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH)). Este flujo de turistas de momento no deja dinero al Estado por el ingreso a los sitios arqueológicos, puesto que se carece de un banco cercano donde pueda depositarse el dinero ese mismo día.

La iniciativa de ley estadounidense para la Cuenca Mirador abarcaría territorio del norte de Petén y el sur de México.

Uno de los objetivos de Hansen es convertir el sitio en un atractivo turístico de primer mundo. Con la idea de facilitar el acceso de visitantes, propone construir una línea de tren con redes de goma, que recorra entre 50 a 64 kilómetros –según la ruta– desde la comunidad Carmelita hacia los sitios arqueológicos de El Mirador.

Asegura que se han investigado todas las opciones de transporte: avionetas, carreteras, senderos ecológicos con mulas para transportarse o ciclovías. “La única opción que no tiene desventajas es un tren pequeño con un costo entre US$8 a US$10 millones que es fácil de mantener”, asegura.

De acuerdo con el arqueólogo, este llevaría un turismo controlado, con bajo impacto ambiental y de fácil mantenimiento para las comunidades. No derribaría un solo árbol, además de fortalecer la economía de Carmelita. “Es solo una opción, no voy a ganar un centavo con esto”.

Algunos de sus detractores comentan que el proyecto del tren, estilo IRTRA, no funcionaría debido a que es un terreno selvático y pantanoso y en donde la mitad del año los lodazales atascarían los rieles. Pero Hansen replica que sería construido sobre un sistema elevado de vigas sobre las antiguas calzadas mayas, por lo que no causarían impacto.

Sobre este punto, la normativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), prohíbe explícitamente construir cualquier infraestructura que toque o altere el patrimonio arqueológico.

Benedicto Lucas, exdirector del CONAP, ofrece una postura neutral. Recuerda que el tren es una idea que se ha manejado desde hace varios años. Ciertamente es un proyecto de menor impacto que construir una carretera, y no es del todo descabellado. “El problema es que no tiene estudios de prefactibilidad”, objeta.

Este es el modelo de tren que recorrería entre 50 a 64 kilómetros desde el poblado de Carmelita hacia los sitios arqueológicos. Algunos objetan su viabilidad por ser un territorio selvático y pantanoso. (cortesía > R. Hansen)

En contraste, existen propuestas para crear una red de carreteras que conecten los distintos sitios arqueológicos en la RBM y que sostienen su viabilidad bajo cuatro argumentos: mejora la gobernabilidad al aportar seguridad y presencia del Estado, bienestar a los pobladores, un acertado manejo maderable y es un generador de turismo.

El exfuncionario comenta que de acuerdo con mapas de Wildlife Conservation Society (WCS) se demuestra el daño ambiental que provoca abrir caminos de terracería o de asfalto. “Aceleraron la pérdida de recursos, pues no fueron acompañados de más seguridad que garantizaran la gobernabilidad”. Por otro lado, solo en el norte de Petén se sabe que existen más de 50 puntos ciegos que facilitan el trasiego de madera, tráfico de personas y de drogas por tratarse de una zona desolada, añade.

Hansen da a conocer el avance inminente de la pérdida de bosque en la RBM a manos de las concesiones forestales.

Cambiar la legislación 

Más allá de un polémico tren en esta zona selvática, se habla de un proyecto más ambicioso: crear una categoría legal que denomine la Cuenca Mirador como un Parque Nacional, una especie de santuario silvestre que restrinja los accesos por vía aérea y terrestre a esta zona, así como las actividades humanas.

Parte de la argumentación de Hansen se basa en la pérdida inminente y masiva de la selva de esta zona. “La Cuenca representa el último bosque que les queda en toda Guatemala, el único que no está protegido. La mitad de la RBM está quemada, totalmente destruida”, advierte. De manera que esta categoría de parque permitiría agregar otra capa de protección sobre las leyes existentes, además de involucrar a las comunidades en un modelo económico más productivo, explica.

Sus detractores recuerdan que en 2002 hubo un intento de convertir El Mirador con una categoría especial de Parque y que abarcaría 2 mil 128 km2. Fue el Decreto 129-2002, el cual fue derogado tres años más tarde, al considerarse ilegal. Miembros de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) aseguran que para revertir este proceso se invirtieron más de US$100 mil, lo que representó un desgaste político, económico y legal para derogar esa ley.

“Eduardo González, quien fuera candidato presidencial, derogó el acuerdo, porque quiso el voto de los peteneros”, argumenta Hansen.

Concesiones, con madera o sin madera

Hansen da a conocer al mundo sobre la alarmante pérdida de la selva petenera debido a la constante extracción de madera por parte de las distintas concesiones forestales en la RBM. En su lugar propone que debe replantearse este modelo concesionario, por uno que priorice extracción de xate, pimienta, ramón con un valor agregado y se detenga la extracción de maderas finas.

