En el 2013 escribí un artículo titulado “Partidos Franquicia, la distorsión del modelo de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”. En ese análisis argumenté que la presencia de los partidos en el territorio era producto de una negociación entre los miembros de los comités nacionales y líderes locales. Los primeros deseaban reducir los costos de organización, mientras que los segundos buscaban obtener un vehículo electoral para participar en las elecciones. Aunque el ensayo tenía un enfoque predominantemente empírico, había una posición normativa implícita: el control centralizado de las organizaciones políticas era antidemocrático y por lo tanto debía atacarse. A partir de entonces, he abogado por la reducción de las barreras de entrada para la participación de los ciudadanos, lo cual implica reducir requisitos de afiliación, eliminar requisitos de organización territorial, para así incrementar la competencia y la oferta política.  Sin embargo, durante los últimos seis años también