El general Leandro Osorio dice que sus problemas comenzaron el 31 de enero de 2014 cuando lo enviaron a allanar un laboratorio de drogas en la pequeña aldea montañosa de Iguala en la occidental provincia de Lempira, en Honduras.

En la neblina de la madrugada, su unidad especial de investigación policial sorprendió a dos colombianos apenas despiertos, los arrestó y confiscó varias armas y 6 mil plantas de marihuana y heroína. Dos meses después, Osorio dijo que se enteró de que los colombianos habían sido liberados después de la intervención de un influyente abogado de la cercana ciudad de Gracias llamado Juan Antonio Tony Hernández, e inmediatamente huyeron del país.

A pesar de trabajar para un pequeño bufete provincial, Hernández no era un abogado cualquiera. También era miembro del Congreso y hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. “Qué casualidad. No sé cómo los sacó, por arte de magia”, dice Osorio, de 55 años.

Hernández es sometido a juicio en la corte federal de Nueva York desde el miércoles acusado de ser un “importante narcotraficante violento” que sobornó a altos funcionarios hondureños para contrabandear con tranquilidad envíos de cocaína de varias toneladas, y presuntamente obtuvo influencia política tras invertir millones de dólares en las campañas electorales de los candidatos gobernantes del Partido Nacional, incluyendo las de su hermano.

Tony Hernández se declaró inocente de los cargos. El presidente Hernández, quien es un coconspirador no acusado en el caso, también ha negado rotundamente cualquier relación con el dinero ilícito procedente de las drogas.

La redada en el laboratorio de drogas de 2014 fue solo uno de los numerosos ejemplos de cómo los políticos hondureños intervinieron en casos criminales relacionados con narcotraficantes desde hace varias décadas, frustrando el trabajo de un honesto equipo de policías, militares y fiscales que arriesgaron sus carreras, y a menudo sus vidas, para combatir el narcotráfico. Como resultado, la corrupción del narcotráfico anduvo rampante durante años y el poder judicial hondureño no pudo procesar ni un solo caso importante de narcotráfico.

En el caso de Tony Hernández, los fiscales estadounidenses dicen que su participación en el narcotráfico comenzó a principios de 2004. Pero nunca enfrentó cargos en Honduras a pesar de la creciente evidencia recopilada por funcionarios hondureños, según múltiples fuentes de las fuerzas del orden hondureñas que hablaron con Noticias Univision.

Al final, la Policía estadounidense se vio obligada a intervenir y hacerse cargo de enjuiciar a los presuntos traficantes, como Tony Hernández, quien finalmente fue arrestado en Miami en noviembre pasado.

Autoridades incineran cocaína incautada en Tegucigalpa, en julio de 2017.

Esfuerzos de EE. UU.

“Este juicio es la culminación de mucho trabajo duro por parte de mucha gente”, dijo el exembajador de Estados Unidos, James Nealon, quien prestó servicios en Honduras desde 2014 a 2017 en un momento en que se estaban acelerando los esfuerzos estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico.

“Se ha hecho el esfuerzo paralelo de intentar fortalecer las instituciones hondureñas para que, en el futuro, los casos de corrupción y narcotráfico puedan llevarse a juicio en Honduras, como hemos comenzado a ver”, añadió, refiriéndose a una gran cantidad de nuevos casos de corrupción que están siendo manejados por fiscales en Honduras, con el respaldo internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En el caso de Osorio, su carrera fue cuesta abajo después de la redada en el laboratorio.

Dos meses más tarde lo sacaron de la unidad de investigación, sin ninguna explicación. “Me pusieron en otra oficina, prácticamente como un adorno, sin una secretaria”, le dijo a Noticias Univision.

Se vio obligado a jubilarse prematuramente el año pasado como parte de una purga y reestructuración de la Policía respaldada por Estados Unidos, a la cual muchos le atribuyen la limpieza de la fuerza, aunque nunca fue acusado de ningún delito. También lo despojaron de su visa estadounidense, lo que indica que los funcionarios estadounidenses ya no confiaban en su honestidad.

Pero mantiene que cualquier mancha en su historial no es nada en comparación con lo que otros a su alrededor estaban haciendo. Al igual que muchos otros funcionarios, dijo que fue víctima de una cultura política que obligaba a los funcionarios a archivar los casos y guardar silencio, o arriesgarse a ser asesinados.

