En el 2013 escribí un artículo titulado “Partidos Franquicia, la distorsión del modelo de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. En ese análisis argumenté que la presencia de los partidos en el territorio era producto de una negociación entre los miembros de los comités nacionales y líderes locales. Los primeros deseaban reducir los costos de organización, mientras que los segundos buscaban obtener un vehículo

electoral para participar en las elecciones. Aunque el ensayo tenía un enfoque predominantemente empírico, había una posición normativa implícita: el control centralizado de las organizaciones políticas era antidemocrático y por lo tanto debía atacarse. A partir de entonces, he abogado por la reducción de las barreras de entrada para la participación de los ciudadanos, lo cual implica reducir requisitos de afiliación, eliminar requisitos de organización territorial, para así incrementar la competencia y la oferta política. 

Sin embargo, durante los últimos seis años también he podido observar una tendencia, la cual podría haberse consolidado luego del proceso electoral 2019: el predominio de los intereses distritales por encima de los nacionales. Luego del debilitamiento de organizaciones con presencia nacional como la Democracia Cristiana de los ochenta, el Partido de Avanzada Nacional de los noventa, y el Frente Republicano Guatemalteco en los 2000, los partidos políticos en el nivel nacional se han debilitado al punto que no poseen organización ni recursos propios, dependiendo cada vez más de los recursos humanos y financieros aportados por los actores locales. En los últimos años, los partidos se han limitado a “fichar” los mejores cuadros políticos de cara a las elecciones, comportándose como equipos deportivos al inicio de una temporada. Como resultado, las organizaciones nacionales han perdido sustento y capacidad de coordinar a sus miembros. 

En el último proceso electoral se pudo observar la incapacidad de los partidos para articular verdaderas plataformas nacionales. Por ejemplo, el partido más exitoso en elecciones legislativas y municipales, la Unidad Nacional de la Esperanza, tuvo un pobre desempeño en las áreas urbanas, especialmente la ciudad de Guatemala. Esto lo convierte en un partido con una importante presencia nacional pero orientado al segmento rural. Por otro lado, se observó el surgimiento en zonas urbanas del Movimiento Semilla, ganador de las elecciones legislativas en la ciudad de Guatemala. A estos se suman otros como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, cuyo nicho se ubicó en zonas del occidente y centro del país. Finalmente, el partido Vamos, ganador en la segunda vuelta, se vio beneficiado por el antivoto de Sandra Torres especialmente en el departamento de Guatemala. Es decir, al día de hoy, con excepción de la UNE en la mayor parte del país, no existe un partido en Guatemala con una fuerte orientación nacional. 

Desde una visión liberal, esto podría interpretarse de dos maneras. Por un lado, se podría aplaudir el hecho que ningún partido tiene el control absoluto del territorio. Al observar la conformación del Congreso se observa un alto grado de fragmentación, lo cual podría contribuir a la existencia de controles entre poderes. Además, el predominio de intereses distritales podría estar en línea con el principio liberal que busca la descentralización del Estado y el involucramiento de las comunidades locales en su autogobierno.

Sin embargo, la ultradistritalización de los partidos políticos, y por ende de la política en Guatemala, podría ser resultado de algunas tendencias poco alentadoras. Por ejemplo, el debilitamiento de las plataformas nacionales podría contribuir a la “balcanización” del territorio. Los partidos podrían alcanzar acuerdos tácitos de repartición, lo cual les permitiría a todos alcanzar una cuota del poder, pero sin existir una verdadera competencia. Como resultado, habría fragmentación en lo nacional, pero monopolio en lo local. 

Asimismo, la ultradistritalización de la política podría alentar el fortalecimiento de estructuras del narcotráfico y de caudillos departamentales o municipales, cuyos intereses están más enfocados en controlar instituciones locales, mejorar sus negocios personales, y no en la discusión política a nivel nacional. En ese sentido, el poder local que hoy predomina en Guatemala no necesariamente persigue principios liberales, sino responde más a una noción autoritaria, depredadora, y sobre todo violenta, del poder. Los últimos acontecimientos en el departamento de Izabal podrían confirmar esta hipótesis. 

Sin duda alguna, estas reflexiones no tienen como objetivo proponer una receta para solucionar esta problemática. En efecto, la Ley Electoral, al impulsar la construcción de partidos nacionales por la vía de los requisitos, no logró su propósito. Además, los partidos que han logrado presencia en todo el territorio no se han caracterizado por perseguir principios liberales sino que han buscado incrementar el tamaño del Estado en áreas fuera de sus atribuciones clásicas: la seguridad y la justicia. Sin embargo, el objetivo de este texto es poner en la discusión algunas consideraciones sobre la naturaleza del poder local en Guatemala. No todo el poder local persigue fines liberales, ni todo orden espontáneo resulta en el respeto de los derechos individuales (ejemplo: el pluralismo jurídico propuesto en el 2016). Sin duda alguna, el surgimiento de un partido con presencia nacional, basado en principios liberales es de urgencia.