Considera que este modelo no es sostenible ni favorece la conservación ambiental, además del daño que provoca extraer madera en prácticamente todos los sitios arqueológicos, por lo que propone correr el área de concesión hacia el oeste.

Marvin Bámaca, que laboró en ACOFOP y ahora colabora en cooperativa Carmelita, considera que el modelo forestal es positivo y sostenible. Resultado de ello, más de 500 mil hectáreas de bosque están en manos de las comunidades. Aparte de ello, la extracción de madera representa hasta el 80 por ciento del soporte económico de estas asociaciones”.

Puesto que Hansen ha visto que en Guatemala no puede modificar la Ley de Áreas Protegidas desde el Legislativo… “se va a los Estados Unidos a hablar con los senadores”, dice.

Por su parte, Lucas considera que por gobernabilidad, el modelo forestal debe continuar. Sin embargo, debe evaluarse también sobre bases técnicas y no sociales. Por ejemplo, se está creando un bosque artificial de cedro y caoba que en el largo plazo, daña la biodiversidad y hay una degradación genética de las especies. Otro aspecto es que las concesiones no son autosostenibles, dependen de donaciones y deberían ser fiscalizadas por la Contraloría.

Discutir sobre proyectos

De momento, no se tiene certeza de cuán pronto será aprobada la iniciativa S.3131 en el senado estadounidense. “Hay consideraciones trascendentales en cuanto a la viabilidad de lo planteado, su potencial impacto ecológico, además de su respaldo e impacto social, dudas que deberían provocar una revisión exhaustiva de la legislación borrador, tanto en Guatemala como en los Estados Unidos, opina Roan Balas McNab, Director de WCS en Petén.

El constante saqueo de los sitios arqueológicos también es parte de la problemática de esta zona.

Sobre el impacto social y ambiental de esta propuesta, Balas McNab lamenta la falta de estudios profesionales e imparciales que evalúen la viabilidad técnica-financiera o social de la propuesta. Considera necesario consultar a los actores locales, en particular, a las comunidades que han conservado la selva. “Hablamos de una cirugía a corazón abierto con los ojos cerrados, pero en este caso, sobre el verdadero corazón de la selva maya, el bosque más grande de Mesoamérica. Por ende, nuestro mensaje a Guatemala y a los posibles financistas del proyecto es: ojo, evalúen profundamente la viabilidad de lo propuesto. Guatemala debe evitar que el proyecto avance ciegamente y que ocasione un fracaso enorme”.

Benedicto Lucas coincide en que se discute sobre ideas y chismes, no sobre proyectos. “No debatiría sobre declaraciones si no van respaldadas”, opina. No obstante cuestiona: “Si Hansen quisiera hacerle daño a Guatemala, ya lo hubiera hecho en todo este tiempo”.

El arqueólogo Francisco Estrada-Belli, quien ha sido un fuerte crítico de las propuestas de su colega, opina que para terminar esta pugna y llegar a acuerdos sostenibles, debe ser uno en el cual los arqueólogos se limiten a su trabajo y dejen al Estado guatemalteco y a las organizaciones comunitarias de la RBM proponer y decidir cuál será el mejor futuro para la misma. “Los arqueólogos podemos aportar nuestra perspectiva, pero no imponer nuestra visión”, dice.

En todo momento, Hansen resalta que esto no se trata de un proyecto personal. “Solo estoy dando opciones para que se tomen las decisiones correctas para el bien del país y su conservación. Están condenando uno de los sitios más grandes y antiguos del mundo maya al mismo fin”, resume.

Tesoro milenario

> Los primeros vestigios del sitio El Mirador se fechan en el 1000 a. C., luego el apogeo se ubica entre los años 500 al 300 a. C. hasta su final, en el 150 d. C.

> El sitio El Mirador fue descubierto en 1926 por F. Vans Agnew y Enrique Shufeldt, empresarios de una compañía chiclera. Posteriormente, en 1937 tuvo la visita de Silvanus Morley, y en 1962, del arqueólogo Ian Graham, quien levantó un mapa

arquitectónico del sitio.

> Fue hasta 1979 cuando comenzaron las investigaciones formales del sitio bajo la dirección de Richard Hansen de la Universidad de Idaho.

> Uno de los hallazgos más sorprendentes se refiere al descubrimiento de calzadas mayas que medían entre dos y seis metros de altura, cuarenta metros de ancho y cientos de kilómetros de tramos estratégicamente ubicados. Lo consideran el primer sistema de “súper-carreteras” antiguas del mundo construidas con cemento de cal –entre el 500 al 300 a. C–, que intercomunicaban las más de 620 ciudades del área.

> El presupuesto anual de excavación de Hansen está en el rango de US$1.9 millones anuales, una cifra que no es comparable con los US$200 mil a US$500 mil anuales de la mayoría de proyectos arqueológicos en Petén, de acuerdo con un artículo de la periodista Charlotte Allen, del Washington Examiner.

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