Entre los activos intangibles de un país, con un importante valor, se encuentra la confianza que otorga la sociedad a la economía en la que vive. 

El funcionamiento de una sociedad y su economía se basa en la confianza. Este elemento clave permite que los agentes se relacionen con otros y hagan negocios creando renta y riqueza.

Las relaciones institucionales unidas a la confianza, representan el capital social, principal activo para el desarrollo de un país. 

Desde mediados de los años setenta y comienzos de los noventa, la confianza ha jugado en favor del desarrollo de los países. 

Si nos detenemos a entender las diferencias en la renta por habitante de EE. UU. y el país más pobre del mundo ubicado en África, entendemos el contraste en los niveles de confianza institucional. En Burundi, la ausencia de confianza en las instituciones y normas claras hace que sea un Estado fallido que difícilmente pueden fomentar los negocios y la inversión. 

Durante los últimos 40 años, dos economías han sabido explotar el valor de la confianza y la estabilidad a nivel político e institucional: EE. UU. y Canadá.

Por su parte, países como España, Holanda e Irlanda son países en los que el capital social contribuye más al PIB. Prueba de ello, España presenta niveles de capital social per cápita que alcanzan la media europea, representa medio punto del PIB de la economía española. Esta mejora se apoya en el avance de la renta y la generación de empleo con la consolidación de un Estado de Bienestar, la mejora en los niveles educativos y mayor acceso a crédito bancario.

El clima social es un activo en el que hay que invertir, no solo para mejorarlo y contribuir al crecimiento económico, sino para no perderlo en épocas complejas a nivel político, como es el caso actual de ciertos países latinoamericanos. 

Frente al debilitamiento institucional en Guatemala y la fuerte polarización, la recuperación de la confianza ciudadana debería plantearse como el principal objetivo para los primeros cien días del próximo gobierno. 

La confianza institucional se fundamenta en la aplicación de un marco legal que brinde certeza a las personas desde sus decisiones económicas y financieras, como el resto de ámbitos de su vida personal. 

En este sentido, es importante adecuar el marco jurídico para garantizar esta certidumbre, y más que nuevas leyes, que las existentes se apliquen y cumplan.    

El marco legal y el Estado de Derecho permiten que prevalezca la ley, más allá de principios de buena fe. 

La certidumbre jurídica es el vehículo para la creación de condiciones que posibiliten la actividad económica, fundamental requisito para el crecimiento económico, siendo la principal función de los gobiernos.