En uno de los rincones más alejados del país se encuentra la aldea La Barrona, en el municipio de Moyuta, Jutiapa, muy cercano a la frontera con El Salvador. Un rincón privilegiado de la Costa Sur con playas planas y suave oleaje marino. A pocos metros de la playa, las ramas delgadas y curvas de los manglares y el crujir de sus troncos secos terminan por enmarcar un paisaje natural de una zona privilegiada para el desarrollo turístico, pero carente de infraestructura.  

Para llegar se recorre una deteriorada CA-2 hasta ciudad Pedro de Alvarado. A partir de allí se comienzan a descender más de 22 kilómetros por un camino en su mayoría de terracería y piedras. Se atraviesa un improvisado puente de tablas, mientras da inicio a un par de metros la construcción de un puente formal que se espera esté listo para el verano. Cuentan sus habitantes que durante ocho años han permanecido incomunicados durante el invierno, debido a la falta de una estructura que atraviesa el río Paz. De manera que en verano lidian con un río seco y azolvado, y en invierno sufren las inundaciones de este.

Alrededor de cien familias residentes en La Barrona y demás comunidades vecinas han vivido de la pesca que les proporciona el río y el hábitat del mangle, un ecosistema que escasea en esa zona, debido a las constantes amenazas que enfrenta como la tala ilegal por el cambio de uso del suelo. En ese sector, en específico, por el avance de tierras para ganadería y el uso de leña para consumo.

Los habitantes de La Barrona, en Jutiapa, han visto mermados sus ingresos en la pesca a causa del azolvamiento del río Paz y la depredación de los manglares.

Los manglares forman parte de un ecosistema mayor, los humedales, los cuales se identifican por ser terrenos de transición entre sistemas acuáticos y terrestres, en zonas donde se mezcla el agua dulce y salada. En Guatemala, se carece de estimaciones recientes sobre la cobertura de mangle en las zonas marino costeras, y cuánto ha avanzado la pérdida o recuperación de este.

La medición más reciente sobre la cobertura forestal de la zona costero-terrestre (calculado en base al mapa de cobertura forestal de Guatemala 2010) indica que en total persisten 38 mil 511 hectáreas de bosque, de las cuales 17 mil 196 hectáreas se encuentran en el Pacífico y 21 mil 315 hectáreas en el Atlántico. Este bosque incluye mangle, bosque seco y latifoliar, de acuerdo al Perfil Ambiental 2019, por publicarse, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la  Universidad Rafael Landívar.

Josué Enríquez, técnico marino costero del Instituto Nacional de Bosques (Inab), afirma que en los últimos años, algunas áreas de bosque manglar se han recuperado, pero no en la misma calidad, debido al abandono de algunas industrias salineras y camaroneras.  

En el afán de proteger esta variedad de hábitat, el pasado 9 de enero, el Ministerio de Ganadería y Alimentación (MAGA) publicó el Acuerdo 8-2019, Reglamento para el manejo sostenible del recurso forestal del ecosistema manglar. Este propone planes de manejo para su salvamento, protección, aprovechamiento y restauración, incentivos forestales, control y vigilancia. Parte de las regulaciones toman en cuenta el consumo familiar y la prohibición en el cambio de uso del suelo.

El abandono de La Barrona

Los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de La Barrona se encuentran molestos debido a falsas acusaciones, donde se les señala de ser los autores de la tala ilegal de mangle. Refutan que al contrario, el corte es responsabilidad de los ganaderos, en especial de Pablo Aguirre, quien botó unas 30 manzanas de mangle de un terreno otorgado por la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET) el año pasado. “Responsabilizo a OCRET por otorgar contratos de 10, 20 o 30 años en áreas de mangle y no supervisar que no sean destruidas”, indica Freddy Méndez. “No solo él, son muchos más”, aclara.

A esto se suma el río Paz que cada año está más seco, lo cual dificulta la pesca, su medio de vida. “No se compara lo que ganábamos antes”, refiere Leonel Hernández, presidente del Cocode. Encontrábamos especies como pargo, róbalo, camarón de río. Hace unos 20 años se podía ganar hasta Q400 la semana, ahora cuesta ajustar los Q150 por una libra de camarón, dice.

Para ellos lo más frustrante es la ausencia de las instituciones del Estado, ante un escenario que empeora cada año. Como una medida desesperada por detener la tala ilegal, el año pasado, los vecinos optaron por cercar con alambre algunas áreas de mangle para evitar su depredación. Incluso, señalan que el anterior presidente del Cocode, Jorge Ramos, murió recientemente a causa de “un disgusto” con las autoridades del Ministerio Público.

