Las elecciones marcan la forma en que una sociedad es capaz de resolver sus conflictos, esas diferencias que atraviesan las costuras de cualquier país.

El 18 de enero, el TSE, Tribunal Supremo Electoral, convocó a elecciones generales. De aquí en adelante, en los meses que restan para llegar al 14 de enero de 2020, el tiempo se irá definiendo por fases: 1) preparación; 2) primera campaña; 3) día de la elección; 4) segunda campaña; 5) día de la elección (segunda vuelta); y, 6) transición.

Ahora nos encontramos en la primera fase, que concluirá el 17 de marzo. Esta está definida por la preparación de los candidatos y sus estructuras electorales; perfilar las ideas, condensadas en el programa y expuestas en la propaganda, los debates; y, la recolección de fondos. Los actos formales de esta fase consisten en la celebración de las asambleas de los partidos, donde los candidatos son proclamados, para luego ser inscritos. Pero esta fase –como ya empezamos a ver– estará marcada por importantes batallas legales en varios frentes.

Uno de estos frentes estará protagonizado por los diputados que cambiaron de partido, y que –a pesar de la prohibición que se halla en la Ley Electoral– intentarán ser inscritos como candidatos por otras fuerzas políticas. Esta será una larga batalla que terminará dirimiéndose en la Corte de Constitucionalidad.

Otro frente de batalla –el más importante– consistirá en la inscripción de las tres candidatas que –hasta ahora– puntean en las encuestas (al análisis de las encuestas lo haré próximamente).

Zury Ríos tiene un claro impedimento para ser inscrita como candidata a la presidencia: es hija de un exjefe de Estado que encabezó un golpe de Estado, lo que contraviene el Artículo 186 de la Constitución. Tanto el Registro de Ciudadanos (28 de enero), como el Tribunal Supremo Electoral (el 2 de febrero), han rechazado su inscripción. Desde el 6 de febrero el caso se halla en la Corte Suprema de Justicia. Independientemente de la decisión que de dicho órgano derive, la suerte de la precandidata llegará a la Corte de Constitucionalidad, donde se dirimirá –en última instancia– esta candidatura.

En contra de Sandra Torres el Ministerio Público presentó –el 6 de febrero– un proceso judicial en su contra por financiamiento electoral no reportado y asociación ilícita. Dado que Torres contaba ya con su inscripción como candidata, lo que le otorga inmunidad, el trámite de antejuicio está en manos del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte debe decidir si nombra juez pesquisidor, quien debería preparar un expediente, que regresaría al pleno de magistrados de la Corte, donde se definiría la suerte de la candidata. Más allá de esta instancia, el Ministerio Público podría ir hasta la Corte de Constitucionalidad para apelar la decisión de la Corte.

El caso contra la candidata ejemplifica –de forma paradigmática– la manera como las maquinarias electorales recaudan fondos, que no reportan porque –para ser competitivos en la contienda electoral– deben gastar más de lo que se ha establecido en los topes que la ley determina. En la elección de 2015, con el propósito de llenar las cuentas, el partido nominó a Mario Leal como candidato a vicepresidente. Como secretario de Asuntos Específicos, Leal venía de ser parte del círculo cercano del expresidente Pérez Molina. Se integraba a la UNE para seguir haciendo, desde la presidencia, lo que hizo con Pérez Molina: negocios al amparo del Estado.

Con la respuesta de Torres a las acusaciones del Ministerio Público, la UNE perdió la posibilidad de mantenerse por encima del dilema CICIG vs. anti-CICIG; adoptó el mismo discurso de las mafias. El caso contra Torres, visto de forma realista, daba para una tormenta en un vaso de agua; pero ese barco llamado UNE tiene al timón a una mujer demasiado insegura que, muy a pesar de las décadas que lleva en política, nunca llegó a adquirir ese oficio que permite saber navegar en aguas peligrosas.

Thelma Aldana cuenta con un finiquito, la constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas a exfuncionarios, con la que se acredita que se hallan libres de tachas en el manejo de fondos públicos. Pero sobre ella pesan varios procesos judiciales, acciones emprendidas por las mafias, en venganza por su gestión al frente del Ministerio Público. A ello se vendrán a sumar, ahora, la UNE, dispuesta a emplear todos los recursos de poder para descarrilar la candidatura de Aldana.

Es probable que estas batallas en los tribunales se extiendan más allá del 18 de marzo, que es cuando arranca el segundo momento de la carrera electoral: la campaña. En una campaña que tiene una duración de 12 semanas, si esto no se sabe manejar puede provocar un desgaste. En su conjunto, estos procesos judiciales pondrán a prueba a las instituciones. Los ojos están sobre la Corte Suprema de Justicia que, en un tiempo corto, tendrá en sus manos la carrera electoral de dos candidatas a la presidencia.

Los trece magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia deben tomar decisiones ahora, en febrero y marzo; pero ellos –he allí el grave dilema en que ahora nos hayamos– están pensando en el proceso de elecciones para renovar la Corte y las Cortes de Apelaciones, que tendrá lugar en septiembre. Quieren reelegirse y reelegir a los suyos, tan corruptos como ellos.

El Congreso convocará –en junio próximo– a la integración de la Comisión de Postulación y al final, el pleno decidirá los 13 nombres de la nómina de 26 que recibirá de la Comisión de Postulación. Para esta elección se requiere mayoría simple y sabemos que, ahora, esa mayoría está en manos del Pacto de Corruptos, la suma de los votos de varios bloques parlamentarios (FCN, Todos, MR, AC, UCN, PAN, Viva y uno que otro de los “independientes”).

En el proceso de elección de las cortes está en juego repetir –como en 2014, cuando Roxana Baldetti y Manuel Baldizón se repartieron los 13 puestos– tener una Corte a favor de la corrupción y la impunidad. Comparando 2014 con 2019 uno termina confirmando lo poco que hemos avanzado, una especie de pesadilla, caminar en un pantano de corrupción e impunidad.

A este escenario se suma –por si lo anterior fuera poco– los diputados tránsfugas, quienes, a falta de reelección buscarán negociar su voto para la elección de las cortes a cambio de asegurarse impunidad.

Pero lo que los jueces quizá no se han dado cuenta es que para cuando la elección para las cortes ocurra, hacia septiembre u octubre de este año, ya se sabrá quién será la próxima presidenta de Guatemala; y ello afectará el balance de lealtades en el Congreso, por lo que probablemente, decidiendo en febrero y marzo, pero pensando en su reelección, están apostando a caballos perdedores.