Tasa de homicidios

Los funcionarios estadounidenses comenzaron a darse cuenta de que tenían un gran problema en sus manos cuando la tasa de asesinatos se disparó en Honduras durante la primera administración de Barack Obama (2009-2013).

Para 2011, la tasa de homicidios alcanzó un máximo histórico de 86.5 por cada 100 mil habitantes, lo que convirtió a Honduras en el país más violento del mundo.

En enero de 2012, funcionarios estadounidenses y hondureños, entre ellos Juan Orlando Hernández, quien entonces era presidente del Congreso hondureño, se reunieron discretamente en Miami para elaborar un acuerdo que permitiría, por primera vez, extraditar a ciudadanos hondureños de su propio país a Estados Unidos.

Pocos días después, tras una votación a mano alzada a puerta cerrada, el Congreso hondureño aprobó una reforma al Artículo 102 de la Constitución para permitir la extradición de personas acusadas de narcotráfico, terrorismo u otras formas de crimen organizado.

Funcionarios hondureños niegan haber sido presionados para que accedieran al acuerdo. “No creo que Estados Unidos tenga que presionar mucho a Honduras. Si Estados Unidos le dice a Honduras que quiere que se haga algo, Honduras no tiene mucha alternativa”, dijo Patricio Navia, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, a quien los fiscales listan como testigo experto en el juicio de Nueva York.

“Cuando Estados Unidos les dice a algunos países latinoamericanos que hagan algo, hay algunos que no pueden decir que no y Honduras es uno de esos”.

Acuerdo con la DEA

Después de que entró en vigor el acuerdo de extradición, las ruedas de la justicia finalmente comenzaron a moverse. El 8 de octubre de 2012, Estados Unidos y Honduras firmaron un acuerdo secreto para crear una “Unidad de Investigación Sensible”, o SIU (por sus siglas en inglés) en Honduras.

El programa le permite a la DEA investigar y capacitar personal policial y militar local para su uso en operaciones enfocadas en narcotraficantes y carteles.

Se crearon otras unidades especiales para combatir el secuestro y la extorsión, así como un Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) respaldado por el FBI con una sofisticada tecnología de escuchas electrónicas para escuchar las llamadas telefónicas.

La DEA le atribuye a la SIU haber logrado algunas de sus mayores redadas. En Honduras los resultados fueron de gran alcance.

En septiembre de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones bajo la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (conocida como Ley Kingpin) contra la familia criminal de Los Cachiros, incluyendo a los hermanos Javier Eriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga. Las sanciones provocaron que los hermanos se entregaran a la DEA en enero de 2015.

Posteriormente ese mismo mes, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue capturado por la DEA en Haití y luego extraditado a Estados Unidos para que enfrentara cargos de narcotráfico. Más tarde se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años de prisión.

Luego vinieron más casos. Desde el 2014 a la fecha, 25 hondureños vinculados a la narcoactividad han sido extraditados hacia Estados Unidos y al menos una docena más se entregó por voluntad propia.

A finales del año pasado, la tasa de homicidios había caído a 41.4 por 100 mil habitantes, menos de la mitad de la tasa máxima siete años antes, aunque todavía era una de las tasas más altas del mundo.

Acceso total

El exjefe de la Policía Nacional, el general Juan Carlos El Tigre Bonilla, dijo que la DEA tuvo acceso a los archivos policiales y de inteligencia de Honduras, incluyendo todos los informes ignorados sobre presuntos traficantes y sus amigos políticos.

Todo eso tuvo una conclusión de gran alcance en octubre de 2016 cuando funcionarios estadounidenses le informaron al presidente Hernández que su hermano era objeto de una investigación de la DEA. Unos días después, Tony Hernández voló a Miami para reunirse con funcionarios de la DEA como parte de una entrevista voluntaria. Más tarde se reveló que durante la entrevista, Hernández negó haber conocido a la familia de Los Cachiros, a pesar de que se le mostró en video la prueba de un encuentro.

Durante dos años, Hernández permaneció en libertad en Honduras. Sin embargo, su hermano diseñó una reforma constitucional para postularse exitosamente a la reelección. Quizás envalentonado por la supremacía política de su hermano, y aparentemente ajeno a su claro riesgo legal, Tony Hernández regresó a Miami en noviembre de 2018.

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