Sin embargo, los vecinos de La Barrona y siete comunidades más ubicadas a lo largo de ocho kilómetros de la zona costera, se han opuesto a declarar esta zona como área protegida, en parte por desconfianza. Al cuestionárseles sobre esta decisión, manifestaron que no tienen certeza si esta situación los beneficiaría, o los dañaría aún más.  

Pobladores de La Barrona, se quejan de la ausencia del Estado frente a la tala ilegal de mangle en la zona.

El mes pasado, el MAGA publicó el acuerdo 8-2019 un reglamento para el manejo sostenible del ecosistema manglar, con el cual proponen planes de manejo para su salvamento, protección y aprovechamiento.

Consideran que estarían dispuestos a evaluarlo si se abre una mesa de diálogo entre comunidad, municipalidad  e instituciones de gobierno. “En lo personal, estaría de acuerdo en que sea un área protegida, pero que se tomen en cuenta todas las áreas deforestadas de mangle que están en propiedad de los ganaderos y se reforesten”, señala Méndez con aplomo.

Áreas protegidas no son solución

Josué Enríquez, técnico del Inab, indica que la falta de caudal en el río Paz se debe al azolvamiento. Esto provoca alteraciones en los periodos hídricos, lo que a su vez provoca la degradación del bosque manglar. De manera que la tarea periódica de limpieza y mantenimiento del cauce por acumulación de arena y sedimentos, debería ser del Ministerio de Comunicaciones.

En cuanto a la tala ilegal del mangle, puntualiza que también los comunitarios son responsables, puesto que la utilizan para leña y en las construcciones. Reconoce que OCRET ha tenido administraciones con un alto nivel de corrupción donde arrendaban la tierra sin hacer las consultas necesarias con el Inab, pero asegura que ahora esto ha cambiado.  

Enríquez no considera que la declaratoria de la zona como área protegida sea la solución para resolver los problemas ambientales del país. Considera que Conap no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para administrar el manejo de la zona, y darlo en concesión para una oenegé es algo complejo. “Cuando se prohíbe el uso de recursos, provocamos que la población llegue a la ilegalidad. La solución reside en planes de manejo forestal sostenible a mediano y largo plazo”, comenta. Tiene esperanza que el nuevo reglamento contribuya a desarrollar planes de protección de esta especie costera.  

Más afectados

Esta realidad no es ajena para otras regiones de la Costa Sur, en donde la lucha de las comunidades se centra por la deforestación de este ecosistema y el avance de la agroindustria, las salineras o camaroneras. Yovani Alvarado, director de Asociación de Forestería Comunitaria Utz Che’, que aglutina a 34 organizaciones de este tipo, refiere que desde hace décadas las comunidades de Champerico, Retalhuleu, dedicadas a la pesca y de Nueva Concepción, Escuintla, han padecido la pérdida del bosque manglar debido a la tala y sustitución por monocultivos como la caña de azúcar, palma africana, banano, entre otros, que cada vez expanden más su área de producción.

Por otro lado, el requerimiento de grandes cantidades de agua para el riego de estos monocultivos, ha provocado el desvío de ríos como Madre Vieja, que atraviesan estas comunidades, sumado a la contaminación con pesticidas.

“El caudal del río Madre Vieja durante la época de sequía se reduce en un 80 por ciento desde la parte alta de la cuenca hasta la desembocadura, mientras durante la época de lluvia el caudal aumenta. Esto es una clara demostración que la reducción del caudal se debe a  las captaciones de la agroindustria”, indica Alvarado.

La escasez de agua que afecta a estas comunidades, ha golpeado la economía de las familias que se dedican a la pesca artesanal, y afectado su salud por la calidad del agua, agregó.  

Con mucho sentido común, Freddy Méndez, vecino de La Barrona, considerara viable sentarse a negociar en conjunto entre comunidades, autoridades y municipalidades para encontrar salidas con el fin de proteger el preciado árbol costero, pero sin que deje de ser un medio de subsistencia que contribuya en su precaria economía familiar. Esperan que parte de la solución sea el nuevo reglamento que permita un manejo sostenible y armónico de este recurso.

Áreas protegidas

Humedales de importancia internacional en Guatemala, según Convención Ramsar
> Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.
> Manchón Huamuchal, Ocós, San Marcos.
> Refugio Bocas del Polochic, El Estor, Izabal.
> Refugio Punta de Manabique, Puerto Barrios, Izabal.
> Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, Flores y Melchor de Mencos, Petén.
> Parque Nacional Laguna Lachuá, Cobán, Alta Verapaz.
> Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Livingston, Izabal.
> Área total: 608 mil 323.71 hectáreas, 5.77 por ciento del territorio nacional.
Fuente: Conap.